La posible aprobación de la reforma del Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador encendió las alarmas de las entidades bancarias y organizaciones internacionales, quienes advierten un impacto en la democracia del país y riesgos económicos para posibles inversionistas.
La reforma Judicial planteada por el mandatario mexicano propone, entre otros, cambiar la forma de elección de jueces y magistrados del Poder Judicial que toma en cuenta experiencia profesional y evaluación de experiencia, a uno basado en el voto popular. Además, los ministros de la Suprema Corte y los magistrados electorales también pasarían a elección por voto popular.
Frente a una posible aprobación de la reforma judicial, este miércoles, el banco estadounidense Morgan Stanley emitió un informe dando a conocer su decisión de disminuir la calificación financiera de México.
“Bajamos la calificación de México a UW [underweight – de bajo peso] tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso. Creemos que reemplazar el sistema judicial aumentaría el riesgo, las primas de riesgo de México y limitar el gasto de capital. Eso es un problema, ya que la deslocalización está alcanzando cuellos de botella clave”, dijo Morgan Stanley en el informe a los inversionistas.
La entidad añadió que los resultados preliminares de las elecciones al Congreso indican que el partido político Morena y sus partidos socios podrían conseguir suficientes escaños para tener el poder legislativo y aprobar enmiendas constitucionales, lo que podría brindar beneficios a las empresas estatales, con relación a las empresas privadas.
“Bajamos el peso de holdings clave en el país como Walmex, Femsa y Coca-Cola Femsa, y eliminamos Kimberly Clark México, Laureate y Qualitas”, agregó Morgan Stanley.
Citibanamex, por su parte, emitió un informe el martes señalando que los mercados podrían estar subestimando las «serias implicaciones» de la propuesta judicial.
«Si se aprueba la sobre representación de la coalición de Morena, la legitimidad de las urnas le serviría para cimentar en la constitución una nueva configuración de las reglas del intercambio social, económico y político, un nuevo régimen», señalaron especialistas de Citibanamex.
“Los contornos de este, que ya se advierten, podrían suponer la cancelación de la democracia liberal, asentada en el Estado de derecho y regida por el cambio electoral periódico de gobiernos mayoritarios y sólidamente contrapesados”, se añadió.
La entidad bancaria añadió que el debilitamiento de la democracia o su desaparición propician una inestabilidad política e incertidumbre sobre el marco jurídico y la política pública.
«Nuestros pronósticos macroeconómicos implican un debilitamiento de las variables principales, pero toman en cuenta que los inversionistas parecen estar subestimando los riesgos del nuevo escenario político», añadió el comunicado.
Fitch Ratings, una agencia internacional de calificación financiera, señaló que la reforma judicial genera inquietudes sobre la imparcialidad judicial para resolver conflictos entre las autoridades gubernamentales y las empresas privadas.
«La posibilidad de reformas económicas, regulatorias y judiciales inminentes en México ha llevado a una mayor incertidumbre de los inversionistas y a una mayor volatilidad del mercado a corto plazo», dice el comunicado.
«Ambas tendencias pueden tener un impacto negativo en la generación de flujo de efectivo y en las métricas de apalancamiento de las empresas debido al mayor gasto en intereses y al efecto negativo de la depreciación de la moneda sobre la demanda y ciertos costos», añadió.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se pronunció este miércoles en respuesta a los crecientes señalamientos.
“Los inversionistas no deben preocuparse. Al contrario, tendremos un mejor sistema de justicia en México. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia”, afirmó Sheinbaum.
Este lunes, trabajadores del poder judicial iniciaron un paro indefinido en protesta por la iniciativa de la reforma judicial. El miércoles, Jueces y magistrados de todo el país también se unieron al paro.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta semana en su conferencia matutina que la reforma no afecta a los trabajadores.
«Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia. (…) Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México, nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios. Hay corrupción y hay privilegios en el poder judicial (…) la corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Aclaro: no todos, pero sí muchos de ellos», dijo el mandatario.
WOLA, una organización líder en investigación y defensa de los derechos humanos en las Américas, advirtió que la reforma, al contrario de lo que expresa el mandatario, daría paso a una mayor impunidad en el sistema judicial.
«La abrumadora mayoría de los casos de impunidad en México no son atribuibles a las autoridades judiciales. (…) la impunidad de los delitos denunciados por la población se da principalmente en la etapa de investigación por parte de las fiscalías», señaló WOLA en un comunicado.
«En este contexto, la reforma judicial propuesta conduciría a la continuación y profundización de patrones de impunidad y abuso contra la población. El resultado sería un sistema de justicia con aún más margen para las omisiones en las investigaciones penales y para prácticas ilegales como las detenciones arbitrarias, que afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad», se añadió.
Además, la entidad aclaró que la elección de los jueces no da «demasiado» poder a la población, sino «todo lo contrario».
«La elección de las autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos y obstaculizada por las fallas antes citadas, debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a la población expuesta a la impunidad y a los abusos», aclaró.
Otras propuestas de la reforma judicial incluyen reducir la cantidad de ministros de 9 a 11 y bajar de 15 a 12 años la permanencia en el cargo. También eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y limitar sus remuneraciones para actuales y futuros ministros, sin excepción.
También propone nuevas reglas procesales que incluyen: la resolución de asuntos fiscales, de máximo seis meses, y de asuntos penales, máximo 1 año; prohibir que se otorgue suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, entre otras.
Según la última revisión de la reforma propuesta por el presidente (pdf), los candidatos a los cargos judiciales de los 32 estados de México serían nominados por los tres poderes del gobierno —ejecutivo, legislativo y judicial—, y cada poder crearía un Comité de Evaluación para reducir la lista de candidatos, que luego se reduciría aún más mediante un sorteo, y los finalistas se enviarían nuevamente al poder en cuestión para su aprobación.
La reforma también propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial electo, con amplios poderes para supervisar y sancionar al personal judicial. El partido político con mayor representación en el país podría influir sobre este organismo para presionar al resto del poder judicial.
La composición definitiva del Congreso para el siguiente periodo se dará a conocer este viernes 23 de agosto por el INE, previo a la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre.
Siga a Yeny Sora Robles en X: @YenySoraRobles
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