Nueve agentes de la Patrulla de Aduanas y Fronteras declararon a los investigadores del Congreso que la falta de consecuencias por cruzar ilegalmente la frontera estadounidense es la causa del aumento histórico de inmigrantes ilegales que llegan a Estados Unidos, según extractos de la transcripción obtenidos por The Epoch Times.
Los investigadores de los Comités de Seguridad Nacional y de Supervisión de la Cámara de Representantes realizaron las entrevistas a principios de este año, a lo largo de cinco meses. Entre los entrevistados de la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP) había nueve agentes de supervisión y de línea asignados a puestos fronterizos clave desde California hasta Texas.
Aunque en el interrogatorio participaron tanto personal demócrata como republicano, los extractos facilitados a The Epoch Times fueron seleccionados por los republicanos. The Epoch Times ha solicitado las transcripciones completas de las entrevistas. Los demócratas del Comité no respondieron a la petición de comentarios.
«Queríamos entrevistar a estos agentes debido a sus profundos conocimientos como agentes de la Patrulla Fronteriza y a la experiencia que sus altos cargos les otorgaban para hablar sobre las operaciones en sus sectores», dijo un portavoz republicano del comité a The Epoch Times.
Los agentes no fueron interrogados bajo juramento y comparecieron voluntariamente tras recordárseles que es ilegal proporcionar información falsa al Congreso.
En el centro de las cuestiones descritas en las entrevistas está la marcha atrás del presidente Joe Biden en las políticas de inmigración instituidas por su predecesor, el presidente Donald Trump. Los republicanos atribuyen a las políticas del presidente Trump la reducción del flujo de inmigrantes ilegales.
Una de las políticas de Trump era el requisito de que las personas que pretendían entrar en Estados Unidos permanecieran en México, a la espera de la resolución de sus casos. Otra política exigía aplicar estrictamente las leyes antidroga y otras leyes penales contra los inmigrantes ilegales. La administración Trump también comenzó, y avanzó significativamente, en la construcción de un muro fronterizo, e indujo a México a utilizar sus recursos policiales y militares para bloquear las caravanas de migrantes en la frontera sur de ese país con Belice y Guatemala.
En una entrevista realizada el 26 de julio, el jefe de la patrulla del sector de Tucson, John Modlin, dijo a los investigadores que, después de que Biden asumiera el cargo, su puesto fronterizo de Arizona experimentó un aumento sin precedentes de inmigrantes ilegales durante los meses más calurosos del año, una época en la que el flujo de este tipo de cruces estaría normalmente en sus niveles más bajos.
«[En] Tucson, debido a la increíble cantidad de calor que hace, los meses de verano suelen ser muy bajos. Lo que está ocurriendo ahora es inaudito.
Miré a 10 años de datos a lo que los meses de verano deben ser, y, ya sabes, así que donde estamos ahora en julio, ya sabes, debe ser alrededor de-que deberíamos tener alrededor de 17,000 detenciones en julio, ya sabes, teniendo en cuenta 10 años de datos agregados. En cambio, estamos en 26,000.
Así que en esta época del año, la más peligrosa, se está produciendo uno de los flujos más importantes que hemos visto», dijo Modlin, según la transcripción.
Cuando se le preguntó: «¿Es frustrante para usted, como jefe del Sector de Tucson, que los encuentros hayan seguido aumentando durante un largo periodo de tiempo?». Modlin respondió describiendo aumentos asombrosos en el número de inmigrantes ilegales que llegan a los Estados Unidos en su estación.
«Sí, absolutamente. Creo que, cuando miro a 2018, 2019 y 2020, esos años fueron alrededor de 60,000 personas al año, más o menos, dentro de mil o dos en cualquier dirección. Y luego 2021 sucedió … y saltó a 190,000. Así que fue el triple que el año anterior, lo que fue absolutamente chocante para nosotros en Tucson», dijo.
Pero entonces llegó 2022, y aún más inmigrantes ilegales llegaron a través de su estación, explicó Modlin.
«Y luego, pensando que no podía ir más alto, entonces se fue a 250,000 el año pasado, y eso no incluye los 55,000 que tomamos de Yuma para ayudarles a salir y los 170,000 evasores registrados el año pasado en eso también. Y este año probablemente lleguemos a los 300,000. Si es así, quintuplicaremos la cifra de 2020. Así que es significativo», continuó.
Cifras de cruce de fronteras sin precedentes
Pero las oleadas anteriores a COVID palidecen en comparación, dijo, señalando que los aumentos temporales en los cruces fronterizos eran «ciertamente no sin precedentes», pero «el volumen que estamos viendo recientemente, en mi opinión, en mi carrera cuando he visto es lo que yo consideraría sin precedentes.»
Los agentes entrevistados coincidieron casi todos en que la falta de consecuencias negativas por entrar ilegalmente en Estados Unidos es un factor importante -si no el principal- que provoca la avalancha de cruces en la actualidad.
A la pregunta de por qué es importante devolver a los inmigrantes ilegales al lado mexicano de la frontera o a su país de origen, el agente jefe Aaron Heitke, del sector de San Diego, dijo en una entrevista el 9 de mayo que hacerlo es esencial para detener el torrente actual.
