Los estados conservadores de todo el país —Florida, Iowa, Luisiana, Tennessee, Georgia y Oklahoma— están tomando en sus propias manos los asuntos de seguridad fronteriza, proponiendo o aprobando leyes contra la inmigración ilegal.
La legislatura de Oklahoma acaba de aprobar un proyecto de ley destinado a prohibir que los inmigrantes ilegales entren o vivan en el estado.
La ley HB 4156 establece: «Una persona comete una ocupación inadmisible si es extranjero y, voluntariamente y sin permiso, entra y permanece en el Estado de Oklahoma sin haber obtenido antes autorización legal para entrar en Estados Unidos».
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado del estado por amplios márgenes y se espera que el gobernador Kevin Stitt, republicano, lo convierta en ley.
La legislatura declaró el asunto una crisis en el estado y declaró en el proyecto de ley: «En todo el estado, las fuerzas del orden entran en contacto diario y cada vez más frecuente con extranjeros que ingresaron ilegalmente en el país o que permanecen aquí ilegalmente».
«A menudo, estas personas están involucradas con el crimen organizado, como los cárteles de droga, no respetan las leyes de Oklahoma ni la seguridad pública, y producen o están involucradas en la distribución de fentanilo, el tráfico sexual y el tráfico de mano de obra».
Según la nueva ley, una condena relacionada con la «ocupación no permitida» se consideraría un delito menor, punible con hasta un año de cárcel en una prisión del condado, una multa de hasta 500 dólares, o ambas cosas.
Los delitos posteriores son delitos graves, castigados con hasta dos años de prisión, una multa de hasta 1000 dólares, o ambas cosas.
Los inmigrantes ilegales que tengan prohibida la entrada en el país o hayan recibido una orden de expulsión de un juez de inmigración y entren en Oklahoma se enfrentarán a un cargo de delito grave que puede conllevar una pena de hasta dos años de prisión, una multa de hasta 1000 dólares o ambas cosas.
En todos los casos, los declarados culpables deben abandonar Oklahoma en las 72 horas siguientes a su condena o a su puesta en libertad.
La ley obliga a la policía a recoger huellas dactilares, fotografías y datos biométricos, que se cotejarán con las bases de datos de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma.
«El fracaso del gobierno federal para hacer frente a este problema … ha convertido a cada estado en un estado fronterizo», dijo el patrocinador del proyecto de ley el representante estatal Charles Sr. McCall en un comunicado.
«Aquellos que quieren trabajar a través del proceso de venir a nuestro país legalmente son más que bienvenidos a venir a Oklahoma; nos encantaría tenerlos aquí. No vamos a recompensar [la inmigración ilegal] en Oklahoma, y vamos a proteger nuestras fronteras estatales».
Las autoridades fronterizas estadounidenses han detenido a más de 9 millones de inmigrantes ilegales en todo el país bajo la presidencia de Joe Biden, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteriza (CBP).
En virtud de la política de captura y liberación de la administración, muchos han sido puestos en libertad en Estados Unidos y han establecido su residencia en todo el país.
La ley de Texas, Senate Bill 4, tipifica como delito estatal ingresar a Texas fuera de los puertos de entrada legales.
La nueva ley iba a entrar en vigor en marzo, pero ha sido detenida y está actualmente bloqueada en los tribunales.
Nuevas leyes en Iowa, Tennessee y Georgia
A principios de este mes, la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, promulgó el expediente 2340 del Senado.
La nueva ley, que entrará en vigor el 1 de julio, tipifica como delito menor estar en el estado o intentar entrar en él después de haber sido deportado, de que se le haya denegado la admisión en Estados Unidos o de tener una orden de deportación pendiente.
Estar ilegalmente en el estado se convierte en delito grave bajo ciertas circunstancias, como que el acusado tenga dos o más condenas por delitos menores relacionados con drogas o delitos contra una persona.
Al igual que la ley de Texas, otorga a los jueces la facultad discrecional de retirar los cargos si el inmigrante ilegal acepta regresar al país desde el que entró en Estados Unidos.
«Los que entran ilegalmente en nuestro país han infringido la ley, pero Biden se niega a deportarlos», declaró la Sra. Reynolds en un comunicado de prensa.
