El director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, apelará el 3 de noviembre el rechazo de un juez federal a su petición de que se le devuelva el celular que le incautó el FBI, según su abogado.
En respuesta a la decisión del juez el viernes, el abogado de Lindell, Andrew Parker, dijo a The Epoch Times que el gobierno no tenía «ningún derecho» a confiscar toda la información del teléfono de su cliente.
«El gobierno se ha llevado el celular de Mike Lindell y está revisando miles de datos privados, incluyendo sus contactos, asociaciones, información financiera y comercial, información médica y otros datos personales», dijo el abogado, del bufete Parker Daniels Kibort, en un comunicado.
«Si bien el gobierno tiene cierta libertad para llevar a cabo investigaciones, no tiene derecho a incautar y hurgar en toda la vida de una persona (que a menudo se almacena en su celular) cuando esa información no tiene ninguna relación con ninguna investigación».
En septiembre, Lindell presentó una demanda contra el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el FBI a raíz de la incautación de su celular por parte del FBI el 13 de septiembre mientras estaba en un autoservicio de Hardee’s en Mankato, Minnesota.
Según la orden de registro, firmada el 7 de septiembre por el juez Tony N. Leung, Lindell está siendo investigado junto con otros «coconspiradores», entre los que se encuentra la secretaria electoral del condado de Mesa (Colorado), Tina Peters, que fue acusada por un gran jurado en marzo de cargos relacionados con una presunta violación de la seguridad del equipo de votación del condado. Peters ha mantenido que es inocente.
La orden especifica que todos los registros y la información del celular de Lindell «que constituyen frutos, pruebas o instrumentos de violaciones» relacionadas con la presunta usurpación de identidad, el daño intencionado a un ordenador protegido y la conspiración para cometer una usurpación de identidad o causar daños a un ordenador protegido, fueron objeto de incautación.
Parker, señalando el amplio alcance de la información disponible en el celular de Lindell, dijo que «la era digital permite la segregación de la información en las búsquedas, y cuando el gobierno lleva a cabo búsquedas sin presentar primero los protocolos y las salvaguardias a un tribunal para su aprobación en el momento de solicitar una orden para incautar el celular, violan la Constitución de EE. UU. Que sepamos, eso no ocurrió aquí».
En su demanda, Lindell había solicitado una orden judicial preliminar para que se le devolviera el teléfono y se prohibiera al FBI acceder a cualquier dato del dispositivo o divulgar cualquier información encontrada en él, alegando que la orden judicial violaba sus derechos constitucionales. Lindell también pidió que se le conceda acceso a los materiales de la orden de registro que justificaron la necesidad de una orden.
Sin embargo, el 3 de noviembre, el juez Eric Tostrud denegó esas solicitudes, afirmando que Lindell no había demostrado que la incautación violara sus derechos constitucionales, y que el gobierno había demostrado «un interés imperioso» en la investigación en curso que superaba el derecho de acceso del empresario.
«Múltiples factores justifican aquí el mantenimiento de los materiales de la orden de registro bajo sello», dijo Tostrud en una sentencia de 36 páginas (pdf).
La extensa declaración jurada de la orden de registro, de 80 páginas, describe con considerable detalle «la naturaleza, el alcance y la dirección de la investigación del gobierno y las personas y [actividades] específicas involucradas», incluyendo la información obtenida de las comunicaciones grabadas, los informantes confidenciales y los testigos cooperantes», continuó Tostrud.
El juez añadió que el material de la orden de registro contiene información sobre personas que no son objeto de la investigación, y que su divulgación también podría comprometer la propia investigación.
Sin embargo, Parker dijo que la orden de registro recordaba a las órdenes de registro generales que impulsó la Cuarta Enmienda, que protege a las personas de registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno.
«Las órdenes de registro general de los domicilios fueron declaradas inconstitucionales en la época colonial», dijo. «Esta es una orden de registro general moderna y este tipo de registro e incautación de información y propiedades debería preocuparnos a todos».
El abogado dijo a The Epoch Times que, aunque aún no han presentado formalmente una apelación, lo harán dentro del plazo de 30 días establecido por el tribunal.
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