El Instituto Nacional Electoral (INE) de México, el ente autónomo encargado de la organización de las elecciones, aprobó este viernes posponer la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, por falta de recursos para realizarla.
Los consejeros aprobaron el proyecto del titular del organismo, Lorenzo Córdova, en una votación dividida de 6 votos a favor y 5 en contra, que se traducirá en la suspensión de la contratación de capacitadores de funcionarios para las más de 161,000 colegios electorales que se tenían previsto instalar para la jornada.
El partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), del presidente López Obrador, dijo que impugnará la medida ante el Tribunal Electoral, ante una acción que el mandatario mexicano calificó como «tácticas dilatorias» durante su conferencia de prensa matutina.
La revocación de mandato, incluida en la Constitución en una reforma de hace dos años, es una de las principales propuestas del presidente López Obrador y ha sido criticada por la oposición por utilizarla como una ratificación y no una revocación de mandato, además de limitar el presupuesto del INE para poder llevarla a cabo.
En su intervención, Córdova insistió en que el instituto no cuenta con presupuesto suficiente para realizar la consulta, después de que el Congreso, con mayoría del oficialista Morena, aprobara un recorte de 4913 millones de pesos (unos 235,000 dólares) al ente electoral.
Según Córdova, después de que el INE hiciera caso al dictamen del Supremo, se consiguió una bolsa de 1503 millones de pesos (71.9 millones de dólares), pero afirmó que aún se requieren recursos por más de 3830 millones (183.7 millones de dólares).
«Todo parece indicar que el presidente de la República quiere que se haga la revocación de mandato, todo parece indicar que la ciudadanía también. Si es así, el INE también lo quiere, pero quiere hacerlo conforme a la ley», señaló el consejero presidente.
El acuerdo no significa que el proceso quede cancelado, ni que se suspenda el proceso de validación de las firmas, sino que el instituto esperará a que la Suprema Corte se posicione sobre, lo que a criterio de los consejeros, es un déficit de presupuesto para poder afrontar la jornada.
El INE presentó el 7 de diciembre una controversia constitucional ante el alto tribunal contra el recorte presupuestario, pero los magistrados resolvieron que el instituto reajustara sus fondos ya aprobados por el Congreso.
Sin embargo, la Corte dejó en claro que no puede atender la queja del organismo hasta que se confirme que se realizará la consulta, que, de acuerdo con la Constitución mexicana, necesita el 3 % del censo electoral, distribuidas en al menos 17 Estados del país.
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