«Este proyecto de ley da a la aplicación de la ley de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer: hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes».
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó este mes una nueva ley que obliga a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a comunicarse con las autoridades federales de inmigración si descubren que hay personas en el país ilegalmente, exigiendo en la mayoría de los casos la cooperación en el proceso de identificación, captura, detención y deportación.
La ley entra en vigor el 1 de julio.
«Cuando se produce una interacción con las fuerzas del orden, es importante que se notifique a las autoridades competentes la situación de ese individuo», declaró el republicano Lee a la prensa tras firmar la ley. «Creo que eso tiene sentido. Por lo tanto apoyo esa legislación».
Los miembros de la Cámara de Representantes Tennessee culparon a la falta de aplicación de la ley en la frontera por parte del Presidente Biden.
«La administración del presidente Biden ha llevado este dolor a nuestras puertas», dijo el representante estatal de Tennessee Chris Todd en la Cámara.
En Georgia, los legisladores aprobaron el proyecto de ley 1105, que requerirá que los carceleros a comprobar el estatus migratorio de los reclusos.
El proyecto de ley es parte de una respuesta política en curso al asesinato en febrero de la estudiante de enfermería Laken Riley en el campus de la Universidad de Georgia, presuntamente por un inmigrante ilegal de Venezuela.
El hombre, José Antonio Ibarra, fue arrestado en febrero acusado de asesinato y agresión por la muerte de la joven de 22 años.
Las autoridades de inmigración afirman que Ibarra, de 26 años, entró ilegalmente en Estados Unidos en 2022. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó al senador Lindsey Graham (R-S.C.) que Ibarra fue puesto en libertad condicional debido a «problemas de capacidad» en los centros de detención fronterizos.
El proyecto de ley de Georgia fue enviado a la mesa del gobernador republicano Brian Kemp el 3 de abril y está a la espera de su firma, momento en el que la mayoría de las medidas entrarían en vigor inmediatamente.
Luisiana, Arizona, New Hampshire
El vecino de Texas, Luisiana, está estudiando la aprobación de la SB 388, un proyecto de ley dirigido por el Partido Republicano que permitiría a la policía estatal detener a presuntos inmigrantes ilegales dentro del estado.
La ley fue aprobada por la cámara el 8 de abril siguiendo la línea de los partidos y se dirige a la Cámara de Representantes, también controlada por los republicanos.
«Luisiana está un paso más cerca de asegurar nuestra frontera y abordar nuestra crisis de inmigración ilegal», publicó en X la senadora estatal republicana Valarie Hodges, promotora del proyecto de ley.
El disputado estado de Arizona aprobó una ley similar a la HB 4 de Texas, pero su gobernadora demócrata Katy Hobbs la vetó.
Ello inspiró a la Asamblea Legislativa a redactar un proyecto de ley que se presentará a los votantes en noviembre y que obligaría a las empresas a utilizar E-verify. E-verify es un servicio federal voluntario en línea para que las empresas comprueben la idoneidad de un empleado para trabajar en Estados Unidos cotejándola con los registros del Departamento de Seguridad Nacional y la Seguridad Social.
New Hampshire, gobernado por los republicanos, aprobó el proyecto de ley SB 504, que permite a la policía presentar cargos penales por invasión de propiedad privada contra personas sospechosas de entrar ilegalmente en Estados Unidos desde Canadá. La medida debe ser aprobada por la Cámara para avanzar.
Ciudades y condados
Ciudades y condados de estados rojos y azules también están luchando de forma creativa para impedir que los inmigrantes ilegales entren en sus jurisdicciones.
«Básicamente los dejan en la puerta de su casa», afirma Jessica Vaughan, directora de estudios políticos del Centro de Estudios sobre Inmigración, un grupo de reflexión «proinmigración y de baja inmigración».
En junio de 2023, la ciudad de Nueva York del alcalde demócrata Eric Adams demandó a más de 30 gobiernos locales de Nueva York alegando que habían emitido órdenes ejecutivas ilegales que prohibían el alojamiento temporal de inmigrantes ilegales en sus jurisdicciones.
Condados como Orange y Rockland, al norte del estado de Nueva York, lograron utilizar las leyes locales de zonificación para impedir que el alcalde trasladara en autobús a inmigrantes ilegales para que vivieran en sus hoteles.
