Enojo y frustración fueron los sentimientos expresados por los miembros bipartidistas del Comité de Inteligencia del Senado el 25 de enero, por la falta de acceso a los documentos clasificados encontrados en las casas del presidente Joe Biden, el expresidente Trump y el exvicepresidente Mike Pence.
El presidente del Comité de Inteligencia, Mark Warner (D-Va.) y el vicepresidente Marco Rubio (R-Fla.), afirmaron que la administración Biden ha estado bloqueando sus esfuerzos de supervisión, de acuerdo a declaraciones a los periodistas en el Capitolio después de una sesión informativa clasificada con la directora nacional de Inteligencia, Avril Haines.
«Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que, en nuestra función de supervisión de los servicios de inteligencia, sepamos si se ha puesto en peligro algún servicio de inteligencia», señaló Warner.
Los miembros del Congreso solicitaron acceso a los materiales —o al menos una evaluación de riesgos que detalle la información que contienen— desde el descubrimiento de los documentos en la finca de Trump en Mar-a-Lago, Florida, el verano pasado. Pero dicen que la administración se ha opuesto, argumentando que no pueden proporcionar ese acceso, ya que dos abogados especiales del Departamento de Justicia (DOJ) están investigando el mal manejo de los documentos por parte de Trump y Biden.
Rubio, sin embargo, dijo que la posición de la administración era «insostenible» e indicó que «la información que estamos pidiendo no tiene ninguna relación o de ninguna manera interferiría con una investigación criminal».
Esta también desafía los precedentes, argumentaron los senadores, ya que durante la investigación del DOJ sobre Rusia, los comités tuvieron acceso a los materiales clasificados que formaban parte de la investigación del entonces abogado especial Robert Mueller.
Warner, afirmando que había un amplio acuerdo entre los miembros del comité sobre el asunto, agregó que «literalmente, cada miembro del comité, sin excepción, dijo que esto no se tolerará».
Uno de los posibles medios de represalia de que dispone el comité es la retención de fondos de la comunidad de inteligencia hasta que se conceda acceso a los materiales clasificados, una medida que Rubio insinuó a principios de esta semana.
«No estoy en el negocio de las amenazas en este momento», dijo el senador. «Pero solo estoy diciendo que cada año este comité tiene que autorizar cómo se gasta el dinero en las agencias [de Biden]».
El senador Tom Cotton ( R-Ark.) se basó en eso el miércoles, sugiriendo que el comité también podría bloquear la consideración de los nominados de Biden.
«Hasta que la administración deje de poner trabas al Congreso», dijo Cotton, «habrá dolor para ellos, como consecuencia».
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional declinó hacer comentarios sobre las declaraciones de los senadores.
3 Investigaciones
En agosto, el FBI allanó la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, recogiendo cajas de material presuntamente clasificado que había sido almacenado allí desde que el expresidente dejó el cargo. Tres meses después, en noviembre, el abogado especial, Jack Smith, fue nombrado para dirigir la investigación del DOJ sobre el asunto.
Ese mismo mes, se descubrieron documentos clasificados en un anterior despacho de Biden en el Penn Biden Center, de Washington y, en diciembre, se encontraron otros documentos en su residencia de Wilmington, Delaware. Pero ninguno de los dos descubrimientos se hizo público hasta el 9 de enero, cuando los medios de comunicación publicaron la noticia y la Casa Blanca la confirmó.
Desde entonces, se han encontrado otros conjuntos de documentos en el domicilio de Biden, el último de los cuales es el resultado del registro efectuado por el Departamento de Justicia, el 20 de enero.
En una declaración, el abogado personal de Biden, Bob Bauer, informó que «El Departamento de Justicia tomó posesión del material que consideró dentro del ámbito de su investigación, incluidos seis artículos consistentes en documentos marcados como clasificados y materiales circundantes, algunos de los cuales procedían del servicio del presidente en el Senado y otros de su mandato como vicepresidente. El DOJ también se llevó para su posterior revisión notas manuscritas personales de los años de vicepresidente».
El registro se produjo tras el nombramiento el 12 de enero del abogado especial, Robert Hur, para dirigir la investigación del DOJ sobre ese caso.
Hasta el momento, no se ha designado un abogado especial en el caso de Pence, cuyos abogados informaron a través de una carta del 18 de enero dirigida a los Archivos Nacionales y Administración de Registros, que habían encontrado «un pequeño número» de documentos clasificados en la casa del exvicepresidente en Indiana.
Según el equipo legal de Pence, los documentos fueron descubiertos el 16 de enero después de que él contratara a un asesor externo para realizar una revisión de los registros almacenados en su residencia. Pence eligió hacer la búsqueda después de enterarse de los documentos clasificados que se habían descubierto en la residencia de Biden en Delaware.
En sus comentarios del miércoles, Warner enfatizó la gravedad de las tres investigaciones y sostuvo que eran evidencia de un problema que ha estado «burbujeando durante algún tiempo».
“Nosotros tenemos un sistema fallido”, dijo el senador, “y tenemos que arreglar esto para todas las personas que dejan el gobierno y para aquellos dentro del gobierno, sobre cómo ellos manejan los documentos”.
Con información de Associated Press
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