Los republicanos ven motivos políticos tras la reciente acusación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra el presidente Donald Trump, mientras que otros afirman que la posesión de los documentos por parte de Trump supuso un riesgo para la seguridad nacional, según una encuesta de la CBS.
Trump dijo el 8 de junio que sus abogados habían sido informados de la imputación por el abogado especial del DOJ, Jack Smith, en relación con la investigación sobre el manejo de documentos clasificados. Trump es el primer expresidente estadounidense de la historia que se enfrenta a una acción penal a nivel federal. El anuncio se produjo tras una redada del FBI el año pasado en la finca Mar-a-Lago de Trump en Florida, en la que presuntamente se descubrieron varios documentos clasificados en su poder.
Smith anunció posteriormente 37 cargos contra Trump en relación con los documentos.
Tras la acusación, Trump pareció no inmutarse. Durante sus actos de campaña en Georgia y Carolina del Norte, se refirió a la acusación como una «broma», pero dijo que, no obstante, había sido positiva para sus encuestas y su recaudación de fondos.
Según una nueva encuesta de la CBS, la mayoría de los votantes republicanos están de acuerdo.
El 76% dijo que veía motivos puramente políticos detrás de la acusación. Sólo el 12% dijo que pensaba que la posesión de los documentos por parte de Trump suponía una amenaza para la seguridad nacional, mientras que otro 12% dijo que pensaba que había una amenaza para la seguridad nacional pero que los motivos de la acusación eran políticos.
Como resultado, una minoría de probables votantes republicanos en las primarias, el 38%, dijo que pensaba que existía un riesgo para la seguridad nacional por el hecho de que Trump siguiera en posesión de los documentos controvertidos.
Sin embargo, los no republicanos expresaron mayores preocupaciones: El 80% de los votantes no republicanos dijeron que veían un riesgo para la seguridad en que Trump siguiera conservando los documentos.
La mayoría de los republicanos también dicen que la imputación no cambia en nada sus sentimientos hacia Trump.
El 14% dijo a la CBS que cambia su opinión sobre Trump a mejor, el 7% dice que cambia su opinión a peor y el 18% dice que depende.
Pero la mayoría, el 61%, dice que no cambia nada, y piensan que se le debería permitir volver a ser presidente aunque se le condene.
Sólo el 20% de los probables votantes de las primarias republicanas dicen que no debería permitirse a Trump volver a ser presidente si es condenado; el 80% restante dice que sí debería permitírsele.
El propio Trump ha denunciado las imputaciones, comparando el trato que recibe con el que se da a figuras como el presidente Joe Biden y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por el mal uso que hicieron de material clasificado.
Al igual que Trump, Biden se ha enfrentado a acusaciones de mal manejo de documentos clasificados sacados de la Casa Blanca.
«Biden tiene 1850 cajas [de documentos clasificados]. Tiene cajas en Chinatown, D.C.», dijo Trump. «Tiene cajas por todas partes. No sabe qué demonios hacer con ellas, y se está peleando con ellos por las cajas».
Asimismo, Trump señaló que Clinton, su rival en 2016 por la presidencia, fue acusada de destruir una laptop con secretos gubernamentales clasificados para evitar cumplir una citación del Congreso.
«Nuestras fuerzas policiales se han convertido en un arma a un nivel nunca visto», dijo Trump.
El momento provoca dudas
Muchos republicanos cuestionaron el momento en que se produjo la acusación.
Esto se produjo el mismo día en que el director del FBI, Christopher Wray, accedió a la petición del Partido Republicano de compartir un documento en el que se alegaba que Biden aceptó un soborno extranjero mientras era vicepresidente. En concreto, se acusa a Biden de aceptar 5 millones de dólares para ayudar a despedir al fiscal ucraniano Viktor Shokin, que estaba investigando a la empresa energética Burisma, con la que el hijo del presidente, Hunter Biden, tiene conexiones.
La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) dijo en Twitter que el documento, que observó el 8 de junio como parte del acuerdo de Wray con los republicanos, procede del «informador creíble más fiable del FBI». Si las acusaciones resultan ciertas, podrían ser precursoras de nuevas acciones legales por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes.
El representante Matt Gaetz (R-Fla.) dijo que cree que ambas cosas están relacionadas.
«Imagina que eres tan ingenuo como para creer que las pruebas del soborno de Biden y la acusación contra Trump que se produjeron el mismo día fueron una coincidencia», escribió Gaetz en Twitter.
El senador Chuck Grassley (R-Iowa), que ha trabajado estrechamente con su análogo de la Cámara de Representantes sobre las acusaciones de soborno contra Biden, coincidió con la opinión.
«El DOJ acusa al expresidente/candidato Trump [el] MISMO DÍA que el DOJ/FBI restringe el acceso a las acusaciones innecesariamente redactadas contra Biden», dijo Grassley en un tuit. «Y se preguntan por qué la gente cree que hay dos raseros para la justicia».
La opinión de los rivales
Tras el anuncio de las acusaciones contra Trump relacionadas con su manejo de documentos clasificados, varios de sus rivales del Partido Republicano se han visto en la postura de defender a su principal obstáculo para la nominación presidencial.
El empresario Vivek Ramaswamy dijo que demostraba «dos niveles de justicia: uno para Trump sobre la retención de documentos gubernamentales, otro para Biden».
El senador Tim Scott (R-S.C.) también condenó lo que calificó de «uso como arma del Departamento de Justicia contra un expresidente».
La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que se ha enfrentado públicamente a Trump en varias ocasiones, lo calificó de ejemplo de «extralimitación fiscal, doble estándar y política de venganza».
Preocupación del GOP por la «politización» del DOJ
Los republicanos han expresado cada vez más su preocupación por la forma en que se dirige el DOJ de Biden, afirmando que el organismo se ha politizado en contra de los enemigos de Biden. Una investigación en curso del GOP bajo el Subcomité sobre el Uso como Arma del Gobierno Federal ha estado indagando en la cuestión, y ha publicado una serie de informes que denuncian el abuso de recursos.
Un reciente informe de un denunciante afirmaba que el FBI se había visto «envuelto en la politización» y había incurrido en «graves abusos» de su autoridad.
Por ejemplo, el informe afirmaba que el FBI había centrado su atención en las comunidades católicas tradicionalistas y de la Misa en Latín, denominándolas «católicos radicales-tradicionalistas». Estas comunidades fueron supuestamente consideradas un foco de actividad «supremacista blanca» y una potencial amenaza terrorista, y el FBI expresó su intención de colocar informadores en estas parroquias.
Los republicanos también han señalado un memorando del 4 de octubre de 2021 del fiscal general Merrick Garland, que ordenaba al FBI que se asociara con las fuerzas de seguridad locales y los fiscales estadounidenses para identificar las amenazas de los padres en las reuniones de los consejos escolares contra el profesorado y «perseguirlas cuando proceda».
El memorando llegó después de que muchos estudiantes de todo el país empezaran a aprender a distancia debido a la pandemia del COVID-19, lo que dio a los padres una ventana a la educación de sus hijos. Varios descubrieron que se estaban enseñando como hechos ideas controvertidas y discutidas sobre sexualidad, género y raza, lo que provocó una oleada de padres que se presentaron en las reuniones de los consejos escolares para protestar por el contenido.
El FBI respondió al memorándum colocando supuestamente «etiquetas de amenaza», que indicaban la posibilidad de un incidente terrorista o de delito violento, a los padres que asistían a las reuniones del consejo escolar, lo que suscitó la preocupación de que el FBI estuviera tomando medidas enérgicas contra la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
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