Un grupo de fiscales generales de 18 estados liderados por republicanos presentó una demanda contra la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo del gobierno de Joe Biden, después de que esta publicara nuevas normas que amplían las protecciones del Título VII a los trabajadores transgénero.
La demanda, encabezada por el estado de Tennessee, se presentó el lunes ante el tribunal federal de Knoxville, Tennessee.
Junto con la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de la administración Biden, la demanda incluye como demandados a la presidenta de la EEOC, Charlotte Burrows, el Departamento de Justicia, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y la fiscal general adjunta de EE. UU. para la División de Derechos Civiles, Kristen Clarke.
En su demanda, los estados liderados por los republicanos alegan que la EEOC se extralimitó en sus competencias legales al publicar el 29 de abril nuevas directrices sobre acoso sexual que amplían «ilegalmente» las protecciones del Título VII contra la discriminación por razón de sexo para incluir la identidad de género.
Los estados argumentan que las nuevas directrices no solo podrían hacer responsables a los empleadores si ellos u otro empleado utilizan un nombre o pronombre que no coincide con la identidad de género preferida de un empleado, sino que también podrían hacerlos vulnerables a demandas si limitan el acceso a un cuarto de baño u otra instalación segregada por sexo —como una ducha o un vestuario— en función del sexo biológico y no de la identidad de género.
Según la demanda, las nuevas directrices también permitirían a los empleados transexuales llevar ropa acorde con su identidad de género.
«El documento de aplicación de la EEOC es un ejemplo de los recientes esfuerzos de la agencia federal para consagrar amplios mandatos de identidad de género sin el consentimiento del Congreso», afirma la demanda.
«Entre otras cosas, el Documento de la Aplicación declara que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles exige a todos los empleadores y empleados cubiertos que utilicen los pronombres preferidos de los demás; que permitan a las personas transgénero utilizar la ducha, el vestuario o el baño que corresponda a su identidad de género; y que se abstengan de exigir a los empleados que se atengan al código de vestimenta que corresponda a su sexo biológico».
Las directrices y la sentencia de la Corte Suprema
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los empleados y solicitantes de empleo contra la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo y origen nacional.
Los estados, en su demanda, concluyen que la EEOC amplió erróneamente el Título VII cuando extendió las protecciones para incluir la identidad de género.
Las nuevas directrices de la EEOC, publicadas en abril, reflejan una sentencia emitida en 2020 por la Corte Suprema, Bostock vs. Clayton County, en la que el más alto tribunal del país dictaminó que los empresarios no pueden discriminar por motivos de homosexualidad o identidad de género.
Según la EEOC, esa sentencia determinó que la discriminación por razón de sexo en virtud del Título VII incluye «la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género» y, en consecuencia, «el acoso por razón de sexo incluye el acoso basado en la orientación sexual o la identidad de género, incluida la forma en que se expresa esa identidad».
El gobierno de Biden afirmó que las nuevas directrices federales pretenden proteger a los transgénero estadounidenses de la discriminación en el lugar de trabajo.
En su demanda, los estados afirmaron estar de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de 2020, pero señalaron que el fallo era «limitado» en el sentido de que la Corte «sostuvo únicamente que despedir a un empleado ‘simplemente por ser homosexual o transgénero’ constituye discriminación ‘por (…) sexo'».
La sentencia no obliga a los empleadores a realizar adaptaciones con respecto a la identidad de género y la orientación sexual de los trabajadores, señalaron los fiscales generales.
«Castigo al usar de pronombres biológicamente precisos»
«Ni el Título VII, ni Bostock, ni ningún otro precedente federal da licencia a la EEOC para imponer un mandato de adaptación a la identidad de género, que no pasa el escrutinio de la cuestión principal y plantea problemas constitucionales», dice la demanda.
«Este nuevo régimen amenaza a Tennessee, a sus estados co-demandantes y a otros innumerables empleadores con acciones coercitivas y responsabilidad civil a menos que promuevan las preferencias de identidad de género de sus empleados», añadieron los estados.
Por otra parte, en una declaración emitida el lunes, el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, calificó las nuevas directrices de la EEOC de ataque a la «separación de poderes» de la legislación estadounidense.
«En Estados Unidos, la Constitución otorga el poder de hacer leyes a los representantes elegidos por el pueblo, no a comisionados que no rinden cuentas, y esta guía de la EEOC es un ataque a nuestra separación constitucional de poderes», dijo el fiscal general Skrmetti.
«Cuando, como en este caso, una agencia federal se dedica a gobernar sobre el pueblo en lugar de gobernar por el pueblo, socava la legitimidad de nuestras leyes y aleja a los estadounidenses de nuestro sistema legal», continuó el fiscal. «Esta táctica evasiva alrededor de nuestras instituciones constitucionales hace un mal uso del poder federal para eliminar los espacios privados de las mujeres y castigar el uso de pronombres biológicamente precisos, todo ello a expensas de los empleadores de Tennessee».
Junto con el estado de Tennessee, se sumaron a la demanda los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Misisipi, Misuri, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia y Virginia Occidental.
The Epoch Times se puso en contacto con la EEOC para solicitar sus comentarios.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas
noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
