El exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump Mark Meadows, que se enfrenta a cargos de interferencia electoral en Georgia, dijo a un tribunal federal de apelaciones el 3 de noviembre que su reciente fallo que define lo que constituye un funcionario federal refuerza su apelación.
Los fiscales de Georgia tomaron el camino opuesto, diciendo en una presentación que el fallo ayuda a su lado.
El Sr. Meadows, expresidente Donald Trump, y 17 coacusados fueron acusados por un gran jurado estatal en el condado de Fulton el 14 de agosto por el cuestionamiento del exjefe del Ejecutivo a las elecciones en Georgia.
El Sr. Meadows y todos los acusados en el caso están acusados de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión de Georgia desde el 4 de noviembre de 2020, que es el día después de las elecciones presidenciales, hasta el 15 de septiembre de 2022, por sus esfuerzos presuntamente ilegales para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia, un estado que finalmente ganó el presidente demócrata Joe Biden.
Tres de los coacusados —los abogados Sidney Powell, Kenneth Chesebro y Jenna Ellis— llegaron el mes pasado a un acuerdo con el fiscal de distrito del condado de Fulton (Georgia), el demócrata Fani Willis, para evitar la cárcel a cambio de testificar contra otros.
El Sr. Meadows argumenta que su enjuiciamiento debe proceder en un tribunal federal porque es inmune al enjuiciamiento estatal y porque lo que hizo para ayudar a los esfuerzos del presidente Trump para impugnar las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, se hizo en su capacidad oficial como funcionario federal, y tenía defensas federales disponibles para él.
El juez estadounidense Steve C. Jones, del Distrito Norte de Georgia, dictaminó el 8 de septiembre que carecía de jurisdicción para trasladar el caso estatal a un tribunal federal. El juez Jones fue nombrado en 2011 por el presidente Barack Obama, demócrata.
Las «actividades políticas» del Sr. Meadows, como «trabajar con o trabajar para la campaña de Trump», fueron más allá de «los límites exteriores de la Oficina del Jefe de Gabinete de la Casa Blanca».
El juez también expresó su preocupación de que «cuando se le preguntó sobre el alcance de su autoridad, Meadows fue incapaz de explicar los límites de su autoridad».
El Sr. Meadows está apelando ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 11º Circuito la decisión del juez de devolver el procesamiento por asociación ilícita al tribunal estatal de Georgia.
Actuando por iniciativa propia, el 17 de octubre, el tribunal de apelaciones pidió tanto a los abogados defensores como a los fiscales del Estado que presentaran escritos en relación con una sentencia que dictó en un caso diferente el 11 de octubre.
En concreto, el 11 Circuito pidió una respuesta a la siguiente pregunta:
¿Qué efecto, en su caso, tiene Estados Unidos v. Pate … en el análisis de si 28 U.S.C. [Sección] 1442 (a) (1) permite a un ex «funcionario (o cualquier persona que actúe bajo ese funcionario) de Estados Unidos o de cualquier agencia del mismo, en una capacidad oficial o individual,» para eliminar un proceso penal de los tribunales estatales a los tribunales federales?».
En la sentencia Pate, que el 11 de octubre dictó el 11º Circuito, el tribunal señaló que Timothy Pate, también conocido como Akenaten Ali, se ha descrito a sí mismo como «heredero del reino de Marruecos».
Presentó embargos contra propiedades de varias personas que, según él, lo habían perjudicado. Una de ellas era un excomisionado de Hacienda y otra un exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Ambos hombres ya habían dejado sus respectivos cargos federales en el momento en que se registraron los embargos contra ellos.
El Sr. Pate fue condenado posteriormente por violar el artículo 1521 del 18 U.S.C., que tipifica como delito la presentación de embargos preventivos contra la propiedad de «una persona descrita en» el artículo 1114 del 18 U.S.C., es decir, «cualquier funcionario o empleado de los Estados Unidos».
El tribunal de circuito dictaminó que un exfuncionario público no cuenta como «funcionario o empleado de los Estados Unidos» en el sentido del artículo 1114 y, por tanto, tampoco del artículo 1521.
El tribunal anuló entonces las condenas del Sr. Pate.
El tribunal dio a los abogados del Sr. Meadows y los fiscales de Georgia hasta las 5 p.m. el 3 de noviembre para presentar escritos.
Meadows argumentó en su nuevo escrito que el precedente Pate refuerza su caso.
«A la luz de las importantes diferencias en el ‘texto legal, el contexto y la estructura’ entre los dos estatutos … Pate no tiene ningún impacto material en este caso. Si acaso, Pate apoya aún más la aplicación de la [Sección] 1442(a) a exfuncionarios demandados por actos oficiales».
La ley conocida como 28 U.S. Code Section 1442 también se conoce como Estatuto de destitución de funcionarios federales. El Sr. Meadows argumenta que es inmune a la acusación estatal en virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU., que eleva la ley federal sobre la ley estatal, y que su caso debe ser «trasladado» a un tribunal federal.
Mientras que el 11 º Circuito dictó una decisión dividida en Pate, «ningún juez pensó que lo que importaba era el estado del oficial en el momento de la acusación», dijo el escrito.
«Más bien, Pate—sobre una ley penal que prohíbe los embargos maliciosos— se centraba de forma bastante natural en la condición del funcionario en el momento del actus reus, es decir, en el momento de la presentación del embargo. Por el contrario, [la Sección] 1442(a) es una ley civil que proporciona un foro federal a los funcionarios federales demandados ante un tribunal estatal ‘por o en relación con’ actos bajo el color del cargo federal».
Actus reus significa «acto culpable» en latín y se refiere a la acción o conducta que es un elemento constitutivo de un delito. Un término jurídico relacionado que suele utilizarse conjuntamente es mens rea, que en latín significa «mente culpable» y se refiere al estado mental o la intención de una persona acusada de un delito.
El escrito continúa: «La atención se centra, como es natural, en la condición del agente en el momento del acto oficial que motiva la demanda. Al igual que en el caso Pate, la situación en el momento de la acusación es irrelevante. Por lo tanto, un exfuncionario —ejecutivo, legislativo o judicial— demandado por actos oficiales anteriores puede destituir, mientras que un funcionario actual demandado por actos no oficiales anteriores no puede».
La Sra. Willis argumentó en su escrito que la decisión en el caso Pate apoya su postura.
«Un examen del razonamiento de esta corte en Pate refuerza los argumentos anteriores del Estado de Georgia con respecto a la aplicación de la Sección 1442(a)(1) en este caso… sólo los funcionarios federales actuales pueden remover acciones estatales a la corte federal bajo la autoridad otorgada por la Sección 1442(a)(1)».
«Siguiendo los principios esbozados por esta corte en el caso Pate, analizando el lenguaje llano de la ley y aplicando cánones de interpretación bien establecidos, el artículo 1442(a)(1) del 28 U.S.C. no puede interpretarse en el sentido de que autoriza el traslado de un proceso penal iniciado en un tribunal estatal contra un exfuncionario federal», afirma el escrito.
El análisis en Pate del «texto estatutario, los precedentes existentes y la relevancia del supuesto propósito de un estatuto apuntan todos a la misma conclusión: los exfuncionarios no pueden remover sus casos bajo la Sección 1442(a)(1)».
El 11º Circuito tiene previsto escuchar los argumentos orales en la apelación del Sr. Meadows en Atlanta el 15 de diciembre.
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