Cinco exministros de Salud nicaragüenses enviaron una carta este domingo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a su rama regional la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para avisar del “riesgo extremo” que enfrenta la nación centroamericana debido al mal manejo del régimen de Ortega ante la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
La carta está dirigida a los directores de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus y la OPS, Carissa Etienne por los exministros del sistema de salud de Nicaragua, Margarita M. Gurdián (2004-2007), Martha Derling McCoy Sánchez (1999-2000), Lombardo Martínez Cabezas (1997-1999), Dora María Téllez Arguello (1985-1990) y Lea Guido (1980-1985), según EFE.
«Nos dirigimos a ustedes, preocupados por lo que acontece en nuestro país, debido a la magnitud que está alcanzando la pandemia de COVID-19 y su inminente agravamiento, por la carencia de acciones del Gobierno presidido por el señor Daniel Ortega», señalaron los exministros y advirtieron que «la ciudadanía nicaragüense se encuentra en una situación de riesgo extremo».
Hasta ahora el régimen de Ortega ha reconocido 16 casos positivos de COVID-19, la enfermedad que es causada por el virus del PCCh. Sin embargo, la organización independiente Observatorio Ciudadano ha registrado 781 casos y 88 muertes.
Los exministros informaron que desde el llamado de la OMS el 11 de marzo para que todos los países se protegieran, el régimen de Ortega ha ignorado las advertencias “poniendo en gravísimo riesgo la salud de la población».
Asimismo, denunciaron la insistencia del régimen nicaragüense en realizar actividades con aglomeración de personas al mismo tiempo que ignora las propuestas de la sociedad civil.
«Nicaragua es el segundo país más pobre del continente americano. La pandemia ya está afectando de manera exponencial a la población y, especialmente, a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad», agregaron.
Según los exministros la situación podría empeorar debido a la capacidad limitada del sistema de salud de Nicaragua donde solo hay 8.1 camas por cada 10,000 habitantes y el número de respiradores no supera los 180, incluyendo los dañados de acuerdo con diversas fuentes médicas.
Por otro lado, acusan al líder dictatorial y a su esposa Rosario Murillo la vicepresidenta del régimen de minimizar la pandemia y la falta de transparencia del Ministerio de Salud sobre la pandemia del virus del PCCh.
También señalaron que el personal médico se encuentra en una difícil situación porque se encuentra trabajando sin equipo de protección y está siendo obligado a manipular la información sanitaria para negar o disminuir el impacto de la pandemia, a través penas y sanciones severas.
«Consideramos que la sociedad nicaragüense está en una muy difícil situación que, además de afectar nuestro país, se convierte en un grave riesgo para la región centroamericana».
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo en un comunicado que la respuesta del régimen a la grave amenaza de la pandemia del virus del PCCh pone en evidencia que Ortega no asume ninguna responsabilidad sobre los derechos humanos de los nicaragüenses.
“Desde el 18 de abril de 2018, el gobierno del presidente Ortega ha hecho del amedrentamiento, la impunidad y el exilio forzado prácticas habituales. Es sorprendente que, después de impedir y reprimir cualquier tipo de protesta social durante los últimos dos años, ahora promueva marchas masivas y aglomeraciones, exponiendo a la población ante la pandemia”.
En relación a las situaciones de las personas detenidas por razones políticas en el sistema penitenciario nicaragüense, Amnistía Internacional denunció que los presos políticos se encuentran en una situación aún más vulnerable en medio de las condiciones precarias de las cárceles.
Grupos opositores aseguran que, por lo menos, hay 80 personas encarceladas desde que se desataron las protestas antigubernamentales de 2018.
Con información de EFE
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