La imposición de vacunas contra el COVID-19 y los pasaportes correspondientes han tenido efectos políticos, jurídicos y socioeconómicos perjudiciales, a la vez que han desestabilizado la integridad de la ciencia y la salud pública, según una nueva investigación publicada en BMJ Global Health, una revista mundial online de salud con sede en Londres.
Varios países han implementado mandatos y pasaportes de vacunación para manejar la pandemia de COVID-19, algunos los introdujeron a través del proceso democrático mientras que otros los impusieron a través de declaraciones de emergencia, dijo el informe de investigación del 26 de mayo titulado “Las consecuencias no deseadas de la política de vacunas anti-COVID”.
Los pasaportes de vacunación corren el riesgo de «consagrar la discriminación» en la ley basada en el «estado de salud percibido» de los individuos, incluso contra aquellos que podrían no estar vacunados pero que se han recuperado de una infección anterior y que, por lo general, corren menos riesgo de contraer una infección por COVID-19. También se considera el aspecto de la privacidad y seguridad de los datos de los pasaportes de vacunación.
«Habiendo sentado estos precedentes de pasaportes para toda la población, es concebible que se amplíen en un futuro próximo para incluir otros datos personales de salud, incluidas las pruebas genéticas y los registros de salud mental, lo que crearía más violaciones de derechos y discriminación basada en el estado biológico para los empleadores, las fuerzas del orden, las compañías de seguros, los gobiernos y las empresas tecnológicas», advierte el informe.
Además, la investigación señala que las políticas de vacunación contra el COVID-19 han desencadenado un intenso debate político y protestas callejeras masivas, que incluso podrían influir en las próximas elecciones.
El informe culpa a los «políticos de centro e izquierda» por utilizar el «fervor antivacunas» entre los grupos de la derecha para avanzar en sus propias agendas.
En Estados Unidos, los defensores de la vacunación han equiparado a quienes protestan contra las vacunas COVID-19 con terroristas domésticos, y han pedido al gobierno y a las empresas de redes sociales que «refuercen las leyes de censura» contra esos grupos e individuos.
«Las cámaras de eco han sesgado la razonabilidad de la evaluación de riesgos de algunos individuos a favor de las vacunas, que ahora temen que las personas no vacunadas sean ‘inseguras’ -física pero también culturalmente- a pesar de la evidencia científica».
El informe criticó a los científicos que calificaron a las personas no vacunadas como la fuente de futuras variantes de COVID-19, lo que alimentó la retórica incendiaria contra esas personas. En las naciones ricas, las universidades han exigido refuerzos incluso para estudiantes y profesores sanos de bajo riesgo.
Algunas políticas de vacunación contra el COVID-19 restringen de manera desproporcionada el acceso de las personas al transporte público, la educación, el trabajo y la vida social, algo que, según el informe, puede constituir una violación a los derechos humanos y constitucionales.
Los mandatos de vacunación también violan la ética de la salud pública, sugirió el informe. El principio de proporcionalidad exige que toda intervención de salud pública genere beneficios que superen la restricción de libertades y otras cargas.
Además, la eficacia de los mandatos de vacunación contra el COVID-19 en la reducción de la transmisión es probablemente menor de lo esperado, según el informe de investigación.
“Estos temas se han discutido ampliamente en el ámbito público, lo que plantea la idea de que muchas de las políticas de vacunas actuales ya no se guían por la mejor ciencia, sino que se utilizan para castigar a las personas que no se vacunan y para moldear la opinión pública y el cumplimiento de las normas”.
El informe señaló que algunas universidades y colegios de EE.UU. exigen una tercera dosis de vacuna para los niños a pesar de la «falta de evidencia de un beneficio clínico sustancial». Por el contrario, existe evidencia de un riesgo “pequeño, pero significativo” de miocarditis, la cual aumenta con cada dosis.
Muchos estados estadounidenses han tomado medidas para evitar la imposición de mandatos y pasaportes de vacunas. En Georgia, el gobernador republicano Brian Kemp firmó un proyecto de ley en mayo que le prohíbe a las agencias estatales y del condado solicitar pruebas de vacunación contra el COVID-19.
En Arizona, el gobernador republicano Doug Ducey promulgó una legislación que le prohíbe a los funcionarios de salud estatales agregar vacunas contra el COVID-19 a una lista de vacunas requeridas para asistir a las escuelas públicas.
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