Kenneth Chesebro, quien se desempeñó como abogado de la campaña Trump durante la impugnación del entonces presidente a las elecciones de 2020, argumenta que la oficina de la fiscal de distrito del Condado de Fulton está violando el privilegio abogado-cliente en su manejo a un caso contra él, el expresidente Donald Trump y otros 17 acusados.
En las presentaciones del jueves, Chesebro solicitó anular los cargos en su contra en el condado de Fulton, argumentando que se basaban en correos electrónicos cubiertos por el secreto profesional entre abogado y cliente, y que se debía desechar toda evidencia obtenida ilegalmente.
Los 19 imputados fueron acusados de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Chantaje, de Georgia, así como de otros 40 cargos, por sus acciones en la impugnación a los resultados de las elecciones de 2020.
El Sr. Chesebro había asesorado a la campaña de Trump sobre el uso de listas alternativas de electores en los estados en los que impugnaban los resultados. Los fiscales han alegado que el Sr. Chesebro y otros implicados cometieron fraude, mientras que el Sr. Chesebro y otros argumentan que ninguna de las acciones enumeradas en la acusación muestra fraude o alega los otros delitos de los que se les acusaba. Los 19 acusados se han declarado inocentes.
«El Estado no ha demostrado absolutamente ninguna actividad del Sr. Chesebro que estuviera fuera de los límites de su papel como abogado de la campaña Trump, y mucho menos en promoción de actividades criminales o fraudulentas», se lee en su presentación del jueves.
Correos electrónicos filtrados y privilegiados
Según las mociones presentadas, los fiscales tienen la intención de presentar cinco correos electrónicos entre Chesebro y la campaña Trump como prueba y cuatro de ellos fueron mencionados en la acusación de 98 páginas que describe las comunicaciones de Chesebro con la campaña como acciones abiertas para promover una conspiración. El quinto correo se filtró anteriormente a la prensa.
«Son comunicaciones privilegiadas entre abogados que representan a un cliente, que abordan asuntos relacionados con la estrategia relacionada con un litigio que entonces estaba pendiente o se anticipaba», se lee en el documento, y agrega que ni el Sr. Chesebro ni la Campaña Trump han acordado renunciar al privilegio abogado-cliente.
Los correos electrónicos detallan un plan para impugnar los resultados electorales en los tribunales, trazando varios planes en caso de que las impugnaciones deban apelarse hasta el Tribunal Supremo, así como la participación del entonces vicepresidente Mike Pence en el recuento de los votos electorales en el Congreso.
«Esbozan posibles estrategias para maximizar el tiempo disponible para que la campaña Trump prevalezca en el litigio», se lee en el documento.
La excepción de fraude a la confidencialidad entre abogado y cliente requiere que la fiscalía demuestre que existe una base fáctica que demuestre que ya se ha cometido un delito y que la correspondencia ha fomentado el fraude o el delito. El Sr. Chesebro alega que la única prueba presentada fue el contenido real del correo electrónico filtrado, que seguía siendo confidencial.
En la ley de Georgia, la excepción no puede hacerse «simplemente presentando una acusación de fraude».
«El tribunal basó su decisión en el contenido del propio correo electrónico», se lee en la presentación. «Evidentemente, el tribunal era de la opinión de que constituía un delito o fraude que un abogado sugiriera qué aspectos de la Ley, que los estudiosos habían concluido que son inconstitucionales,… debían ser ignorados por el presidente del Senado el 6 de enero, con el fin de desencadenar un caso de prueba por el que el Tribunal Supremo pudiera resolver la cuestión… en la que la campaña de Biden se basaba en gran medida en su propia estrategia».
La fiscalía había caracterizado el posible desafío legal como una violación «a sabiendas» de la Ley de Conteo Electoral.
El correo electrónico filtrado se convirtió en prueba en un juicio separado y no relacionado: John Eastman, también abogado del presidente Trump durante la impugnación de los resultados electorales de 2020, se enfrenta a una inhabilitación en California por varias acciones, incluido su trabajo con la campaña Trump. El Sr. Eastman también es uno de los 19 coacusados en el caso del condado de Fulton.
Chesebro señaló que el correo electrónico filtrado, que había sido reenviado al Sr. Eastman y fue presentado ante el tribunal federal de California, que lo consideró privilegiado, perdió dicha condición cuando se filtró a los medios.
«El análisis legal del Sr. Chesebro se basó en la verdad indiscutible de que había un litigio en curso», se lee en el expediente. «Y que el despliegue de electores suplentes o contingentes fue esencial para evitar que el litigio pendiente se volviera discutible el 14 de diciembre de 2020, y para preservar la capacidad de los estados de contar con precisión sus votos electorales en el Congreso, con base en el resultado final de litigio, el 6 de enero de 2021».
El Sr. Chesebro solicitó que todos los memorandos legales sean excluidos de la evidencia en el caso del condado de Fulton, al mismo tiempo que presentó una moción para anular la evidencia obtenida en órdenes de allanamiento que violaron la ley de Georgia. En julio, antes de que Chesebro fuera acusado, un juez había firmado una orden de registro para obtener una copia de la cuenta de correo electrónico de MSN de Chesebro, que incluía correos electrónicos que Chesebro envió a la campaña Trump y a otros abogados.
«Estas comunicaciones son el tipo exacto de comunicaciones que [el estatuto] debe proteger», escribió, argumentando que la fiscalía es muy consciente de esto y «se abrió paso por la puerta trasera de las comunicaciones protegidas, y luego usó esas mismas comunicaciones protegidas como medios para obtener más documentos protegidos».
Los abogados del Sr. Chesebro no tuvieron la oportunidad de revisar el material obtenido mediante la orden de registro y argumentan que dicha evidencia es «ilegal».
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