Los demandantes en un caso de alto perfil, en que se presentaron evidencias de que las grandes compañías de tecnología se confabularon con los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para censurar a los usuarios de las redes sociales, están exigiendo la toma de declaraciones de 10 altos funcionarios, incluido el Dr. Anthony Fauci.
Los fiscales generales de Luisiana y Missouri y otros demandantes pidieron a un tribunal estadounidense en una reciente moción que se les permita interrogar a Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden; al agente especial del FBI Elvis Chan; la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca y actual comentarista de la MSNBC, Jen Psaki; al director de salud, Vivek Murthy, nombrado por Biden; y a Rob Flaherty, asistente adjunto del presidente.
También quieren interrogar a otros cinco funcionarios, entre ellos Carol Crawford, jefa de la rama de medios de comunicación digitales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
Aunque los correos electrónicos y otros documentos descubiertos revelaron una campaña de censura «enorme y de gran alcance», el hallazgo también «deja muy claro que los funcionarios federales frecuentemente se han involucrado en reveladoras y evidentes conversaciones con las empresas de medios sociales de forma oral, no por escrito», dijeron los demandantes en una declaración conjunta con los demandados.
«Tal vez no sea sorprendente que cuanto más alto sea el funcionario federal implicado, más probable parece que se haya basado en comunicaciones orales, en lugar de escritas, para presionar a las plataformas de redes sociales para que censuren», dice también la declaración.
Fauci, por ejemplo, se comunicó en una llamada telefónica de larga duración con algunos científicos que luego escribieron un artículo en el que fustigaron a otros que estaban abiertos a la teoría de que el virus COVID-19 procedía de un laboratorio de Wuhan, China, donde se detectaron los primeros casos de COVID-19.
Fauci también estuvo en contacto con el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, pero el contenido de las comunicaciones orales entre ambos «aún no ha sido revelado», dice la nueva presentación, fechada el 14 de octubre.
Fauci no ha hecho ninguna declaración bajo juramento sobre sus comunicaciones con las grandes empresas de tecnología e informática, como por ejemplo con Facebook, a pesar de que el juez que supervisa el caso ordenó al gobierno a que proporcione las respuestas a las preguntas, dijeron los demandantes.
El fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, y el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, los principales demandantes, ambos republicanos, anunciaron recientemente que tenían previsto solicitar las declaraciones, pero no identificaron a ningún funcionario al que fueran a tomar su declaración de posición.
Calendario propuesto
Los demandantes quieren que el juez de distrito, Terry Doughty, designado por Trump para supervisar el caso, dé luz verde a las 10 declaraciones de posición solicitadas. Si Doughty está de acuerdo, las declaraciones tendrían lugar en una franja de tiempo de 30 días.
Doughty ya accedió a la petición del demandante de acelerar la presentación de evidencias. Eso llevó a la producción de cientos de páginas de documentos, que reforzaron las afirmaciones de los demandantes sobre la colusión entre las grandes empresas de tecnología y el gobierno.
En esa orden, Doughty dijo que los demandantes pueden avisar a los demandados de cualquier declaración que quieran tomar y que las partes se deben reunir para conceder cualquier solicitud de toma de declaración.
Si las partes no se ponen de acuerdo sobre las deposiciones solicitadas, estas deben presentar una declaración conjunta en la que exponen sus diferencias.
Doughty tiene siete días para pronunciarse sobre la nueva presentación, que incluye objeciones de parte del gobierno.
Los abogados del Departamento de Justicia dijeron que los demandantes no suelen tomar más de 10 declaraciones durante el proceso normal de presentación de evidencias, y que tomar tantas durante el proceso de pruebas acelerado sería una carga demasiado pesada.
«Aunque un demandante rara vez tiene derecho a una presentación de pruebas acelerada, en este caso los demandantes han recibido una cantidad considerable. Los demandados produjeron más de 15,000 páginas de correos electrónicos no privilegiados y respondieron a numerosos interrogatorios. Los demandantes no pueden demostrar en esta fase del caso que hay justificación para la realización de más presentaciones de evidencias, en particular de gravosas tomas de declaraciones», dijeron los abogados.
Si se autoriza alguna declaración de posición, Doughty deberá excluir a los funcionarios que no fueron notificados originalmente para las peticiones de presentación de pruebas, a los funcionarios de alto rango y a algunos otros funcionarios, dijeron los abogados del gobierno.
Según los demandantes, los argumentos de la oposición carecen de fundamento y deben ser rechazados.
Las descripciones de algunos funcionarios, de demasiado «alto nivel» para exigirles la toma de declaración, son superadas por el hecho de que todos los funcionarios tienen conocimiento de primera mano del asunto y la información que poseen no puede obtenerse en otro lugar, dijeron los demandantes, refiriéndose a una sentencia de otro caso separado, Estados Unidos vs. Newman.
Incluso si los argumentos tuvieran mérito, Psaki es la única persona que encajaría en la designación de «alto nivel», y ya no ocupa un puesto en la administración, dijeron los demandantes.
Los otros diez
Los demandantes querían inicialmente interrogar a 20 funcionarios y exfuncionarios, pero después de las deliberaciones, redujeron su solicitud a 10.
La solicitud inicial incluía a Eric Waldo, asesor principal de Murthy; Max Lesko, jefe de personal de la Oficina del director de salud; Jay Dempsey, jefe del equipo de redes sociales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); Robert Silvers, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional; Matthew Masterson, exasesor principal de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras; y Nina Jankowicz, exdirectora de la clausurada Junta de Gobernanza de la Desinformación.
También se incluyó a Jennifer Shopkorn, directora de la Oficina del Censo; Zachary Henry Schwartz, asesor principal del jefe de personal de la Secretaría de Comercio; Samaruddin Stewart, exasesor del Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado; y Laura Dehmlow, alta funcionaria del FBI.
Los demandantes aún quieren interrogar a otras cuatro personas, además de Fauci, Chan, Psaki, Murthy, Flaherty y Crawford.
Se trata de la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, Jen Easterly; Lauren Protentis, funcionaria de la agencia de seguridad; Andrew Slavitt, exasesor de COVID-19 de la Casa Blanca; y Daniel Kimmage, coordinador en funciones del Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado.
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