La Corte Suprema del estado concedió a Rockland una orden de restricción temporal contra el plan del alcalde después de que el condado argumentara que las leyes locales de zonificación prohíben que los hoteles funcionen como refugios.
El condado de Orange obtuvo una sentencia similar.
Del mismo modo, la ciudad de Taunton, Massachusetts, utilizó la zonificación para impedir que los inmigrantes ilegales vivieran en hoteles, dijo la Sra.Vaughan.
En mayo de 2023, el estado pagaba millones de dólares para alojar a unas 120 familias de inmigrantes y personas sin hogar en un hotel local de largo plazo.
Los líderes de la ciudad de Taunton presentaron una demanda contra el hotel, alegando que infringió el límite de ocupación durante casi cuatro meses. La ciudad pretende recaudar 114,600 dólares en multas.
Los residentes de estas pequeñas comunidades suelen tener dificultades para encontrar vivienda y obtener servicios que los inmigrantes ilegales obtienen gratuitamente, señaló Vaughan.
«Ahora pagan impuestos, esencialmente, para mantener a estos inmigrantes ilegales en su ciudad. Las escuelas tienen que acogerlos. Y eso supone un costo enorme para los contribuyentes locales», dijo.
En el condado de Mesa, en Colorado, los comisionados aprobaron en febrero una resolución por la que declaraban al condado «condado no santuario» y denegaban refugio y servicios a los extranjeros ilegales enviados allí por el gobierno estatal o federal, explicó.
Los comisionados también aprobaron una resolución para enviar una carta al alcalde de Denver, Mike Johnston, informándole que el condado no tiene previsto ayudar a la ciudad a hacer frente a su aumento de inmigrantes ilegales.
La Sra. Vaughan dijo que cree que otros estados están esperando a ver qué pasa con algunas de las leyes de Texas, como la SB 4, destinadas a disuadir la inmigración ilegal.
«Creo que la sensación entre la mayoría de los funcionarios estatales y locales con los que he hablado al respecto es que están observando y esperando que el tribunal les marque algunos límites sobre lo que pueden y no pueden hacer», dijo.
Leyes de Florida
Cuando se trata de hacer la vida más difícil a los inmigrantes ilegales mediante la legislación, Florida ha demostrado ser tan agresiva como Texas.
Además de reforzar la aplicación de la ley para ayudar a la Guardia Costera de Estados Unidos a detectar inmigrantes y enviar a la Guardia Nacional de Florida a Texas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha aprobado leyes para disuadir a los extranjeros ilegales de permanecer en el Estado del Sol.
El gobernador republicano firmó la ley SB 1718 en 2023, que fue criticada por la izquierda como una de las leyes más anti-imigrantes de todo el país.
La ley exige que las empresas privadas con 25 o más empleados a utilizar E-verify, penalizará a los empresarios que contraten a extranjeros ilegales y aumenta las penas por el tráfico de personas.
Además, el proyecto de ley prohíbe expedir una licencia de conducir a quienes no puedan demostrar que se encuentran legalmente en Estados Unidos, e invalida las tarjetas de identidad expedidos a extranjeros ilegales en otros estados.
Los gobiernos locales tienen prohibido expedir documentos de identidad a extranjeros ilegales, y los hospitales deben recopilar y presentar datos sobre los costos de brindar atención médica a extranjeros ilegales.
Los grupos de izquierda no tardaron en presentar demandas para bloquear algunas partes de la ley.
Este año, Florida redobló la legislación.
La ley HB 1451 prohíbe a los condados financiar a grupos para emitir identificaciones para extranjeros ilegales o aceptar identificaciones de aquellos se sabe que se encuentran en el país ilegalmente.
La SB 1036 aumenta las penas para los extranjeros ilegales que son deportados y luego vuelven a cometer un delito en Florida. HB 1589 aumenta las penas por el delito de conducir sin un permiso de conducir válido.
En Florida, el sheriff del condado de Monroe, Rick Ramsay, cuya jurisdicción abarca los Cayos de Florida, conoce de primera mano la carga que suponen los inmigrantes ilegales para una comunidad.
El Sr. Ramsay aplaudió los esfuerzos de Florida y Texas para detener la «invasión» de extranjeros.
