Muchas de las reformas llevadas a cabo en España han arrojado resultados, pero el país debe afrontar todavía retos clave como la reforma del régimen fiscal y de la financiación de las comunidades autónomas, invertir más en innovación, educación y desarrollo y lidiar con el envejecimiento de la población.
Así se desprende de un estudio publicado hoy por la Fundación Bertelsmann, que advierte sobre la necesidad de reducir «la brecha persistente entre el gasto público y la recaudación de impuestos» y de garantizar que los gobiernos autonómicos tengan «recursos suficientes».
Para mejorar la competitividad, España debe hacer «mayor énfasis en la investigación y el desarrollo» y en cuanto al «desempleo extraordinariamente elevado», el gobierno debe desarrollar políticas de creación de empleo que no se reduzcan únicamente al recorte de salarios.
Según el estudio, que evalúa la viabilidad de 41 Estados miembros de la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es necesario que el país «encuentre medios efectivos y susceptibles de redistribuir los ingresos para reducir la desigualdad».
Recuerda que la gestión de la crisis ha tenido consecuencias en todos los programas sociales y ha ampliado la desigualdad y la exclusión social, con un 22 % de la población española en riesgo de pobreza.
Los expertos advierten de que contrarrestar el envejecimiento de la población, con un tercio mayor de 64 años para 2050, dependerá de los patrones futuros en materia de inmigración y la integración de trabajadores extranjeros, pero requiere abordar también «el insostenible sistema de pensiones por reparto».
El informe critica asimismo el poco interés mostrado por el Gobierno español en la sostenibilidad medioambiental, «a pesar de la localización geográfica de riesgo en lo que respecta a desafíos globales como la desertificación y el cambio climático».
Por otra parte, el estudio recuerda que «la crisis ha tenido un profundo impacto en la confianza en las instituciones democráticas», a lo que se suma el conflicto catalán.
«La lucha por la independencia en Cataluña, una de las regiones más ricas de España, pone en peligro la estabilidad política y amenaza con una crisis constitucional. Las posturas políticas en Madrid y Barcelona siguen siendo muy distantes», indica el documento.
La financiación opaca de partidos y varios escándalos de corrupción se han convertido en «significativos retos para el futuro», agrega.
En términos generales, el estudio establece que España ha mejorado ligeramente respecto al informe de 2014 en las tres áreas de análisis: calidad democrática, buena gobernanza y resultados políticos duraderos, aunque el país continúa comparativamente en el tercio inferior.
Así, según los Indicadores de Gobernanza Sostenible (SGI, por sus siglas en inglés), en calidad democrática España mejora dos puestos y ocupa la posición 25, con ciertas deficiencias, por ejemplo, en el ámbito de la lucha contra la corrupción.
«Asimismo, la evolución en el contexto del movimiento independentista catalán ha suscitado interrogantes sobre si la confrontación entre el Gobierno central y las fuerzas separatistas se ha ajustado siempre a los principios del Estado de Derecho», señala el comunicado.
A pesar del aumento considerable de la polarización política como consecuencia de la crisis económica, el país se mantiene en el puesto 21 en cuanto a buena gobernanza, aunque se podrían introducir mejoras, por ejemplo, en la planificación estratégica y en la integración y consulta de grupos sociales en los procesos de toma de decisiones políticas, señala el documento.
En cuanto a resultados políticos duraderos en las áreas económica, social y medioambiental, España sube ocho puestos hasta el 25.
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