El secretario Alejandro Mayorkas se enfrenta a un plazo que vence el viernes 20 de octubre para presentar ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes materiales de 19 categorías distintas de documentos que podrían arrojar luz sobre los cárteles mexicanos de la droga que comprometen la aplicación CBP One utilizada por los inmigrantes para facilitar su entrada en Estados Unidos.
Lanzada en octubre del 2020 como una herramienta de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP) para que los transportistas y otro tráfico fronterizo legal programaran sus movimientos de manera eficiente hacia y desde Estados Unidos, la app CBP One fue aprovechada por el Sr. Mayorkas a principios del 2021 como una herramienta para aumentar el flujo de inmigrantes de manera ordenada. Más de seis millones de inmigrantes cruzaron la frontera sur desde enero del 2021, cuando el presidente Joe Biden dio marcha atrás a las políticas fronterizas de su predecesor, Donald Trump.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo al Comité Judicial de la Cámara de Representantes en julio que la app que permite a los usuarios programar su entrada en un puerto de entrada a Estados Unidos efectivamente «corta las organizaciones de contrabando» y ayuda al DHS a identificar a las personas a las que no se les debe permitir entrar al país.
Pero el problema es que los cárteles descubrieron desde entonces cómo comprometer la aplicación —que se supone que sólo se puede utilizar para las personas dentro de ciertas áreas del norte de México— para programar citas de entrada para las personas que en realidad están mucho más allá de la frontera sur de México, lo que permite a los cárteles beneficiarse cobrando a los inmigrantes y ayudando a la entrada en los Estados Unidos de terroristas y otros subversivos.
Desde el verano pasado, investigadores republicanos encabezados por el presidente del comité Mark Green (republicano de Tennessee) presionaron al Sr. Mayorkas para que entregue documentos que indican que el DHS utiliza la aplicación para facilitar la entrada al país de personas a las que el departamento no está autorizado a permitir cruzar la frontera.
«El secretario Mayorkas creó una enorme vulnerabilidad de seguridad. Esto es inaceptable y demasiado importante para ignorarlo, y el pueblo estadounidense exige y merece respuestas. El comité simplemente está solicitando documentos relevantes que proporcionarían al Congreso, una rama co-igualitaria del gobierno, y al pueblo estadounidense información vital sobre lo que está sucediendo en nuestra frontera suroeste. Dada la repercusión que la aplicación CBP One tuvo en nuestra seguridad fronteriza, la comisión llegará al fondo del asunto, de una forma u otra», declaró Green a The Epoch Times.
Las reiteradas peticiones de la comisión al DHS no dieron lugar a la presentación de ninguno de los documentos solicitados por los investigadores. Por ello, el Sr. Green está poniendo ahora sobre la mesa del DHS la amenaza de las citaciones judiciales.
«El comité requiere los documentos solicitados, comunicaciones y otra información para evaluar plenamente la legislación potencial para reformar la autoridad del departamento para utilizar CBP One para emitir una autorización de viaje avanzada a un extranjero ilegal y conceder libertad condicional en los Estados Unidos», escribió el Sr. Green en una carta del 13 de octubre al Sr. Mayorkas obtenida por The Epoch Times.
A la comisión le preocupa que el uso del Departamento de CBP One para facilitar la libertad condicional de grandes grupos de extranjeros ilegales vaya más allá de la autoridad legal de libertad condicional, que permite la liberación de extranjeros ilegales detenidos que soliciten la admisión «caso por caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo…».
«El comité busca soluciones legislativas para aclarar aún más los límites de la autoridad de libertad condicional del departamento. Si las solicitudes pendientes relacionadas con CBP One permanecen insatisfechas antes de las 5:00 p.m. del 20 de octubre del 2023, consideraré utilizar el proceso obligatorio. Espero el cumplimiento rápido y completo de todas las solicitudes pendientes del comité de documentos y otra información».
La referencia al «proceso obligatorio» se refiere a la facultad de la comisión de emitir citaciones para la obtención de los documentos al Sr. Mayorkas, a los miembros de su equipo de relaciones legislativas y a otros empleados del DHS, tanto cargos políticos de la administración Biden como funcionarios de carrera, que puedan estar implicados en la respuesta a las peticiones del Congreso.
Una fuente conocedora del Congreso que pidió no ser identificada dijo a The Epoch Times que «las implicaciones para la seguridad nacional son que los cárteles simplemente son capaces de manipular todo lo que el Secretario está haciendo para continuar con sus operaciones».
La fuente añadió que «el Secretario afirmó que la aplicación CBP One eliminaba a los cárteles al permitir a las personas hacer sus citas, pero ahora los cárteles también están involucrados en hacer dinero con eso, así que no eliminaron a los cárteles, los cárteles siguen teniendo el control. Se convirtió en otra fuente de ingresos para ellos».
A los investigadores les preocupa que la mitad de las personas incluidas en los datos del CBP sean hombres adultos solteros, muchos de ellos en edad militar, que entran ilegalmente.
«El hecho de que utilicen CBP One no cambia la demografía de los que entran, así que, por supuesto, los cárteles pueden aprovecharse de CBP One para intentar meter a quien quieran. Alguien que tenga vínculos terroristas de los que Estados Unidos pueda tener conocimiento, esas son las personas que van a estar entre los ‘fugados’. Pero las personas que pueden tener vínculos terroristas que no conocemos, seguro, no hay ninguna razón por la que los cárteles no se asociarían con organizaciones terroristas para explotar la entrada», continuó la fuente.
A la pregunta de The Epoch Times sobre si los acontecimientos ocurridos en Israel desde la masacre de Hamás del 7 de octubre añaden urgencia a la investigación de la comisión, una segunda fuente del Congreso con conocimientos sobre el tema respondió: «La respuesta a esa pregunta es sí, pero también el mero hecho de que esta aplicación se haya utilizado para facilitar los negocios de los cárteles aquí es inaceptable para empezar. Eso va más allá de esta guerra, va más allá del contrabando de terroristas a través de la frontera». Pero una de las cosas a las que llega el documento que pide el comité es a tratar de averiguar las vulnerabilidades de esta app porque abre la puerta muy ampliamente».
Un portavoz de Mayorkas no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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