«Tiene que haber una consecuencia para la actividad ilegal, de lo contrario no se detendrá. Y si tenemos en cuenta la población que está llegando, la única consecuencia real que tenemos es devolverla a su país de origen», afirmó Heitke.
Estados Unidos no tiene «capacidad de detención suficiente para detener a todo el mundo». Y aunque la hubiera, sería a corto plazo. Muchas de estas personas vienen y han viajado durante seis meses o un año para llegar aquí. Un día o dos de detención no es una pena para ellos. Están más dispuestos a hacerlo. Las multas, obviamente, no van a ser efectivas cuando los individuos tienen todo lo que poseen con ellos», continuó.
Por ello, el Agente Jefe de Patrulla del Sector de San Diego dijo: «La única consecuencia real que tenemos es enviarlos de vuelta a su país de origen. Y si alguien ha viajado desde donde sea durante todo un año y lo devuelves en avión a su país, es una sanción importante».
A otro agente jefe de patrulla, Jason Owens, del sector de Del Rio (Texas), le preguntaron en una entrevista el 5 de mayo si «la probabilidad de ser puesto en libertad en Estados Unidos tras una breve estancia bajo custodia incentivaría a alguien a intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos».
Owens respondió: «Lo que le diré es lo siguiente: Creo que si no hay consecuencias para una acción, no hay disuasión para que una persona no cometa esa acción.»
El presidente de Seguridad Nacional, el representante Mark Green ( R-Tenn.), declaró a The Epoch Times que «los testimonios de estos jefes de patrulla dejan claro que las consecuencias son esenciales para disuadir la inmigración ilegal, y cuando faltan esos desincentivos, un número histórico de personas entrará ilegalmente en nuestro país». Eso es exactamente lo que ha ocurrido en las fronteras de Estados Unidos durante casi tres años».
Aunque el presidente Biden es el máximo responsable de las políticas de su administración, Green señala al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, como el responsable más inmediato de las consecuencias de estas políticas.
«Con este secretario, los extranjeros ilegales saben que, tras cruzar la frontera, probablemente serán puestos en libertad en el interior del país a la espera de su cita con la corte. Además, incluso si no se presentan a su audiencia, hay poco o ningún riesgo de persecución, detención y expulsión debido a las políticas restrictivas del Secretario Mayorkas que limitan la capacidad del DHS para hacer su trabajo. No debería sorprender a nadie que CBP haya registrado más de 7.8 millones de encuentros desde febrero de 2021, incluidos más de 6.5 millones solo en la frontera suroeste», dijo Green.
«La importancia de las consecuencias es de sentido común básico y un aspecto fundacional de la aplicación de la ley. El Secretario Mayorkas o no entiende esta realidad, o simplemente no le importa. En cualquier caso, ya no es apto para el cargo que ocupa y debe ser rápida y decididamente responsabilizado por su negligencia en el cumplimiento del deber», añadió el republicano de Tennessee.
Impeachment
El lunes, la Cámara de Representantes remitió al comité de Green los artículos propuestos para la destitución de Mayorkas. El portavoz del comité dijo a The Epoch Times que «el comité se ocupará de esos artículos, y esperamos tener la oportunidad de educar a aún más estadounidenses sobre cómo el secretario ha abierto intencionada y deliberadamente las fronteras de Estados Unidos a través de su imprudente toma de decisiones y sus acciones legalmente dudosas. El Congreso también debería considerar seriamente la posibilidad de utilizar nuestro poder del monedero para obligar al secretario Mayorkas y a sus lugartenientes a hacer cumplir la ley.»
Un portavoz del Sr. Mayorkas, que pidió no ser nombrado, proporcionó una respuesta detallada a Green, diciendo que el «CBP está priorizando soluciones inteligentes de seguridad fronteriza, haciendo inversiones históricas en tecnología, llevando la lucha a los cárteles y contrabandistas, y haciendo más que nunca con nuestros socios regionales.»
El portavoz insistió en que «las personas que se encuentran en la frontera son examinadas e investigadas, y las que no tienen una base legal para quedarse son procesadas para su expulsión. Las consecuencias incluyen una prohibición mínima de reingreso de cinco años, la pérdida de la posibilidad de acceder a vías legales y el procesamiento de los reincidentes».
Los individuos que son «provisionalmente liberados de CBP son examinados e investigados, permanecen en procedimientos de expulsión de inmigración, y tienen estrictos requisitos de presentación de informes», agregó el portavoz. «Desde el final de la emergencia de salud pública [COVID] el 12 de mayo, el DHS ha ejecutado una estrategia integral que ha llevado a niveles récord de remociones bajo las autoridades del Título 8 de los individuos encontrados en la frontera.»
La administración Biden ha pedido al Congreso que autorice la contratación de 1600 funcionarios de asilo adicionales y su personal de apoyo, así como camas de detención adicionales y más fondos para los vuelos de deportación. La administración también pide al Congreso que apruebe la contratación de 1470 abogados de inmigración adicionales y personal de apoyo.
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