Los estados se enfrentan a más de 1 billón de dólares en obligaciones futuras sin financiación en relación con las prestaciones de seguro de salud y de vida para sus empleados jubilados, un déficit creciente que asciende a unos 3100 dólares por cada persona en Estados Unidos, según un nuevo informe del Consejo Americano de Intercambio Legislativo (ALEC).
El ALEC, que ha sido atacado por grupos de defensa de la izquierda en los últimos años, se describe a sí mismo como «la mayor organización no partidista y voluntaria de legisladores estatales, con más de 2000 miembros en todo el país».
Su misión es «discutir, desarrollar y difundir políticas públicas modelo que amplíen los mercados libres, promuevan el crecimiento económico, limiten el tamaño del gobierno y preserven la libertad individual».
El nuevo estudio, el último de una serie anual del Centro de Reforma Fiscal Estatal de la ALEC, se produce después de que los críticos se quejaran durante años de que los estados con problemas de liquidez no financian adecuadamente sus obligaciones relacionadas con la jubilación, lo que ha permitido que esas sumas se acumulen.
Sus autores dicen que, «al final, el gobierno debe ser responsable de sus acciones». Sin cambios en las políticas, estas obligaciones podrían dar lugar a futuros aumentos de impuestos o, a recortes forzados de los servicios públicos básicos en los estados.
Hacer que los gobiernos utilicen «hipótesis actuales más prudentes y una mayor transparencia impide que los gobiernos estatales hagan promesas imposibles y permitan que se acumulen obligaciones no financiadas», afirma el informe.
Estos programas de prestaciones sin financiación para los empleados públicos jubilados entran en una categoría que los analistas fiscales llaman «otras prestaciones post empleo», o OPEB. La OPEB excluye los planes de pensión pública, pero incluye beneficios para los trabajadores jubilados como seguro médico, seguro de vida, seguro suplementario de Medicare y más. El estudio examinó 132 planes de OPEB desde el año fiscal 2013 a 2017, basándose en los más recientes Informes Financieros Anuales Completos (CAFR) e Informes de Valoración Actuarial.
«Aunque un billón de dólares es un error de redondeo en Washington, D.C., a nivel estatal, es una enorme amenaza para los programas del gobierno y para los contribuyentes», dijo Jonathan Williams, economista jefe y vicepresidente ejecutivo de políticas de ALEC, en una entrevista con The Epoch Times.
«Los gobiernos, si quieren gastar más dinero en nuevos programas, necesitan ver las responsabilidades de la OPEB como una amenaza, así que creo que hay algo que a ambas partes les gusta de abordar estas responsabilidades».
Las pensiones públicas han sido generalmente prefinanciadas al 80 por ciento para ser consideradas seguras, «pero ahora muchos de nosotros pensamos que el 100 por ciento es mejor». Los artículos de OPEB, por el contrario, no fueron generalmente prefinanciados en absoluto, afirmó.
«Los pasivos de OPEB han pasado desapercibidos, pero se han hecho más visibles como resultado de los cambios en las normas contables federales que obligan a los estados a incluirlos en sus balances», señaló Williams. Aun así, han sido «opacados» por los problemas fiscales en Detroit y Puerto Rico.
«Desafortunadamente, esta nueva transparencia nos ha dejado con estos enormes pasivos», indicó.
Los estados con los mayores pasivos de OPEB son California (166,600 millones de dólares), Nueva Jersey (130,400 millones de dólares), Nueva York (129,300 millones de dólares), Texas (115,700 millones de dólares) e Illinois (64,400 millones de dólares), según el estudio. Los estados con los pasivos de OPEB más pequeños son Nebraska y Dakota del Sur, que según Williams están empatados a cero porque no pagan la atención médica de los empleados jubilados, seguidos por Kansas (USD 285,000), Oklahoma (USD 9,1 millones) y Utah (USD 210,9 millones).
«Hay mucha tristeza en el informe», pero también hay un puñado de estados que están haciendo un buen trabajo para controlar las responsabilidades de OPEB, aseguró Williams.
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