Un veterano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijo que la demora en hacer públicos los documentos clasificados que el presidente Joe Biden retuvo de su época como vicepresidente equivale a una interferencia electoral.
«Los documentos fueron supuestamente descubiertos el 2 de noviembre. Las elecciones de mitad de periodo son el 8 de noviembre. Para mí, esto es interferencia electoral por omisión», dijo Mike Howell en una entrevista con The Epoch Times el 11 de enero.
«¿Alguien cree que si hubiera sido el presidente Trump o cualquier otro republicano, la noticia no se habría filtrado inmediatamente para obtener beneficios políticos? No hace falta que nos lo preguntemos: basta con ver todas las actualizaciones, comunicados y filtraciones afirmativas en el caso Trump», dijo en una declaración el 10 de enero.
Howell fue abogado del Departamento de Seguridad Nacional durante la presidencia de Donald Trump. Anteriormente trabajó como abogado en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, así como en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.
Ahora dirige el Proyecto de Supervisión en The Heritage Foundation, un think tank conservador.
El Proyecto de Supervisión está, en palabras de Howell, «demandando agresivamente a la Administración Biden» por las solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA).
«Estamos recopilando todo lo que podemos y esperamos que el Congreso haga uso de ello», dijo, señalando que las demandas FOIA son solo una de las tácticas de la organización.
En particular, Proyecto de Supervisión obtuvo un correo electrónico al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que muestra que él sabía que los migrantes haitianos no fueron azotados por agentes de la Patrulla Fronteriza en Del Río, Texas, el 24 de septiembre de 2021.
Sin embargo, durante una conferencia de prensa ese mismo día, Mayorkas no ofreció ninguna aclaración sobre las acusaciones de flagelación, en lugar de decir que las imágenes «dolorosamente conjuraron los peores elementos de la batalla en curso de nuestra nación contra el racismo sistémico».
Solicitudes FOIA
«Él [Mayorkas] optó por ignorar la información para preservar la narrativa de extrema izquierda sobre todo este incidente», dijo Howell en una entrevista con Heritage Foundation en 2022.
Proyecto de Supervisión presentó solicitudes FOIA ante el Departamento de Justicia y la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés) en relación con el material clasificado encontrado en el Centro Penn Biden.
«¿Por qué no se hizo pública esta información antes de las elecciones? Probablemente habría tenido una gran relevancia electoral», escribió Howell en su solicitud de FOIA al Departamento de Justicia.
Los demócratas han acusado con frecuencia a los republicanos de interferir en las elecciones, invocando desde leyes de identificación de votantes hasta leyes estatales de integridad electoral.
Ahora, los republicanos se centran en la supresión aparentemente coordinada de noticias antes de las elecciones nacionales en una narrativa de interferencia electoral propia.
El incidente del Centro Penn Biden, que podría haber estallado antes de las elecciones de mitad de periodo de 2022, se produce apenas dos años después de que la historia de la laptop Hunter Biden fuera cerrada en el período previo a las elecciones de 2020.
«La gente tiene que ser consciente de que nuestras elecciones, cuando ocurren cosas como esta, no son libres y justas», dijo Howell.
Viene junto con las solicitudes de Supervisión de la Cámara
Las solicitudes de FOIA de Proyecto de Supervisión llegan al mismo tiempo que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ahora bajo control republicano, inicia su propia investigación sobre los documentos de Biden.
En una carta enviada el 10 de enero al abogado de la Casa Blanca, Stuart Delery, el representante James Comer (R-Ky.) escribió que al comité que ahora dirige le «preocupa que el presidente Biden haya puesto en peligro fuentes y métodos con su propia manipulación de documentos clasificados».
«El comité espera que el presidente Biden reciba el mismo trato ante la ley, dado que mantuvo documentos clasificados en su oficina no segura durante varios años con acceso a un número desconocido de personas», dice la carta.
Howell cree que las solicitudes FOIA de Proyecto de Supervisión complementarán el proceso de acomodación del Comité de Supervisión de la Cámara.
«El proceso de acomodación» se refiere a las negociaciones constitucionalmente sólidas entre diferentes ramas del gobierno, en particular cuando la rama legislativa busca información de la rama ejecutiva.
El Comité Judicial de la Cámara ha descrito el proceso de acomodación como «la piedra angular de la actividad investigadora del Congreso».
«Ahora, el gobierno de Biden se ve obligado a lidiar con peticiones de documentos desde dos ángulos diferentes en dos procedimientos legales distintos», dijo Howell.
Prevé una lucha larga y dura para obtener respuestas.
«Esta va a ser la administración más obstruccionista de la historia», dijo Howell.
Espera obstruccionismo por parte de la NARA, recientemente en los titulares por su remisión al Departamento de Justicia en relación con los documentos en Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, la base de una orden de registro posterior emitida por el FBI.
El NARA no hizo ninguna remisión paralela en relación con los archivos de la vicepresidencia de Biden.
«El cielo no permita que los Archivos, que son esencialmente los bibliotecarios de este país, actúen de forma apolítica», dijo Howell.
Howell cree que las investigaciones que se avecinan harán que algunos de los principales nombres del NARA aparezcan en los titulares.
Howell predijo que la archivera interina de Estados Unidos, Debra Wall, será «la Lois Lerner de esta administración».
Durante el gobierno de Obama, Lerner dirigió a los agentes del IRS que tenían como objetivo a los grupos conservadores.
Tras hacer valer ante el Congreso su derecho a no autoinculparse en virtud de la Quinta Enmienda, se jubiló con una pensión completa.
Los funcionarios de la NARA y del Departamento de Justicia no respondieron al momento de la publicación de este artículo a las solicitudes de The Epoch Times.
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