Es posible que Estados Unidos mantenga el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 hasta por lo menos abril del año que viene, ya que el gobierno de Biden no dio el viernes ninguna señal a los estados de que anularía la norma el año que viene.
Anteriormente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) dijo a los estados que recibirían un aviso de 60 días si se levantaba la emergencia sanitaria. La designación se renovó el mes pasado hasta el 11 de enero de 2023.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. ha prometido avisar a los estados con 60 días de antelación antes de dejar que expire la emergencia, lo que habría ocurrido el viernes si no tuviera previsto renovarla de nuevo en enero.
«La emergencia de salud pública COVID-19 sigue en vigor y, como el HHS se comprometió anteriormente, avisaremos a los estados con 60 días de antelación antes de cualquier posible terminación o expiración», dijo el viernes Sarah Lovenheim, secretaria adjunta de asuntos públicos del HHS, a The Wall Street Journal.
Dos funcionarios de la Administración Biden dijeron a Reuters que el gobierno federal mantendrá intacta la emergencia de salud pública después de la fecha del 11 de enero. Dichos funcionarios, que no fueron nombrados en el informe, afirmaron que la posibilidad de un aumento invernal de los casos de COVID-19 y la necesidad de más tiempo para la transición de la emergencia de salud pública a un mercado privado fueron dos factores que contribuyeron a la decisión.
Los casos y las muertes por COVID-19 han caído en picada en los últimos meses, según los datos facilitados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
El gobierno ha estado pagando las vacunas contra el COVID, algunas pruebas y ciertos tratamientos, así como otros cuidados bajo la declaración de emergencia de salud pública. Cuando la emergencia expire, el gobierno comenzará a transferir la asistencia de salud relacionada con el COVID a los seguros privados y a los planes de salud del gobierno.
En enero de 2020 se declaró la emergencia sanitaria bajo la Administración Trump y se ha renovado cada 90 días. Algunos legisladores republicanos han dicho que la norma ya no es necesaria y que debería ser levantada, especialmente después de que el presidente Joe Biden dijera en septiembre que cree que la pandemia ha terminado.
Hace una semana, la Administración de Seguridad en el Transporte publicó una directiva que exige la vacunación contra el COVID-19 a los ciudadanos no estadounidenses que entren en el país. Estados Unidos es ahora el único país de Occidente que mantiene esa norma.
Mientras que la gran mayoría de los países han abandonado los requisitos de prueba de la vacuna contra el COVID-19 para la entrada, Estados Unidos y algunos otros países de todo el mundo siguen exigiéndola a los no ciudadanos, sin que haya vías alternativas para los no vacunados, como exigir una prueba de inmunidad contra el COVID-19, una prueba negativa o un periodo de cuarentena en su lugar. Los otros países que imponen esta norma son Pakistán, Indonesia, Ghana y Liberia.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el HHS para pedirle comentarios.
Con información de Reuters y Mimi Nguyen-Ly.
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