Maine exige un período de espera de 72 horas para todas las ventas de armas a partir del 9 de agosto. El nuevo requisito formaba parte de un conjunto de leyes sobre seguridad de las armas presentadas a la gobernadora Janet Mills el pasado mes de abril.
Mills no tomó ninguna acción sobre el proyecto de ley LD 2238, lo que permite que se convierta en ley sin su firma.
Según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Maine, el período de espera comienza una vez que el comprador y el vendedor acuerdan la compra de un arma concreta y se desarrollará simultáneamente con cualquier comprobación de antecedentes exigida.
Entre las excepciones a la ley se incluyen las ventas en las que participen fuerzas del orden, agentes de seguridad contratados, familiares y coleccionistas que compren o vendan armas de fuego antiguas o clasificadas como curiosidades o reliquias.
La primera infracción de la ley puede dar lugar a una multa de hasta 500 dólares, y las infracciones posteriores podrían dar lugar a multas de 1000 dólares.
Sus defensores afirman que reducirá los suicidios al proporcionar un periodo de «reflexión». Los opositores la califican de medida arbitraria que podría poner en peligro a quienes buscan un arma para protegerse.
En una declaración en línea, Mills escribió que ambas partes tenían argumentos válidos.
«He decidido permitir que este proyecto de ley se convierta en ley … con algunas advertencias y preocupaciones y con la esperanza de que pueda ser implementado para lograr su objetivo previsto de prevenir el suicidio por arma de fuego sin sobrecargar nuestra economía de deportes al aire libre y los derechos de los propietarios y comerciantes de armas responsables», dice su declaración.
Los defensores de la seguridad de las armas acogieron con satisfacción la nueva ley, afirmando que salvará vidas.
«En un estado en el que el 90% de las muertes por arma de fuego son suicidios y la violencia doméstica sigue cobrándose demasiadas vidas de mujeres y niños, medidas como el período de espera de 72 horas tendrán un impacto real en la prevención de tragedias que dejan a las familias llorando la pérdida evitable de sus seres queridos», escribió Nacole Palmer, directora ejecutiva de la Coalición para la Seguridad de las Armas de Maine, en un correo electrónico enviado a The Epoch Times.
Mills escribió que hará un seguimiento de las impugnaciones legales en curso contra los períodos de espera en otros estados, como Vermont, para determinar su posible efecto sobre la ley de Maine.
El 18 de julio, el juez de la corte de Distrito de EE.UU. William K. Sessions denegó la solicitud de la Federación de Clubes de Deportistas de Vermont de una medida cautelar contra el período de espera de ese estado.
El grupo declaró en su página web que estaba sopesando si seguir adelante con el asunto.
Mills declaró que también supervisaría el impacto de la ley en los negocios de Maine que prestan o alquilan armas de fuego, como los guías de caza, y estudiaría si la ley pone en peligro a quienes compran un arma para protegerse.
El grupo por los derechos de las armas Gun Owners of Maine prometió luchar contra la ley, que según ellos fue rechazada previamente por la legislatura.
«Este proyecto de ley fue derrotado en 2023 y fue traído de nuevo a la vida sin ética durante la sesión de emergencia mediante la alteración de unas pocas palabras, se aprobó utilizando cuestionable empate de votos en el Senado», escribió el grupo en su página web.
El pasado abril, Mills firmó un conjunto de proyectos de ley sobre armas en respuesta al tiroteo masivo del 25 de octubre de 2023 en Lewiston, Maine, en el que un veterano del Ejército con problemas de salud mental documentados mató a 18 personas e hirió a 13.
Además de un período de espera, las leyes exigen que las ventas privadas derivadas de anuncios —ya sean en línea, impresos o anuncios de ferias de armas— incluyan una comprobación de antecedentes por parte del titular de una licencia federal de armas de fuego a través del Sistema Nacional de Comprobación Instantánea de Antecedentes Penales.
Quedan exentas las transferencias entre familiares o los coleccionistas que transfieran armas de fuego antiguas o «curiosas».
La ley permite a la policía poner a alguien bajo custodia protectora si un juez considera que la persona padece una enfermedad mental basándose en una declaración jurada del agente. La policía puede confiscar cualquier «arma peligrosa» que tenga la persona.
Un informe sobre el incidente publicado el 15 de marzo de 2024 indica que las nuevas leyes no habrían evitado los asesinatos de Lewiston.
Según el informe, el ejército estadounidense, los profesionales de la salud mental del estado de Nueva York y la oficina del sheriff del condado de Sagadahoc probablemente habrían evitado el crimen si hubieran seguido la legislación vigente en aquel momento.
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