Un excandidato republicano a la gobernación de Maryland pide a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule una orden judicial estatal que, según argumenta, permitió inconstitucionalmente el recuento anticipado de votos por correo en las elecciones de noviembre de 2022 que perdió.
La petición para que la Corte Suprema examine las leyes de Maryland se produce en un momento en el que las tensiones entre republicanos y demócratas sobre los procedimientos de votación han ido en aumento a la luz de las continuas afirmaciones del expresidente Donald Trump de que las elecciones presidenciales de 2020 se vieron empañadas por un fraude electoral masivo y diversas incorrecciones por parte de los funcionarios electorales y los tribunales.
Dan Cox, un republicano que fue respaldado por Trump, fue derrotado fácilmente en las elecciones del 8 de noviembre de 2022 por el demócrata Wes Moore, que obtuvo el 64.5 por ciento del voto popular frente al 32.1 por ciento de Moore, según Ballotpedia. Hasta el mes pasado, cuando expiró su mandato, Cox era miembro de la Cámara de Delegados de Maryland.
Cox reconoció previamente su derrota frente a Moore en las elecciones generales y su petición (pdf) al alto tribunal no pretende anular la elección. En el documento, reconoce a través de su abogado que «las elecciones de 2022 han terminado», pero dice que es importante abordar la legalidad de lo que hicieron los funcionarios de la Junta Electoral del Estado de Maryland porque «la cuestión planteada … saldrá a la superficie en cada ciclo electoral».
Cox argumenta que la Corte Suprema debería conocer del caso porque «presenta una cuestión casi idéntica a la de Moore contra Harper», un caso pendiente que el alto tribunal conoció el 7 de diciembre de 2022. Los republicanos de Carolina del Norte dijeron a ese tribunal durante los argumentos orales que la Constitución de Estados Unidos otorga a las legislaturas estatales autoridad preeminente para establecer las reglas de las elecciones presidenciales y al Congreso sin interferencia de los tribunales estatales.
Aunque la decisión en el caso Moore contra Harper podría llegar en cualquier momento, la labor del alto tribunal puede verse complicada por el hecho de que el 3 de febrero la Corte Suprema de Carolina del Norte decidió reabrir el caso. Ese tribunal estatal volverá a escuchar el caso el 14 de marzo, reportó NPR.
Tanto en el caso Moore vs Harper como en la petición de Cox está en juego la doctrina de la legislatura estatal independiente, una vez oculta, en virtud de la cual los republicanos argumentan que la Constitución siempre ha autorizado directamente a las legislaturas estatales a dictar normas para la celebración de elecciones federales en sus respectivos estados. La doctrina, si es aprobada por la Corte Suprema, podría en teoría permitir a las legislaturas estatales seleccionar a los electores presidenciales en elecciones disputadas, algo que los críticos denuncian como una amenaza para la democracia.
Los demócratas afirman que la doctrina es una teoría legal conservadora marginal que podría poner en peligro el derecho al voto, permitir una manipulación partidista extrema en el proceso de redistribución de distritos y causar trastornos en la administración electoral. Los conservadores, por otro lado, dicen que la doctrina se deriva del texto llano de la Constitución y restablecería reglas razonables en el campo de juego electoral y permitiría a los legisladores estatales elegidos, en lugar de a los jueces estatales, establecer las reglas electorales.
Como señala la petición de Cox, el 2 de septiembre de 2022, ante una «avalancha» prevista de votos por correo, la Junta Electoral del Estado de Maryland presentó una solicitud de emergencia ante el Tribunal de Circuito de Maryland para el condado de Montgomery, el más poblado del estado. La junta solicitó una orden judicial que suspendiera partes de la ley electoral estatal que prohíben a las juntas electorales locales abrir los sobres de voto por correo antes de las 8 de la mañana del miércoles siguiente al día de las elecciones. El tribunal accedió a la petición el 20 de septiembre de 2022. La Corte Suprema de Maryland confirmó la sentencia el 7 de octubre de 2022.
Cox argumenta que el tribunal del condado de Montgomery violó la Cláusula Electoral de la Constitución de los Estados Unidos «cuando suspendió las leyes promulgadas por la Asamblea General de Maryland» que rigen «la apertura y tabulación de las papeletas de voto por correo más de un mes antes de la fecha permitida por la ley».
Cox argumenta que la Corte Suprema de Maryland «hizo caso omiso de las prescripciones de las Constituciones de EE. UU. y Maryland, así como de la separación de poderes fundamental para un gobierno justo e imparcial».
«Esta petición presenta la oportunidad de que la Corte Suprema de los Estados Unidos haga cumplir la Cláusula Electoral, [que es] vital para la continuación de nuestra forma [republicana] de gobierno». La petición plantea una «cuestión federal importante y relevante… que requiere resolución por parte de esta corte».
El abogado de Cox, Ed Hartman, abogado de Annapolis, dijo que su cliente presentó la petición porque era lo correcto.
«El Sr. Cox fue el único funcionario electo que vio un problema con lo que estaba haciendo la Junta Electoral», dijo Hartman a The Epoch Times por correo electrónico.
«Para él es importante que los poderes del Estado cumplan con sus deberes constitucionales y que las elecciones en todo Maryland sean justas y legales».
Hartman reconoció que es difícil convencer a la Corte Suprema de EE. UU. para que escuche cualquier caso.
«Soy realista sobre el porcentaje de peticiones que se conceden, pero a la luz del caso de Carolina del Norte, en el que se plantean cuestiones similares, tengo esperanzas de que las posibilidades puedan ser del 2%, en lugar del 1%. La cuestión que hemos planteado es importante, ya que los tribunales de todo el país han interferido en el proceso electoral», declaró.
Los jueces tenían previsto examinar la petición en Cox vs Maryland State Board of Elections, expediente 22-620, el 17 de febrero. El tribunal tiene previsto publicar una lista de órdenes en los casos pendientes el 21 de febrero, posiblemente incluyendo su decisión en este caso, y puede publicar por separado las opiniones en los casos discutidos al día siguiente.
La petición se presentó el 4 de enero y la junta electoral renunció a su derecho a responder el 12 de enero.
The Epoch Times se puso en contacto con el abogado de la junta electoral, Daniel Michael Kobrin, de la oficina del fiscal general demócrata de Maryland, Anthony G. Brown, para pedirle un comentario, pero al momento de la publicación de este artículo.
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