«Sin lugar a dudas, las medidas disuasorias funcionan», declaró a The Epoch Times.
En su condado, que se extiende a lo largo de los Cayos de Florida, eso es importante porque las fuerzas de seguridad locales a menudo tienen que tomar el relevo cuando no hay suficientes agentes de la Patrulla Fronteriza para hacer frente a los barcos cargados de inmigrantes ilegales, dijo.
El año pasado, cuando cientos de inmigrantes haitianos y cubanos llegaron a tierra, el Sr. Ramsay dijo que sus recursos fueron desviados para tratar con ellos que normalmente se utilizarían para ayudar a los ciudadanos del condado de Monroe.
«Así que la población local tuvo que ocuparse de todos esos inmigrantes que llegaban con problemas de atención médica, alimentos, alojamiento y transporte, porque aquí no había un sistema [federal]», explicó.
Si un inmigrante ilegal tiene una urgencia médica y debe ser trasladado en avión a un hospital, eso le resta tiempo para atender a los contribuyentes residentes, dijo.
Este veterano agente de las fuerzas del orden, que lleva 37 años en el cuerpo, afirma que la experiencia le ha enseñado que lo importante es enviar mensajes.
Los extranjeros ilegales hablan entre sí sobre qué estados son amistosos y dan los mejores beneficios, qué ciudades son ciudades santuario y qué estados son más propensos a tomar medidas contra ellos, dijo.
«Así, vemos a Florida con una menor cantidad de inmigrantes que vienen aquí», dijo.
Pero ese mensaje ha caído en oidos sordos en algunos lugares de Florida.
En marzo, la ciudad de Hialeah, en el sur de Florida, votó a favor de amonestar al gobierno de Biden por su política de fronteras abiertas debido a la afluencia de inmigrantes ilegales que han agotado sus recursos.
El alcalde y el ayuntamiento de Hialeah se pusieron creativos. Aprobaron una ordenanza que restringía el alquiler de vehículos recreativos, que creían estaban siendo utilizados como vivienda por extranjeros ilegales procedentes de Cuba y Haití.
El gobierno de Biden adoptó un enfoque discreto contra la inmigración ilegal utilizando la libertad condicional.
La política de libertad condicional se creó hace años para permitir a los presidentes dejar entrar a personas caso por caso por «razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo».
La administración Biden, que la ha estado utilizando de forma masiva, ha sido criticada por su uso sin precedentes de la autoridad.
Entre bastidores, 326,000 inmigrantes ilegales que han sido acogidos al sistema de libertad condicional han aterrizado en Miami, y miles más han llegado a otros lugares como Houston, según el Centro de Estudios de Inmigración.
Este mes, el Sr. DeSantis calificó el programa de «ilegal» y se comprometió a combatirlo.
Esfuerzos en Texas
La frontera de Texas con México, que serpentea unos 1254 kilómetros a lo largo del Río Grande, es el epicentro de la crisis fronteriza de Estados Unidos.
La eterna lucha del gobernador de Texas, Greg Abbott, contra la política de fronteras abiertas de la administración Biden, ha situado a Texas en el centro de atención, con el apoyo de otros gobernadores de estados republicanos.
El Estado de la Estrella Solitaria se ha centrado en la disuasión y la aplicación de la ley, gastando más de 4500 millones de dólares en la Operación Estrella Solitaria desde 2021, y los legisladores han asignado otros 5100 millones de dólares en 2023.
El programa financia un muro fronterizo construido por el estado, más agentes de policía y miembros de la Guardia Nacional de Texas en la frontera, así como recursos para procesar y encarcelar a inmigrantes ilegales por cargos estatales como allanamiento y evasión de arresto.
La SB 4 estaba programada para entrar en vigor el 5 de marzo, pero quedó en suspenso después de que el gobierno de Biden y organizaciones sin ánimo de lucro de izquierdas interpusieran una demanda.
Según la SB 4, los inmigrantes ilegales que entren en Texas fuera de los puertos de entrada legales pueden ser detenidos por delitos menores de clase B y sentenciados a penas de hasta seis meses de cárcel. Sin embargo, los reincidentes podrían enfrentarse a cargos de delito grave de segundo grado y penas de hasta 20 años de prisión.
