Mark Meadows, exjefe de gabinete del presidente Donald Trump, está pidiendo trasladar a una corte federal los cargos en su contra de un caso de Georgia sobre supuesta interferencia en las elecciones de 2020. Su abogado dice que planean pedir a un juez que estos sean desestimados.
«El Sr. Meadows tiene derecho a retirar esta acción hacia la corte federal porque los cargos contra él plausiblemente dan lugar a una defensa federal basada en su papel en todos los momentos relevantes como Jefe de Gabinete de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos», escribió un abogado del Sr. Meadows en una presentación el martes.
Meadows fue este lunes uno de los 19 imputados, incluido el presidente Trump, por un gran jurado por violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (ley RICO) de Georgia.
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También fue acusado de «solicitar, pedir e importunar ilegalmente» al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que violara su juramento de cargo a través de una llamada telefónica sobre los votos del estado.
La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, declaró en una rueda de prensa tras la votación del gran jurado que se emitieron órdenes de detención y que los imputados tienen hasta el mediodía del 25 de agosto para entregarse voluntariamente.
The Epoch Times se puso en contacto con los abogados del Sr. Meadows para recibir sus comentarios.
Actos de crimen organizado
«Nada de lo que se le imputa al Sr. Meadows en la acusación es delictivo per se: organizar reuniones en el Despacho Oval, ponerse en contacto con funcionarios estatales en nombre del presidente, visitar un edificio del gobierno estatal y organizar una llamada telefónica para el presidente», escribió el abogado del Sr. Meadows en la acusación. «Uno esperaría que un Jefe de Gabinete del presidente de los Estados Unidos hiciera este tipo de cosas».
La imputación enumera (pdf) como actos de un crimen organizado a varias de las acciones del Sr. Meadows como jefe de personal, incluida una reunión del 20 de noviembre de 2020 con legisladores estatales de Michigan en la Casa Blanca, durante la cual el presidente Trump «hizo declaraciones falsas sobre el fraude en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020 en Michigan», y envió un mensaje de texto al representante Scott Perry (R-Penn.) al día siguiente pidiendo la información de contacto de los legisladores estatales.
«¿Puedes enviarme el número del presidente y el líder de la Legislatura de PA. Potus quiere hablar con ellos», dice el mensaje.
«Este fue un acto manifiesto en continuación de la conspiración», afirma la imputación.
También numera la siguiente reunión del 25 de noviembre de 2020 con legisladores del estado de Pensilvania como una continuación de la supuesta conspiración, así como la participación del Sr. Meadows en reuniones con el asesor político John McEntee, en diciembre de 2020, cuando se pidió al Sr. McEntee que elaborara planes para retrasar la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021.
En relación con Georgia, cita el viaje del Sr. Meadows al Centro Cívico del Condado de Cobb el 22 de diciembre de 2020, para tratar de observar la auditoría del cotejo de firmas, pero se le impidió la entrada. Al día siguiente, el presidente hizo una llamada a la investigadora jefe de la Secretaría de Estado de Georgia, Frances Watson, y la acusación señala que el Sr. Meadows había organizado la llamada. Días más tarde, el Sr. Meadows envió un mensaje de texto a la Sra. Watson preguntando si había alguna manera de acelerar la verificación de firmas, ofreciendo ayuda financiera.
Solicitud de sobreseimiento
Los abogados del Sr. Meadows están tratando de desestimar los cargos por completo en una «fecha posterior», y están solicitando trasladar el caso a un tribunal federal con el fin de «detener los procedimientos de los tribunales estatales en contra del Sr. Meadows».
«Eso permitirá la oportuna consideración de las defensas del Sr. Meadows, incluida su defensa federal en virtud de la Cláusula de Supremacía, sin exigirle que se defienda simultáneamente en el tribunal estatal».
Dado que estaba actuando en su capacidad oficial como jefe de gabinete, «este es precisamente el tipo de interferencia estatal en las funciones de un funcionario federal que la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos prohíbe, y que el estatuto de remoción protege en contra».
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