Rompiendo diez días de silencio desde la disculpa pública de la semana pasada, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, reapareció el 28 de junio para reunirse con políticos pro-Beijing.
La asediada Jefa Ejecutiva celebró el jueves una reunión privada con una docena de líderes comunitarios de la Asociación de Amigos de Hong Kong, una organización pro-Beijing, después de estar en una reunión anterior con cuatro representantes del sindicato de la policía, informó el 28 de junio el Hong Kong Economic Times (HKET).
Según la prensa de Hong Kong, Lam hizo declaraciones de apoyo a la fuerza policial de la ciudad, que recientemente fue objeto de críticas por el uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes que se oponían al proyecto de ley de extradición que permitiría a China continental solicitar la extradición de cualquier persona buscada por el régimen chino.
Después de una amplia protesta pública contra el proyecto de ley, Lam anunció el 15 de junio que el proyecto de ley sería suspendido indefinidamente.
Pero muchos hongkoneses quieren que el proyecto de ley sea completamente retirado y han continuado organizando protestas en toda la ciudad.
Las conversaciones a puerta cerrada se produjeron después de que el miércoles pasado por la noche unos mil manifestantes sitiaran por segunda vez en una semana la sede central de la policía. Los manifestantes permanecieron seis horas antes de que la policía los dispersara.
Exigieron la retractación de las anteriores carátulas policiales de las protestas como “disturbios”; que no se procesara a los manifestantes que fueron arrestados; y que se estableciera una investigación independiente sobre el uso de la fuerza por parte de la policía.
En una manifestación masiva frente a la legislatura de la ciudad el 12 de junio, la policía disparó gas lacrimógeno y balas de goma a los manifestantes, causando 81 heridos. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional publicó un análisis de las imágenes de la escena, calificando el uso de la fuerza de “ilegal”, “innecesario” y “excesivo”.
La policía arrestó a 32 manifestantes entre el 12 y el 17 de junio, cinco de ellos bajo sospecha de haber cometidos disturbios, lo cual tiene una pena de un máximo de 10 años de prisión. No se han presentado cargos formales.
Ocho casos relacionados con delitos menores fueron desestimados por falta de pruebas, según la policía.
Fuentes familiarizadas con la situación revelaron al HKET que durante la reunión a puerta cerrada con los políticos pro-Beijing, Lam reforzó la idea de rechazar las demandas de los manifestantes. En declaraciones públicas anteriores había dicho que el gobierno no establecería un comité independiente para examinar el incidente del 12 de junio, a pesar de la demanda del público, ya que tales investigaciones apuntarían a la policía de manera injusta.
Lam también hizo hincapié en su negativa a dimitir, mencionando el sólido respaldo de Beijing, según HKET.
La oficina de Lam emitió una declaración el 27 de junio sobre su reunión con los líderes sindicales de la policía el jueves pasado, en la que enfatizó el apoyo de Lam a la fuerza policial.
“[Lam] y su gobierno continuarán dando todo su apoyo a la fuerza”, decía la declaración, y agregaba que Lam elogió a la policía por el “desempeño en aplicar la ley de manera imparcial contra las actividades ilegales y continuar sirviendo a la comunidad”.
Mientras tanto, la popularidad de Lam cayó a su punto más bajo en las últimas dos semanas, según los resultados de una encuesta publicada el 25 de junio por la Universidad de Hong Kong (HKU).
Su índice de aprobación, basado en las respuestas de 1015 residentes de Hong Kong, se sitúa en el 23 por ciento, una caída del 20 por ciento con respecto al de hace apenas dos semanas. Mientras tanto, su índice de desaprobación se disparó al 67 por ciento.
Los índices de aprobación actuales de Lam son los más bajos desde que asumió el cargo en 2017, y un mínimo histórico entre todos los ex jefes ejecutivos de Hong Kong desde 1992, cuando se midió la popularidad de los líderes por primera vez.
“Las manifestaciones, protestas y controversias relacionadas como resultado de las enmiendas al proyecto de ley de extradición parecen haber afectado a la opinión pública en gran medida”, dijo HKU en su análisis de la encuesta.
Mientras tanto, el índice de aprobación de las autoridades de Hong Kong en su conjunto se desplomó hasta el 18 por ciento, un mínimo histórico desde julio de 2003. El índice de desaprobación subió al 72 por ciento.
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