Numerosos medios de comunicación de China continental recientemente reimprimieron un artículo sobre «32 tipos de peticiones ilegales», los cuales se encuentran enumerados en la Opinión orientadora para los órganos de seguridad pública sobre la ley aplicable en el manejo de casos de conducta Ilegal al momento de presentar una petición.
El documento había sido publicado por primera vez por el Ministerio de Seguridad Pública en julio de 2008 y posteriormente fue revisado en el año 2013. El interés en dicha ley se debió a un fuerte aumento de nuevas peticiones desde que las oficinas de la Agencia de Cartas y Llamadas reanudaran su labor tras el levantamiento del cierre de emergencia a causa del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus.
Según la ley, los peticionarios pueden ser acusados de «reunirse para perturbar el orden social» o «generar peleas y provocar problemas» por colocar coronas y retratos de los fallecidos en las oficinas de la Agencia de Cartas y Llamadas o por incitar a celebrar una «reunión ilegal».
También se prevén fuertes castigos por efectuar sentadas, publicar y distribuir materiales, gritar consignas, levantar pancartas o compartir quejas por escrito en instituciones estatales y espacios públicos, así como también por bloquear el tráfico. Las personas pueden ser responsabilizadas penalmente por automutilarse o por intentar suicidarse saltando de un edificio o de un puente.
Quienes posean antecedentes penales por haber presentado una petición no podrán desempeñarse como funcionarios públicos, maestros, guías turísticos, contadores, directores de empresas y más de 40 otras profesiones. Los hijos y los familiares directos de los peticionarios condenados no pasarán sus «revisiones políticas» para poder convertirse en funcionarios públicos o unirse al Partido Comunista Chino o al ejército.
En China, esta y otras leyes destinadas al llamado mantenimiento de la estabilidad social, han hecho que innumerables defensores de los derechos humanos paguen un alto precio.
El 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Popular de Zhangjiakou, una ciudad a nivel de prefectura de la provincia norteña de Hebei, se pronunció sobre un caso de petición, sentenciando a los seis peticionarios a más de diez años de prisión. Una mujer de 71 años recibió la sentencia más extensa: 14 años y medio.
Residentes de la aldea de Dongyaozi de Zhangjiakou explicaron que debido a que el Gobierno local había confiscado aproximadamente 70 acres de tierra hacía 14 años, siete residentes de edad avanzada habían comenzado a presentar peticiones ante las autoridades superiores en nombre de todos los aldeanos para poder obtener compensaciones. Uno de ellos, una mujer de 68 años, fue golpeada por la policía y murió de un ataque al corazón.
A fin de detener las peticiones, el régimen prometió entregarles a los aldeanos 1,970,000 yuanes (aproximadamente 278,000 dólares) y dejar de tomar represalias contra ellos. No obstante, el acuerdo firmado se convirtió en una prueba para poder acusarlos de «extorsión y chantaje».
En un caso perteneciente a la aldea de Ankang en Donggang, una ciudad a nivel de condado de la provincia nororiental de Liaoning, una pareja de aldeanos había estado presentando peticiones ante el régimen durante años debido a que funcionarios de la aldea habían alquilado bancos de arena locales y se habían quedado con el dinero de la renta. La batalla terminó en un desastre para la pareja que representaba a la aldea: la mujer fue sentenciada a 11 años de prisión en el año 2016, mientras que su esposo murió en un sospechoso accidente automovilístico.
«El Gobierno fabricó evidencia que afirmaba que la pareja había pedido prestados más de 500,000 yuanes (aproximadamente 70,000 dólares) al comité de la aldea para poder acusarlos de extorsión y chantaje», le dijo un aldeano a Bitter Winter. “El alquiler es de 100 millones de yuanes (aproximadamente 14 millones de dólares), pero los aldeanos no han recibido ni un centavo y todos han sido incluidos en una lista negra. Si algunos de ellos viajan juntos, serán investigados. ¿Quién es el que está extorsionando y chantajeando?
El 7 de abril de 2011, residentes de la aldea de Tangjian, administrada por la ciudad de Xinzhou en la provincia norteña de Shanxi, presentaron una petición colectiva porque el Gobierno local se había apropiado de la mitad de su compensación. No obstante, en lugar de recuperar su dinero, los ocho principales organizadores fueron sentenciados a penas de dos a cinco años de prisión por «reunir a una multitud para alterar el orden del tráfico».
El incidente fue organizado por funcionarios gubernamentales y oficiales de policía, quienes interceptaron a los peticionarios de camino a una institución estatal y causaron un atasco de tráfico.
Una pareja procedente de Shanxi había peticionado en vano durante años para obtener una reparación por daños para su hijo, quien había sido mutilado por su maestro. No solo no obtuvieron justicia, sino que fueron brutalmente interceptados durante uno de sus viajes de petición y sentenciados a prisión en el año 2017 bajo el cargo de «generar peleas y provocar problemas» por haber peticionado «anormalmente» en aproximadamente mil oportunidades.
Este artículo fue publicado originalmente en Bitter Winter, una publicación sobre libertad religiosa y derechos humanos en China.
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