El proyecto de ley del Senado presentado con la intención de prohibir TikTok por motivos de seguridad podría infringir las libertades de los ciudadanos estadounidenses, según un proveedor de tecnología de la comunicación y expertos.
Hay intentos de regular las herramientas de comunicación debido a las amenazas que plantean las tecnologías conectadas a adversarios extranjeros, como TikTok, de propiedad china, una popular aplicación para compartir videos con 150 millones de usuarios en Estados Unidos.
Un proyecto de ley bipartidista, denominado Ley RESTRICT, faculta al secretario de comercio para revisar los productos y servicios de tecnología de comunicación vinculados al extranjero, como aplicaciones de redes sociales, y tomar las medidas necesarias si esas tecnologías representan algún riesgo para los “estados de EE.UU., la seguridad nacional o la seguridad de las personas estadounidenses”.
La legislación, patrocinada por el senador Mark Warner (D-Va.) y el senador John Thune (R-S.D.), no menciona a TikTok por su nombre, pero tiene como objetivo la aplicación, dijeron los patrocinadores.
“La Ley RESTRICT aborda de manera integral la amenaza continua que representa la tecnología de los adversarios extranjeros al empoderar mejor al Departamento de Comercio para revisar, prevenir y mitigar las transacciones de TIC (información, comunicaciones y tecnología) que representan un riesgo indebido”, dijeron Warner y Thune en un comunicado.
Los desafíos que aborda la legislación también incluyen aplicaciones de proveedores en China, como WeChat y Alipay de Alibaba, según el comunicado. Los legisladores señalaron la falta de políticas coherentes para identificar las amenazas que plantean los productos de comunicación extranjeros y los poderes insuficientes para abordar esas amenazas, según el comunicado.
“El Congreso debe dejar de adoptar un enfoque fragmentario cuando se trata de tecnología de naciones adversarias que representan riesgos para la seguridad nacional”, dijo Thune en un comunicado. “Me complace trabajar con el senador Warner para establecer un enfoque holístico y metódico para abordar las amenazas que plantean las plataformas tecnológicas, como TikTok, de adversarios extranjeros”.
La legislación también ha sido respaldada por la Casa Blanca.
El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), dijo en una conferencia de prensa el 3 de mayo que la Ley RESTRICT “es una de las cosas que veremos, con seguridad”.
TikTok
Gordon Chang, experto en China y en relaciones entre China y Estados Unidos en el Gatestone Institute y partidario de la legislación, escribió que TikTok no sólo ha sido utilizada por el régimen comunista chino para robar datos de los usuarios y enviarlos a China, sino que también es una herramienta de propaganda a manos del régimen.
“El Partido Comunista Chino (PCCh) ha usado TikTok para, entre otras cosas, glorificar el consumo de drogas, impulsar la teoría crítica de la raza y amplificar la desinformación rusa sobre la guerra en Ucrania. El PCCh no permite que los chinos usen la aplicación. El sitio gemelo de TikTok en China, Douyin, promueve temas patrióticos”, dijo Chang.
La unidad de inteligencia del Ejército Popular de Liberación de China trabajó en el consulado de Houston, luego cerrado por la administración Trump, para identificar a los estadounidenses que probablemente participarían en las protestas de Black Lives Matter y Antifa en 2020 y les envió videos en TikTok sobre cómo organizar disturbios, escribió Chang.
“TikTok es una aplicación muy problemática, es una pesadilla de vigilancia. Claramente está enviando información a China, un régimen que representa una amenaza para la seguridad nacional”, dijo Bill Ottman, cofundador y director ejecutivo de la red social Minds.
Ottman explicó al programa “American Thought Leaders» de EpochTV que la Ley RESTRICT podría utilizarse para multar a personas en Estados Unidos por utilizar redes privadas virtuales (VPN). «Es un gran ejemplo del secuestro de una buena causa”.
Las VPN brindan a los usuarios privacidad y anonimato en Internet al crear una red privada a partir de una conexión pública a Internet.
Proveedor de VPN expresa sus preocupaciones
Un vocero de Private Internet Access (PIA), un popular proveedor de VPN, dijo, según un blog de la compañía, que “prohibir el uso de ciertas tecnologías o sitios de redes sociales se opone sombríamente a la visión de un mundo digital abierto y libre y plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la libertad digital en EE.UU.”
La terminología utilizada en la Ley RESTRICT es «demasiado amplia», dijo Kristin Hassel, especialista en sistemas de información de PIA, en el blog.
Hassel destacó la definición de una categoría de productos o servicios tecnológicos, como las aplicaciones, que plantean «un riesgo indebido o inaceptable» de «actividades coercitivas o delictivas por parte de un adversario extranjero» con el objetivo de socavar los procesos y las instituciones democráticas o de orientar las decisiones políticas y normativas a favor de adversarios extranjeros.
Según Hassel, parte de la definición de esta categoría “sobre la dirección de políticas y decisiones regulatorias a favor de gobiernos extranjeros es vaga en el mejor de los casos”.
