Una nueva demanda presentada en un tribunal federal el 4 de abril pretende obligar a los funcionarios federales a mantener en vigor una orden emitida por la pandemia para ayudar a gestionar la crisis en la frontera entre Estados Unidos y México.
Si se permite al gobierno de Biden anular la orden del Título 42 el próximo mes, se producirá un aumento de los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera, afirma la nueva demanda.
«La terminación ilegal de la política del Título 42 por parte de los demandados provocará un aumento significativo de la inmigración ilegal en Estados Unidos, con muchos inmigrantes que presentarán solicitudes de asilo sin fundamento», afirman en la demanda los fiscales generales de Arizona, Luisiana y Misuri.
Citaron reportes que citan a funcionarios del gobierno de Biden que proyectan que hasta 18,000 extranjeros ilegales podrían ser detenidos en la frontera cada día si se levanta la orden.
Además, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo recientemente a los periodistas que la terminación de la orden provocaría «una afluencia de personas a la frontera» y el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, dijo el lunes que «probablemente nos enfrentaremos a un aumento de los encuentros por encima de los altos niveles actuales».
En virtud del Título 42, los agentes fronterizos pueden expulsar rápidamente a los extranjeros ilegales porque pueden tener COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
«El Título 42 es una herramienta crucial para controlar la afluencia de extranjeros ilegales en nuestra frontera sur», dijo en un comunicado el fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, uno de los demandantes.
La orden se impuso por primera vez en marzo de 2020 durante el gobierno de Trump y ha permanecido en vigor desde entonces, aunque después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo se detuvo para los niños inmigrantes ilegales que llegan sin un adulto responsable.
Casi 90,000 inmigrantes fueron expulsados bajo la orden solo en febrero.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que emitieron la orden, anunciaron el viernes que le pondrían fin el 23 de mayo.
La decisión se tomó debido a «las condiciones actuales de salud pública y a una mayor disponibilidad de herramientas para combatir el COVID-19 (como vacunas y terapias altamente eficaces)», dijo la agencia. La Dra. Rochelle Walensky, directora de la agencia, escribió en la decisión de cese que los casos de COVID-19 han «disminuido rápidamente» desde el último aumento en enero, junto con las hospitalizaciones y muertes relacionadas con la enfermedad.
En la demanda federal, los fiscales generales afirman el trato dispar de la orden y otras políticas de la época de la pandemia.
«La Administración no ha considerado oportuno actuar sobre estas mejoras, por ejemplo, levantando el mandato de las mascarillas en los viajes en avión, de aflojar o derogar sus mandatos de vacunación, o poner fin a su implacable campaña para dar de baja a los miembros de nuestro ejército que han solicitado exenciones religiosas para los requisitos de vacunación, que han sido denegadas casi uniformemente», dijeron.
Los funcionarios republicanos también dijeron que la terminación es arbitraria y caprichosa, y por lo tanto viola la ley federal, porque los demandados no dieron aviso al público ni solicitaron comentarios, aunque el gobierno lo hizo cuando impuso la orden por primera vez.
Piden al tribunal que dictamine que el cese viola la Ley de Procedimiento Administrativo y que impida a los demandados poner fin al Título 42.
Los demandados son los CDC, Walensky y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
La mayoría de los demandados no respondieron a las solicitudes de comentarios. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se negó a comentar, y un portavoz dijo que la agencia no hace comentarios sobre los litigios pendientes.
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