Cuatro expertos independientes en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están pidiendo al gobierno de Hong Kong que abandone la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing, alegando que la legislación es fundamentalmente incompatible con las normas internacionales.
«Los expertos instan al gobierno a derogar urgentemente la Ley de Seguridad Nacional y a revisarla de forma independiente para garantizar que se ajuste a los derechos humanos y al derecho internacional», afirmaron los cuatro relatores en un comunicado el 12 de octubre.
Ellos citaron el caso legal en el que está implicado Chow Hang-tung, un destacado abogado y antiguo vicepresidente de la ahora disuelta Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, un grupo de defensa local conocido por organizar la vigilia anual en Hong Kong en conmemoración de las víctimas de la masacre de la plaza de Tiananmen, de 1989.
Chow y otros tres dirigentes de la Alianza fueron detenidos el 8 de septiembre tras negarse a cooperar en una investigación de seguridad nacional en las que se acusaba al grupo de abogados de ser un «agente extranjero».
Un día después, Chow fue acusado de «incitación a la subversión» en virtud de la ley de seguridad nacional. La misma acusación recayó sobre otros dos líderes de la Alianza, Lee Cheuk-yan y Albert Ho, quienes cumplen condenas por su participación en asambleas no autorizadas en 2019.
Beijing impuso la ley de seguridad nacional de Hong Kong el verano pasado, criminalizando delitos vagamente definidos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, con una pena máxima de cadena perpetua. Desde entonces, decenas de líderes de oposición en favor de la democracia de la ciudad huyeron al extranjero o se enfrentan a procesos judiciales o bien están en la cárcel.
A Chow se le denegó la libertad bajo fianza el 10 de septiembre. A principios de este mes se declaró inocente del cargo de incitación.
«Los cargos de terrorismo y sedición se están utilizando indebidamente para reprimir el ejercicio de los derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional, como la libertad de expresión y de opinión, la libertad de reunión pacífica y el derecho a participar en los asuntos públicos», declararon los expertos.
Grupos de derechos internacionales expresaron preocupaciones similares sobre el impacto de la ley de seguridad nacional en Hong Kong. En junio, Amnistía Internacional declaró que la ley «creó una emergencia de derechos humanos» en la ciudad. Ese mismo mes, Reporteros sin Fronteras declaró que la ley puso la libertad de prensa de la ciudad «en grave peligro».
El gobierno de Estados Unidos sancionó a más de una docena de funcionarios chinos y hongkoneses por su rol en la supresión de la democracia en Hong Kong.
Los cuatro expertos de la ONU también advirtieron al gobierno de Hong Kong que no presentara tan fácilmente cargos de subversión y terrorismo contra los individuos.
«Estos calificativos no deben aplicarse a delitos que no alcanzan los umbrales previstos en las normas internacionales vigentes», declararon los expertos.
«El rebajar la gravedad de los actos terroristas y de los delitos de sedición, cuando los gobiernos los utilizan indebidamente para justificar la represión de la disidencia interna, la limitación de las protestas y la represión de las críticas de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos, es profundamente preocupante».
Por último, los expertos cuestionaron cómo se podía acusar a las organizaciones de Hong Kong de ser «agentes extranjeros» en virtud de la ley de seguridad nacional por el simple hecho de recibir fondos de grupos políticos extranjeros.
«Estas medidas reguladoras, al imponer restricciones indebidas a la financiación y castigar a los receptores de fondos extranjeros, infringen el derecho a la libertad de asociación, así como otros derechos humanos», declararon los expertos.
Ellos instaron al gobierno de Hong Kong a garantizar que las organizaciones de la ciudad puedan «buscar, recibir y utilizar financiación de fuentes extranjeras o internacionales, sin los impedimentos indebidos».
En respuesta a la declaración de los relatores, el Departamento de Justicia de Hong Kong defendió la ley de seguridad nacional en un comunicado del 13 de octubre, diciendo que estaba «en línea con la práctica internacional de salvaguardar la seguridad nacional».
Los cuatro relatores incluyen a Fionnuala Ni Aolain, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, e Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión.
«En Hong Kong es necesario revitalizar un poder judicial independiente, hacer una pausa en la aplicación de esta ley y reconsiderar fundamentalmente su uso», concluyeron los expertos.
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