La ocupación de viviendas en España es un fenómeno en aumento que podría estar contribuyendo de manera muy significativa a reducir la oferta en el mercado del alquiler. Según datos del Ministerio del Interior, el «allanamiento y usurpación de inmuebles» ha crecido un 25% desde 2018 y se ocupan 42 viviendas cada día en España.
La «okupación» es «tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario», según la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, la realidad de lo que ocurre hoy en España posee muchos y diversos matices.
Los datos
En todo el país, las usurpaciones de viviendas han aumentado un 25% desde 2018, pasando de 12.214 casos en 2018 a 15.289 en 2023. Aunque hubo un pico en 2021, la cifra se ha reducido ligeramente desde entonces.
Si bien las grandes capitales como Barcelona (4.610), Madrid (1.516), Gerona (723), Sevilla (759) y Valencia (828) son las que más viviendas ocupadas tenían en 2023 en términos absolutos debido a su tamaño, no son las que han visto crecer más este fenómeno en los últimos 6 años.
Si analizamos las cifras de «Hechos conocidos por allanamiento / usurpación de inmuebles por provincias» del ministerio del Interior, descubrimos enormes incrementos de las cifras de «okupación» de otras provincias españolas.
La Rioja, por ejemplo ha visto un drástico incremento del 1633%, pasando de solo 3 casos en 2018 a 52 en 2023.
Segovia ha experimentado un aumento del 460%, mientras que Soria y Orense también han tenido incrementos notables del 800% y 700%, respectivamente.
Estos datos sugieren que, pese a que estas provincias partían de cifras muy bajas, el fenómeno de usurpaciones puede estar extendiéndose a áreas anteriormente menos afectadas.
Las cifras ocultas
Sin embargo, desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación aseguran que las estadísticas del Ministerio del Interior «no recogen la gravedad del problema social».
«La interpretación de estos datos ignora la dimensión real del problema, al obviar por un lado, el creciente fenómeno de la inquiokupación, así como a los miles de afectados derivados de la okupación mafiosa, y por otro, elude el cambio de tendencia de los afectados de la ocupación para buscar una solución a su problema», afirma la organización en un comunicado de prensa. Esto sugiere que no todas las ocupaciones de denuncian y cada vez más propietarios están recurriendo a empresas dedicadas a desalojar inmuebles ocupados.
La plataforma, una organización civil fundada por personas que han sufrido la ocupación ilegal de sus viviendas, afirma que estos datos no incluyen tampoco el creciente problema de la «inquiocupación«, inquilinos que dejan de pagar la renta, pero no abandonan la vivienda «amparados por el Real Decreto 11/2020 y la reciente ley de vivienda».
Esta normativa proporciona medidas para evitar los desalojos de personas que se declaren en situación de «vulnerabilidad». El proceso para determinar si esta situación existe puede demorar hasta 6 meses más la posible fecha del lanzamiento (ejecución forzosa del desalojo por parte de las autoridades). Durante todo este tiempo, el propietario está obligado a pagar los suministros de la vivienda, algo que los afectados consideran una «humillación» añadida.
De esta manera, los afectados denuncian que el Estado, en lugar de ofrecerles recursos habitacionales o ayudas para el alquiler a estas familias «vulnerables», derivan toda su responsabilidad a las familias que sufren la inquiokupación.
Bajo el tipo penal de “usurpación” los afectados aseguran que «las mafias se lucran de la okupación y se aprovechan del derecho a la inviolabilidad del domicilio para realizar todo tipo de prácticas ilegales: menudeo, plantaciones de marihuana, tráfico de piezas de coches y objetos robados, prostitución y trata de mujeres. Su efecto sobre barrios y comunidades enteras son devastadoras y cuyas víctimas no se encuentran amparadas por ley».
