Una ley que castiga a las jurisdicciones que protejan indocumentados y que obliga a las autoridades locales a colaborar con Inmigración y sus órdenes de detención prolongada con miras a la deportación entró este martes en vigor en Florida sin que procesos legales pudieran impedirlo.
La ley contra las llamadas ciudades «santuario», aunque en Florida no hay ninguna, operará casi por completo tras el fallo adverso de una jueza de Miami como parte de una demanda interpuesta por grupos civiles y a favor de los inmigrantes.
La ley, firmada por el gobernador Ron DeSantis, un aliado político del presidente Donald Trump y de su política migratoria, entra en efecto en un estado con un 20 % de población extranjera.
La juez Beth Bloom mantuvo a última hora del lunes la mayor parte de la nueva ley y bloqueó únicamente que las policías locales ayuden a transportar inmigrantes ilegales a través de las fronteras estatales a pedido de las autoridades federales.
Según documentos judiciales a los que Efe tuvo acceso este martes, Bloom dictaminó que ese trabajo solo puede ser realizado por el gobierno federal.
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