“Fácilmente podría malinterpretarse o, peor aún, usarse para justificar cualquier cosa que se considere en oposición a la “política estadounidense” y “decisiones regulatorias”, dijo Hassel en el blog.
Además, la legislación carece de reglas concretas con respecto a la privacidad digital de los ciudadanos estadounidenses durante la revisión de la aplicación, señaló Hassel. “El monitoreo de aplicaciones cubierto por la Ley RESTRICT podría conducir a una vigilancia a gran escala de la actividad en Internet de los ciudadanos estadounidenses”.
“La legislación tampoco aborda adecuadamente la manipulación de contenido, que es la razón principal por la que muchas de estas aplicaciones y servicios son un problema en primer lugar”, dijo el bloguero.
Hassel también consideró preocupante que, para que la Ley RESTRICT ponga en marcha la evaluación de un posible riesgo para la seguridad nacional de un servicio en Internet, el gobierno sólo necesita tener datos de al menos un millón de residentes en Estados Unidos, lo que supone menos del 1 por ciento de la población.
Quienes infrinjan la Ley RESTRICT enfrentarán sanciones de hasta USD 1 millón de multa o hasta 20 años de prisión.
Opiniones de expertos
Al Instituto Mises le preocupa que la definición de los productos y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación que pueden suponer una amenaza para la seguridad en virtud de la Ley RESTRICT, tal como la define el proyecto de ley, sea «expansiva e inespecífica».
“Abarcan desde aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones basadas en la web, plataformas de pago y sistemas de juegos hasta cámaras web, redes Wi-Fi, cámaras de drones, sistemas de vigilancia del hogar e incluso biotecnología”, según Mises, un centro de investigación centrado en economía de libre mercado y pensamiento libertario.
Jason Kelley y David Greene, directores de Electronic Frontier Foundation (EFF), dijeron que la fundación se opone a la Ley RESTRICT. Los motivos de la oposición son que el proyecto de ley busca “proteger los datos de adversarios extranjeros”, dijeron los directores. “Pero según nuestras leyes actuales de privacidad de datos, también hay muchos adversarios domésticos involucrados en la recopilación de datos manipuladores e invasivos”.
La EFF abogó por una legislación que prohibiría a las empresas de redes sociales nacionales y extranjeras recopilar, retener y vender datos de usuarios, dijeron Kelley y Greene, argumentando que tal ley evitaría que los adversarios extranjeros obtengan datos de redes sociales de consumidores.
La Ley RESTRICT también otorga al gobierno un amplio poder para castigar a cualquier persona por usar VPN para obtener una aplicación prohibida, por ejemplo, TikTok, o usar otros medios para obtenerla, dijeron Kelley y Greene. Sin embargo, afirmaron que el gobierno de EE.UU. no había compartido información que justificara la prohibición a TikTok.
Los directores no creen que la Ley RESTRICT le permita al gobierno vigilar los dispositivos de los usuarios. Aun así, señalaron que el poder otorgado al gobierno para investigar los datos de los usuarios potenciales se describe de manera demasiado amplia.
La EFF es una organización sin fines de lucro financiada por donantes que defiende las libertades civiles en el mundo digital, según su sitio web. Entre los donantes de la organización se encuentra Open Society Foundations, financiada por George Soros.
Etiquetado de aplicaciones
“La regulación en este ámbito [tecnología de la información y la comunicación] es muy arriesgada, por lo que debe elaborarse con mucha sensibilidad”, dijo Ottman, y sugirió que las aplicaciones en las tiendas de aplicaciones podrían etiquetarse “por lo que sucede con ellas”.
Las etiquetas de las aplicaciones pueden indicar si una aplicación se basa en la vigilancia o si los datos del usuario se canalizan a otros países si es de código abierto y cómo preserva la privacidad, de manera similar a como Twitter comenzó a etiquetar a las empresas de medios, dijo Ottman.
En abril, Twitter comenzó a etiquetar las cuentas de ciertas organizaciones de medios como «afiliadas al estado» o «fundadas por el gobierno», pero abandonó las etiquetas en un par de semanas luego de la reacción violenta de esos medios.
La gran mayoría de las aplicaciones en la tienda de aplicaciones tienen mecanismos de vigilancia, incluidas las aplicaciones desarrolladas por empresas con sede en EE.UU., señaló Ottman, y enfatizó la necesidad de «estándares consistentes» para las aplicaciones, independientemente de su país de origen.
No se sabe qué hacen las grandes empresas tecnológicas con los datos detrás de escena, dijo Ottman. Podrían estar vendiendo esos datos, agregó.
La gente piensa que, porque una empresa está en Estados Unidos, nunca traicionaría sus intereses, dijo Ottman. “Pero la realidad más probable es que [empresas de Estados Unidos] traicionen nuestros intereses. De hecho, eso podría ser más nefasto”.
Una legislación más sensata sería una «ley de encriptación», en la que en realidad se protege a los ciudadanos, se exige la encriptación de extremo a extremo en todo el gobierno y luego se educa a la gente sobre los peligros de las aplicaciones de vigilancia en las tiendas de aplicaciones, sugirió Ottman.
Jan Jekielek contribuyó a este artículo.
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