En México, 22 estados de los 31 que lo integran junto con la Ciudad de México carecen de una ley que garantice la integridad de los defensores de derechos humanos, mientras que las 10 entidades restantes cuentan con ella, informó hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.
Los estados que no cuentan con dicha ley son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estados de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Al presentar el «Estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos 2001-2017», el quinto visitador general del organismo, Édgar Corzo, reveló que las entidades con más registros de homicidios de personas defensoras civiles de derechos humanos son Chihuahua (13 casos), Guerrero (6) y Oaxaca (5).
Por lo que, dijo, «urge intensificar esfuerzos para implementar medidas de protección para esas personas, ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones del país».
Corzo explicó que para abatir los altos índices de impunidad que registran las agresiones y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos «es fundamental que los Gobiernos federal, estatales y municipales asuman su responsabilidad en la investigación adecuada de dichos casos».
Además deben diseñar y aplicar políticas públicas que permitan prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad.
Dijo que el Estudio, realizado conjuntamente por la CNDH y la UNAM, analiza la respuesta de las autoridades al «Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México», publicado en 2011, así como a la Recomendación General 25 sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, emitida por el organismo en febrero de 2016.
Recordó que a partir de que la CNDH emitió la citada Recomendación, cinco entidades federativas efectuaron las reformas legislativas correspondientes, sumándose a otras cinco que ya contaban con disposiciones similares, por lo cual llamó a los estados pendientes a actualizar su normatividad.
Corzo explicó que el informe contiene propuestas en materia de políticas públicas para que quienes se dedican a la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas ejerzan su actividad con los estándares mínimos de seguridad previstos en los tratados e instrumentos internacionales en la materia.
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