Los inmigrantes ilegales están inundando la frontera de Estados Unidos con México en tal número que los funcionarios federales de inmigración se ven abrumados por la mayor acumulación de casos pendientes jamás vista, a pesar de que se están procesando más rápido, según nuevos datos obtenidos por un grupo de vigilancia al gobierno.
“Los últimos registros judiciales caso por caso hasta octubre de 2022 revelan que el año fiscal (AF) 2022 marcó la mayor cantidad de personas a las que se les otorgó asilo en cualquier año en la historia de la Corte de Inmigración. Las tasas de concesión promediaron el 46 por ciento, frente al 36 por ciento en el año fiscal 2021”, según Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
“No solo hubo más solicitudes de asilo otorgadas por jueces de inmigración que nunca antes, sino que muchos casos de asilo avanzaron más rápido en el sistema debido a una variedad de iniciativas de la administración Biden, incluido el Expediente dedicado (Dedicated Docket)”.
“En este programa, a las familias que buscaban asilo se les otorgaron procedimientos acelerados y se les colocó al frente de la fila, ante los que esperaban en el atraso de 1,977,988 casos existentes en la corte”, continuó TRAC.
La acumulación actual de casos de inmigración sin resolver representa un aumento del 57 por ciento sobre los 1,262,765 casos que estaban pendientes al final del último año en el cargo del presidente Donald Trump.
Utilizando la Ley de Libertad de Información (FOIA) de EE.UU., el TRAC con sede en la Universidad de Syracuse obtiene y publica regularmente montañas de datos oficiales sobre leyes, regulaciones y programas federales, especialmente en el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El programa Dedicated Docket de la administración Biden fue anunciado por el DOJ el 28 de mayo de 2021, como una forma de “disminuir significativamente la cantidad de tiempo que les toma a los migrantes adjudicar sus casos sin dejar de brindar audiencias justas para las familias que buscan asilo en la frontera”, según DHS.
“Las familias que llegan a la frontera y son colocadas en procedimientos de inmigración deben ver sus casos decididos de manera ordenada, eficiente y justa”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el anuncio.
“Las familias que han llegado recientemente no deben languidecer en un retraso de varios años; el anuncio de hoy es un paso importante tanto para la justicia como para la seguridad fronteriza”, dijo Mayorkas.
Pero el representante Randy Weber (R-Texas) le dijo a The Epoch Times que, “dado el fracaso abismal de la administración Biden para controlar la inmigración ilegal, hemos experimentado cruces fronterizos récord, millones de ‘fugas’ [inmigrantes ilegales no capturados por funcionarios], [tasas de] deportaciones drásticamente reducidas y una invasión en toda regla en nuestra frontera sur.
“La administración de Biden no tiene ningún plan para abordar esta crisis y se está apresurando a tramitar los casos de asilo.
“La desafortunada realidad es que muchos inmigrantes ilegales han reclamado un estatus de asilo ilegítimo, y la administración Biden está corrompiendo la integridad del proceso de asilo al explotar cínicamente una definición devaluada de miedo creíble”.
En un informe separado, TRAC concluyó que sus análisis al programa de Documentos Dedicados de la administración Biden “apuntan a que no hay una solución rápida para la acumulación de solicitudes de asilo en el país”.
“Con el tiempo y un aumento sustancial de los recursos, incluidos más jueces, oficiales de asilo, personal de apoyo, abogados proporcionados públicamente para los solicitantes de asilo y tal vez un Tribunal de Inmigración del Artículo I independiente, el proceso de asilo podría volverse razonablemente rápido sin sacrificar la equidad”.
“Pero aparte de eso, la evidencia sugiere que Estados Unidos puede implementar esquemas para hacer que los casos de asilo sean rápidos o justos, pero no ambos”.
“El país necesita un control cuidadoso e independiente de las crecientes iniciativas de esta administración para acelerar los casos de asilo para que el público pueda juzgar si estas iniciativas están a la altura de sus objetivos y las afirmaciones que se hacen sobre su ‘éxito’”.
En un suceso relacionado, el 13 de diciembre, funcionarios de la Fundación Heritage hicieron público el primer seguimiento geográfico a los lugares de Estados Unidos donde se localiza a inmigrantes ilegales con la ayuda de organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas por el gobierno federal.
“La investigación confirmó que una gran cantidad de ONG están facilitando activamente la crisis fronteriza de Biden”.
“El desbordamiento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se está transfiriendo a estas organizaciones para que la Patrulla Fronteriza evite las instalaciones abarrotadas”, dice el informe del proyecto conjunto del grupo de expertos conservador de su Proyecto de Supervisión al Patrimonio y al Centro de Inmigración y Seguridad Fronteriza.
Las ONG “solicitan y reciben dinero de los contribuyentes para brindar servicios de procesamiento y transporte e infraestructura para facilitar la migración de extranjeros ilegales hacia el interior del país”.
“Si bien la investigación estuvo limitada tanto en el tiempo como en la cantidad de instalaciones, los resultados muestran que los impactos nacionales de la inmigración ilegal masiva son extensos. Los dispositivos que estaban en las instalaciones de estas ONG aparecieron más tarde en todos los distritos electorales de Estados Unidos, excepto en uno”.
“La investigación confirma que la crisis fronteriza de Biden afecta a todo Estados Unidos y que las ONG están jugando un papel central en el reasentamiento masivo de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Peor aún, este flujo de inmigración ilegal ayuda a que los carteles traigan terroristas, criminales y drogas mortales como el fentanilo a Estados Unidos”.
El representante Lance Gooden (R-Texas) le dijo a una audiencia de Heritage el 13 de diciembre con respecto a los inmigrantes ilegales que “en cuanto cruzan, saben que van a estar bajo custodia de la Patrulla Fronteriza durante muy poco tiempo y entonces ésta llama a una de estas ONG y las ONG llegan en autobuses fletados, cargan a los inmigrantes y, en la mayoría de los casos, los llevan a una instalación”.
Gooden describió una de esas instalaciones que visitó cerca de SeaWorld en San Diego como un pequeño hotel Sheraton, que estaba cercado con barricadas.
Afirmó que ONG como Catholic Charities, que participan activamente en la ayuda al traslado de inmigrantes ilegales, utilizan a menudo este tipo de hoteles, de los que básicamente se hace cargo el gobierno.
“Entonces todos se están beneficiando. Lo que ocurre es que llegan estos autobuses chárter y procesan a cada uno. Les dan su bolsa llena de provisiones que pueden haber traído en su viaje o tienen artículos de aseo que les dan las ONG”, explicó Gooden.
“Se les hace una prueba de Covid, luego les dan la llave de la habitación, se quedan una o dos noches y luego se reúnen con alguien de la ONG y les dan un boleto de avión, un boleto de bus para lo que sea, para ir a cualquier parte del país que elijan”, dijo.
“Sabemos esto porque hablamos con algunas de las personas que hablarían con nosotros, pero luego nos pidieron que nos fuéramos una vez que descubrieron quiénes éramos.
“No fueron honestos sobre lo que estaban haciendo, dijeron que el hotel estaba cerrado por construcción, [que] estaba cerrado por Covid. Nuestra respuesta fue ‘si lo que estás haciendo es tan noble, ¿por qué mientes al respecto'», dijo Gooden.
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