La nueva ley de Texas permite a los jueces retirar los cargos si los inmigrantes ilegales aceptan regresar a México.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió brevemente que la ley entrara en vigor tras devolverla a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
Luego la corte de apelaciones suspendió la ejecución mientras consideran la última apelación.
Texas también ha construido varios kilómetros más de muro fronterizo y ha utilizado contenedores de transporte y alambre de púas para bloquear el fácil acceso de los inmigrantes ilegales que cruzan el río desde México. El estado también ha colocado boyas en medio del Río Grande para impedir la entrada.
Podría decirse que el Sr. Abbott ha llevado el problema de la inmigración ilegal al primer plano de la política estadounidense a través de la Operación Lone Star, al trasladar en autobús a más de 100,000 inmigrantes ilegales a ciudades santuario como Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles, así como al Distrito de Columbia desde 2022. Las jurisdicciones santuario tienen leyes que protegen a los inmigrantes ilegales de las autoridades federales de inmigración.
Con el transporte de inmigrantes ilegales a esas ciudades por parte del gobierno de Biden, las ciudades se vieron rápidamente desbordadas, lo que supuso una carga para los presupuestos y causó estragos en los recursos comunitarios para proporcionar alimentos, refugio y atención médica.
En la ciudad de Nueva York, los inmigrantes ilegales se alojan en hoteles e incluso en tiendas de campaña. Un plan para utilizar los gimnasios de las escuelas locales como refugios temporales se desechó tras desatar la indignación de los padres.
El alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, ha criticado duramente al gobernador republicano de Texas por exportar inmigrantes ilegales, calificándolo de «matón».
En enero, el Sr. Adams firmó una orden ejecutiva que estipulaba que los autobuses con inmigrantes ilegales debían llegar entre las 8:30 de la mañana y el mediodía y avisar a la ciudad con 32 horas de anticipación.
Ese mismo mes, la ciudad de Nueva York presentó una demanda contra 17 empresas de autobuses por transportar inmigrantes ilegales a la ciudad.
El alcalde pidió ayuda a los líderes estatales para reasentar a 68,000 inmigrantes ilegales bajo el cuidado de la ciudad a partir de diciembre de 2023.
El verano pasado, la ciudad de Nueva York se enfrentó a un déficit presupuestario multimillonario debido a la creciente crisis e inició recortes en los departamentos de policía y bomberos, según un comunicado de prensa de la ciudad de Nueva York.
Durante una conferencia de prensa de diciembre de 2023, Adams reconoció que «los residentes están enojados» y cansados de la crisis.
«Está claro que, de momento, esta crisis la van a llevar las ciudades», dijo.
Mientras tanto, las tácticas de Abbott se han vuelto cada vez más desafiantes.
En un dramático enfrentamiento en enero, la Guardia Nacional de Texas se apoderó del Parque Shelby, situado en la frontera, y colocó una puerta de alambre en la entrada, bloqueando la entrada a los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense a menos que fuera para utilizar la rampa para botes para patrullar el río.
El parque de 47 acres, propiedad de la ciudad de Eagle Pass, estaba siendo utilizado como zona de espera para los agentes de la Patrulla Fronteriza bajo la dirección de la administración Biden para procesar una ola de miles de inmigrantes ilegales que cruzarían el Río Grande en diciembre de 2023.
Ahora, el área de drenaje del interior del parque, que alguna vez estuvo repleta de miles de inmigrantes ilegales, está vacía; el río Grande fluye tranquilamente, en principio sin ser perturbado por los cruces ilegales.
Más recientemente, ha habido peticiones para que el Sr. Abbott convoque una sesión especial para crear la División de Seguridad Nacional de Texas para coordinar los esfuerzos para disuadir y detener la inmigración ilegal.
El sheriff del condado de Kinney, Brad Coe, cuyo condado limita con México, fue uno de los que pidió la creación de la nueva División de Seguridad Nacional.
Cree que la SB 4 y la Operación Lone Star están contribuyendo a la reciente desaceleración de los cruces ilegales en Texas, desplazándolos a Arizona y California.
Los datos del CBP muestran que los encuentros fronterizos en Texas durante el año fiscal 2024 hasta febrero han disminuido sustancialmente en comparación con el mismo período en 2023.
