Más de 100 organizaciones de todo el mundo se reunieron esta semana en una conferencia por Internet para arrojar luz sobre uno de los crímenes más atroces del Partido Comunista Chino—matar a presos de conciencia para abastecer a la industria lucrativa china de trasplantes de órganos.
Según los organizadores del evento del 24 de febrero, patrocinado conjuntamente por la Coalición Internacional para Poner Fin al Abuso de Trasplantes y la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo, durante las últimas dos décadas el PCCh ha estado «ejecutando sistemáticamente a personas a petición» para proporcionar órganos para trasplantes.
“Para las víctimas, que incluyen a presos políticos, practicantes de Falun Gong y uigures, no se trata solo de la sustracción de sus órganos, es también una sustracción de su vida”, dijeron los organizadores al anunciar la conferencia.
«Para el resto de nosotros, esto roba nuestra humanidad y envenena para siempre nuestra capacidad de ser humanos», agregaron.
La conferencia reunió a funcionarios y dignatarios de más de 25 países, 117 organizaciones y 12 universidades de todo el mundo. El orador principal fue Sir Geoffrey Nice QC, quien dirigió el enjuiciamiento del expresidente serbio Slobodan Milošević en la ONU y más recientemente presidió el Tribunal de China, un tribunal popular que investiga la sustracción forzada de órganos.
Entre los oradores invitados se encontraban el abogado canadiense de derechos humanos David Matas; Sean Lin, director de comunicaciones de la Asociación de Falun Dafa en Washington, D.C.; y Wendy Rogers, profesora de Ética Clínica en la Universidad Macquarie en Sydney, Australia.
“Claramente, el Partido Comunista Chino tiene la responsabilidad final de la sustracción forzada de órganos. Es el PCCh el que ha autorizado la persecución de grupos de víctimas y ha permitido el desarrollo de trasplantes de órganos a escala industrial en China”, dijo Rogers en la conferencia.
Llamado a acciones internacionales contra el PCCh
Los crímenes de sustracción de órganos del PCCh fueron expuestos por primera vez por Matas y el exministro de gabinete David Kilgour a comienzos de la década del 2000, cuando investigaron las acusaciones de sustracción forzada de órganos a presos de conciencia de Falun Gong en China. Falun Gong, o Falun Dafa, es una práctica de meditación tradicional basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, y sus practicantes han sido objeto de una campaña de persecución por parte del PCCh desde 1999.
Su investigación culminó en un informe titulado publicado en 2006, el cual encontró que las acusaciones eran ciertas y que la sustracción de órganos fue autorizada por el estado. A esto le acompañó un libro (pdf) titulado «Cosecha sangrienta: informe revisado sobre las denuncias de sustracción de órganos de practicantes de Falun Gong en China».
Xiaoxu Lin, director de comunicaciones de la Asociación de Falun Dafa en Washington, D. C., dijo al grupo que es hora de que la comunidad internacional tome acciones directas contra el régimen de Beijing.
“Si no se trata directamente con el Partido Comunista Chino, la [práctica] de la sustracción forzada de órganos en China no se detendrá”, dijo Lin, un sobreviviente de la masacre de la Plaza Tiananmen de 1989.
Matas dijo que los países de todo el mundo deberían promulgar leyes para prohibir que sus ciudadanos vayan a China para recibir trasplantes, ya que el PCCh dirige el sistema legal chino y no se puede esperar que sus propias leyes procesen los crímenes de sustracción forzada de órganos.
«Ahora mismo, para muchos países, si una persona mata a alguien en su propio país para obtener sus órganos, esa persona habrá cometido un crimen. Pero si la persona va a China por los órganos sustraídos de un preso de conciencia, la persona no ha cometido ningún crimen en su propio país, y cualquier crimen que pueda haber cometido en China no será procesado», dijo.
Matas sugirió también usar la legislación Magnitsky, con la cual un país puede nombrar públicamente a una persona por ser cómplice en violaciones de derechos humanos, prohibir el ingreso a la persona y congelar sus activos en ese país. Varios países tienen su propia versión de la ley Magnitsky, incluyendo a Canadá y Estados Unidos.
«Esta no ha sido utilizada para aquellos identificados como cómplices en la sustracción forzada de órganos en China», dijo Matas, y agregó: «Se ha pedido a las autoridades de varios países que tienen esta legislación que agreguen a los autores de la sustracción forzada de órganos en China a su lista de la Ley Magnitsky».
Kilgour instó a los participantes de la conferencia a presionar a sus gobiernos para que boicoteen los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, así como a las empresas que podrían estar utilizando productos fabricados mediante trabajo forzado en la región china de Xinjiang.
«Cualquier acuerdo con China sobre cualquier asunto debe incluir una insistencia en que esta práctica bárbara se detenga de inmediato, junto con un mecanismo mediante el cual dicha interrupción sea verificable», dijo Kilgour.
“Los gobiernos y empresas responsables de todo el mundo, incluido Canadá y, espero, en todos sus países, se unan a EE. UU. y Australia para boicotear a cualquiera que haga negocios en Xinjiang, ya que la esclavitud en sus campos de internamiento está envenenando las cadenas de suministro de numerosas empresas conocidas de naciones democráticas”, agregó.
El Subcomité de Derechos Humanos Internacionales de Canadá estima que aproximadamente 2 millones de uigures y musulmanes turcos están recluidos en campos de concentración en Xinjiang, convirtiéndola en la mayor detención masiva desde el Holocausto.
Medidas en Canadá
El 22 de febrero de 2021, los parlamentarios canadienses votaron unánimemente a favor de una moción conservadora que declaraba la opresión de los uigures y otros musulmanes turcos por parte de Beijing como un acto de genocidio.
La senadora Marilou McPhedran dijo en la conferencia que Canadá presentó un proyecto de ley en el Senado que modificaría el Código Penal y la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados en relación con el tráfico de órganos humanos.
“El nuevo crimen creado en la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados sería dejar muy claro que cualquier prueba de tráfico de órganos humanos o de seres humanos supondría una denegación automática de cualquier ingreso a Canadá», dijo McPhedran.
El parlamentario Sameer Zuberi dijo que había escuchado sobre cómo un sobreviviente uigur de los campos de concentración de Xinjiang fue sometido a un examen físico.
“Este individuo uigur, este individuo que no había cometido ningún crimen, fue detenido sin cargo alguno, él no sabía por qué estaba allí, pero este era el examen al que estuvo sujeto. Él pensó que lo diseccionarían allí sobre la mesa”, dijo Zuberi.
También señaló que ha habido artículos en los medios de comunicación sobre estudiantes, que son de origen uigur u otros orígenes minoritarios, que han sido convocados a la embajada y consulados chinos en Canadá para proporcionar muestras de sangre.
«¿Por qué? Buena pregunta. Pero sabemos que las muestras de sangre, cuando se otorgan (…) allanan el camino para permitir que los órganos se sustraigan más fácilmente”, dijo.
En diciembre de 2020, los legisladores de EE. UU. presentaron una legislación para sancionar la sustracción forzada de órganos. Esta fue presentada en el Senado por el senador Tom Cotton y en la Cámara por los representantes Chris Smith y Tom Suozzi.
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