La Audiencia Nacional española dio luz verde a la extradición de Adrián Velásquez, exguardaespaldas de Hugo Chávez, a Estados Unidos, donde se le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales que él niega haber cometido.
La extradición de Velásquez sigue a la de su esposa, la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada por la Audiencia Nacional el pasado 15 de octubre, reclamada también por Estados Unidos por haber favorecido presuntamente al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera, que le reportó a éste ganancias de cientos de millones de dólares.
En el auto en el que avala la entrega de Velásquez, conocido este miércoles, el tribunal considera que los hechos por los que ambos están acusados en Estados Unidos, blanqueo de capitales, tienen un equivalente en España, están castigados con más de un año de prisión y no están prescritos, por lo que se cumplen los requisitos para la extradición.
Según la solicitud de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 o alrededor de dichas fechas, el empresario Gorrín y el matrimonio Velásquez-Díaz participaron en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para Venezuela.
Las autoridades sospechan que Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.
A partir de 2011, prosigue el escrito, Gorrín ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la entonces tesorera, incluso a través de su marido, para influir en ella con el fin de que el empresario efectuase cambios de moneda extranjera para Venezuela.
Además de los sobornos pagados a través de transferencias electrónicas a beneficio del matrimonio, explica la solicitud de extradición americana, Gorrín también compró y pagó propiedades y objetos de lujo para ambos.
Ante las alegaciones de la defensa respecto a la nacionalidad española del reclamado, concedida el 20 de abril de este año, no consta que fuera adquirida mediante un fraude, pero la Audiencia Nacional aclara que es potestad del tribunal acceder a la entrega.
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