La oficina del fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, consideró inconstitucional un mandato de vacuna obligatoria contra la COVID-19 que fue entregado por el gobierno de Tucson a sus empleados, según un comunicado de prensa del martes.
El mandato, dijo, viola la ley estatal y va directamente en contra de una ley–el Proyecto de Ley del Senado 1487–aprobada por la Legislatura de Arizona a principios de este año, lo cual significa que Tuscon debe enmendar o derogar la ordenanza o perderá los fondos estatales. La ley prohíbe a las entidades gubernamentales locales y estatales imponer mandatos de COVID-19 a los empleados, aunque esta no entrará en vigencia hasta el 29 de septiembre, creando lo que Brnovich describió como una laguna que fue explotada por el gobierno de Tucson.
“La intención de la Legislatura fue clara cuando aprobó el S.B. 1824 a principios de este año–las entidades gubernamentales desde el nivel local al estatal no pueden exigir vacunas COVID-19”, dijo su oficina, y agregó que “la ciudad de Tucson podría estar sujeta a posibles demandas por responsabilidad legal si toma una acción adversa contra un empleado que confía en” la ley estatal o una orden ejecutiva dictada por el gobernador Doug Ducey (R-Ariz.) para rechazar la vacuna.
Además, Tucson tiene 30 días para rescindir o enmendar la ordenanza, de lo contrario, la oficina del fiscal general notificará al Tesorero de Arizona que retenga fondos de la ciudad, que se encuentra en el condado de Pima, según el comunicado.
El anuncio de Brnovich se da unas tres semanas después de que el gobierno de Tucson adoptara la ordenanza que obligaba a los empleados públicos a presentar pruebas de vacunación contra la COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), a las 4 p.m. del 24 de agosto. Aquellos quienes se nieguen o no puedan proporcionar una prueba de vacunación enfrentarán una suspensión de cinco días sin pago, dijo la ciudad.
Como resultado, Ducey emitió una orden ejecutiva para evitar que las ciudades impongan mandatos de vacunas hasta que el Proyecto de Ley del Senado 1824 entre en vigencia a finales de este mes. Sin embargo, Tucson ha seguido exigiendo a los empleados que se vacunen o se enfrentarán a una suspensión sin goce de sueldo.
Las empresas privadas en Arizona tienen que permitir exenciones médicas o religiosas para los empleados cuando se trata de los mandatos de la vacuna COVID-19, dijo la oficina del fiscal general en una opinión emitida el mes pasado.
“Una creencia religiosa sincera incluye una creencia moral o ética en contra de recibir una vacuna contra la COVID-19 que tiene la fuerza de una visión religiosa tradicional. La sinceridad de esa creencia debe juzgarse en función de las palabras y la conducta del empleado en el momento en que surge el conflicto sobre la vacuna contra la COVID-19 y no en base a palabras o conductas anteriores”, dijo la oficina de Brnovich el martes.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la ciudad de Tucson para solicitar comentarios. La ciudad no ha emitido una respuesta pública al anuncio del martes de Brnovich.
Cuando se dictó la ordenanza, la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, una demócrata, dijo que el gobierno tiene el «deber legal y la obligación legal de proporcionar y mantener un lugar de trabajo seguro y saludable para sus empleados» y afirmó que las personas no vacunadas exponen «injustamente» el COVID- 19 a otros.
Un juez del condado de Pima rechazó en agosto una solicitud del sindicato policial de Tucson para detener el mandato de vacunas de la ciudad. El abogado de la ciudad de Tucson ha dicho anteriormente que la orden ejecutiva de Ducey no bloquea el mandato de la vacuna contra la COVID-19.
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