“No es un problema de okupación, es un problema de delincuencia”
El pasado 30 de julio Javier Fernández Soberón, alcalde del pueblo cántabro de Astilleros, anunció con «satisfacción» que por fin se habían podido liberar 72 viviendas que habían estado ilegalmente ocupadas en dos bloques de la localidad por personas con un perfil muy conflictivo. “No es un problema de okupación, es un problema de delincuencia”, relataba el regidor a la Cadena Ser en una entrevista en junio de 2023 cuando estaba en plena batalla contra este «grave problema».
El regidor explicó a ifomo.es Noticias cómo modificó las ordenanzas municipales para poner fin a las ayudas económicas que recibían estos ocupas. «El fin de todas las ayudas que ofrece el Ayuntamiento de Astillero, desde ya, a cualquier okupa. Hemos cambiado las ordenanzas municipales para que nuestro municipio no sea un foco de llamamiento a esta gente, que lo único que ha generado, insisto, son graves problemas de convivencia en nuestro pueblo», anunció Soberón.
Soberón explicó al mismo medio que «lo que ocurre en toda Cantabria, y tristemente en el país, es que, si okupan una vivienda y solicitan una ayuda, se la conceden». Detallaba, además, que tenían acceso a todo tipo de ellas: «… alimenticia, económicas y de estudio, del alquiler, y tantas otras».
Origen y evolución de la okupación
La okupación surgió como como protesta social «antisistema» frente a los grandes tenedores de propiedades, fondos de inversión y bancos en el marco de la crisis económica del 2008 que provocó los desahucios de muchas personas que fueron incapaces de hacer frente al pago de la hipoteca de su vivienda habitual. Se trataba también de dar opciones a esas familias desahuciadas que se habían quedado literalmente en la calle.
Sin embargo, con el paso del tiempo y las reformas legislativas que se sucedieron, la ocupación de viviendas se extendió de manera descontrolada y mutó para afectar de forma directa a los pequeños propietarios. «En España, en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física, pequeño propietario», reconoce el Gobierno en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo.
Lo que ahora se está viendo son mafias de la ocupación que explotan la protección a la vulnerabilidad de las actuales leyes para crear un entramado criminal con los que se obtienen enormes beneficios.
En noviembre de 2022 los Mozos de Escuadra desarticularon una de estas redes que operaba en Barcelona. En este caso se trataba de nueve personas que se encargaban de buscar pisos vacíos, ocuparlos y simular con mujeres y niños a los que contrataban que se trataba de una ocupación vulnerable. Pasados unos días los alquilaba a familias que buscaban alojamiento, normalmente inmigrantes en situación irregular. Esta red se embolsaba alrededor de 24.000€ cada mes desde 2020.
Desarticulem a Barcelona una organització criminal que ocupava pisos amb menors d’edat per evitar el desallotjament i passats uns dies els llogava a terceres persones https://t.co/PRIyytv23i pic.twitter.com/0d8QDJTuIE
— Mossos (@mossos) November 29, 2022
Los Mozos explicaron que, en algunas ocasiones, los jefes de la organización incluso pactaban con el propietario real del inmueble ocupado para echar a las personas a las que acababan de alquilar el piso. A cambio de entre 8.000 y 10.000 euros iniciaban el proceso para echarlos.
Los miembros que conformaban la trama criminal estaban altamente organizados y estructurados para llevar a cabo sus objetivos con éxito. Unos forzaban el acceso y accedían al interior del inmueble con menores mientras que otros realizaban funciones de vigilancia del entorno para evitar ser descubiertos.
¿Qué se puede hacer?
Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación han elaborado un listado de 56 medidas que se pueden aplicar para «prever y luchar contra la ocupación e inquiocupación y proteger a las víctimas».
Entre ellas, ofrecer soluciones habitacionales a las familias vulnerables con celeridad, agilizar la valoración de vulnerabilidad y cumplir con los plazos judiciales, solicitar pruebas y no considerar pruebas verbales como objetivas sin documentación que respalde.
También solicitan que se deriven las ayudas al alquiler directamente al propietario, no al okupa, a la vez que solicitan ayudas para las víctimas de la ocupación, eliminación del IBI durante el período de ocupación entre otras. Las pueden consultar todas en este enlace.
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