Mientras tanto, los encuentros en Arizona y California han aumentado significativamente durante el mismo período.
«Creo que es una combinación de cosas», dijo el Sr. Coe a The Epoch Times.
El gobernador de Texas «finalmente tuvo suficiente» y se mantuvo firme en Shelby Park al impedir que la administración Biden utilizara el lugar como centro de procesamiento de inmigrantes ilegales, dijo.
Otro importante elemento disuasorio es el programa estatal para ayudar a los sheriffs de los condados a aumentar las detenciones de extranjeros ilegales por delitos menores de invasión a la propiedad privada.
«Eso ha ayudado mucho», dijo el Sr. Coe.
Su condado ha procesado al mayor número de inmigrantes ilegales por invasión de propiedad privada y delitos menores relacionados bajo la Operación Lone Star.
En 2019 y 2020, el condado de Kinney atendió de 254 y 132 casos de delitos menores, respectivamente, en su mayoría relacionados con ciudadanos estadounidenses. Si bien el número de casos de ciudadanos estadounidenses se ha mantenido algo constante, debido a la inmigración ilegal, el número total de casos de delitos menores se disparó a 6799 en 2022 y 5826 en 2023, según los números obtenidos de la oficina del fiscal del condado.
Si bien el Sr. Abbott atribuye la agresiva postura de Texas frente a la inmigración ilegal al descenso de los cruces fronterizos, el estado no disuade a las empresas de contratar a quienes entran ilegalmente en el país.
«Eso es algo que Texas no tiene», dijo la Sra. Vaughan, añadiendo que más de una docena de otros estados requieren que los empleadores utilicen E-verify para comprobar la elegibilidad laboral en Estados Unidos.
El efecto Biden
Pero por mucho que los estados estén trabajando para disuadir la inmigración ilegal, sus detractores afirman que la administración Biden ha sido igual de diligente a la hora de trabajar para permitir su entrada en el país.
Al asumir el cargo, el presidente Biden revocó inmediatamente las políticas establecidas bajo la administración Trump que restringían la inmigración ilegal, como la de «Permanecer en México», que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos estaban pendientes.
Desde entonces, la inmigración ilegal en Estados Unidos se ha disparado, desbordando a la Patrulla Fronteriza.
«La administración Biden ha dejado entrar a millones de personas en los últimos cuatro años, y se están extendiendo por todo el país», afirmó Vaughan.
Los conservadores sostienen que el presidente Biden y sus aliados están incentivando la inmigración ilegal y que la ola masiva de inmigrantes ilegales constituye una «migración armada», una forma de guerra no convencional destinada a desestabilizar y debilitar a Estados Unidos, y a proporcionar futuros votantes demócratas.
Los de izquierdas consideran la migración como un derecho humano global en un mundo en el que no deberían existir fronteras. Sostienen que los inmigrantes ilegales, o «recién llegados» como los llama la ciudad de Denver, que huyen de la pobreza y la agitación política ayudan a la economía de Estados Unidos.
Los estados liberales alineados con el presidente, como California, ofrecen atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales, mientras que las ciudades azules, como Nueva York, proporcionan vivienda gratuita y estipendios de 1500 dólares al mes a los extranjeros ilegales.
Un estudio de Federation for American Immigration Reform, un grupo conservador, examinó la migración venezolana bajo la presidencia de Biden.
El informe concluyó que se animaba a los venezolanos a entrar ilegalmente en Estados Unidos a través de diversas políticas como la de captura y liberación, la libertad condicional y el estatus de protección temporal.
Afirmaba que la política de la administración Biden ha impulsado la inmigración ilegal tanto como las condiciones económicas bajo el régimen autoritario de Venezuela.
El informe citó la liberación masiva en Estados Unidos como motivador de la inmigración ilegal y la detención como elemento disuasivo.
El informe mostraba varios casos en los que la inmigración ilegal disminuyó o aumentó como reacción a políticas más estrictas o más indulgentes.
Un ejemplo fue una caída dramática en los encuentros con venezolanos en febrero de 2022, tras el anuncio de la administración Biden de que los venezolanos que entraran ilegalmente en EE.UU. serían devueltos a México.
«Cuando la administración Biden anuncia políticas de aplicación de la ley más estrictas, el número de encuentros disminuye», señaló el informe.
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