Expertos legales dijeron a The Epoch Times que la incautación de los pasaportes del expresidente Donald Trump durante la redada del FBI en Mar-a-Lago el 8 de agosto parece legalmente cuestionable.
La agencia de seguridad tendrá que devolver los documentos de viaje a Trump, dijo uno de los abogados.
Sus comentarios se produjeron después de que el expresidente republicano se quejara a través de las redes sociales el 15 de agosto de que el FBI «robó» sus pasaportes durante la reciente redada.
«¡Guau! En la redada del FBI en Mar-a-Lago, ellos me robaron mis tres pasaportes (uno vencido), junto con todo lo demás», escribió Trump en su página @realDonaldTrump de Truth Social, en un posteo marcado a las 1:22 p.m.
«Esto es un asalto a un oponente político a un nivel nunca antes visto en nuestro País. Tercer Mundo!», añadió el expresidente.
Minutos antes, Trump escribió en la red social de microblogging que la indignación pública por la redada perjudicará a los demócratas en las elecciones no presidenciales del Congreso en noviembre.
«Los republicanos podrían ganar muchos escaños adicionales, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, debido a la fuerte reacción de rechazo por la redada a Mar-a-Lago [sic]. Las encuestas muestran que parte del territorio republicano perdido en las últimas semanas se ha recuperado con creces con la irrupción no anunciada del FBI, ¡que nunca debería haber ocurrido!»
No está claro por qué el FBI se llevaría los pasaportes de Trump, los cuales podrían incluir el pasaporte diplomático que se le emitió al asumir su cargo en enero de 2017. Sin pasaporte, Trump no podría viajar fuera de Estados Unidos.
La mañana del 8 de agosto, el FBI ejecutó de forma repentina y sin previo aviso una orden de allanamiento en las instalaciones de Mar-a-Lago, el complejo turístico privado de Palm Beach, Florida, donde vive actualmente el expresidente. El Departamento de Justicia de EE. UU. está luchando contra la petición de varios medios de comunicación de hacer pública la declaración jurada que respalda la solicitud de la orden de allanamiento, alegando que hacerlo podría obstaculizar la investigación y exponer los métodos de recogida de pruebas del FBI. Los republicanos también pidieron que se haga pública la declaración jurada. El presidente Joe Biden sostiene que no estaba al tanto del allanamiento hasta que el expresidente Trump lo anunció.
La orden de allanamiento estaba inicialmente clasificada, pero el juez de primera instancia Bruce E. Reinhart, que emitió la orden el 5 de agosto, la desclasificó en una orden fechada el 12 de agosto junto con un recibo del FBI por los bienes incautados, haciendo públicos los documentos.
Ni la orden ni el recibo de propiedad de los documentos confiscados mencionan específicamente los pasaportes de Trump. Los tribunales suelen ordenar a una persona acusada de un delito que entregue su pasaporte para que no pueda escapar del país, pero en este caso, Trump no ha sido acusado de un delito, lo que hace inusual la incautación de sus pasaportes.
La propia orden establece que los elementos a incautar incluyen: «Todos los documentos y registros físicos que constituyan pruebas, contrabando, frutos del delito u otros artículos poseídos ilegalmente en violación de 18 U.S.C. §§ 793, 2071 o 1519».
La referencia a las tres disposiciones de la ley estadounidense parece significar que el gobierno de Biden está investigando a Trump por el supuesto mal manejo de documentos sensibles del gobierno, espionaje y obstrucción de la justicia, todo lo cual el expresidente niega haber hecho.
Los críticos dicen que los adversarios políticos de Trump están intentando ensuciar su nombre e inhabilitarlo para una posible reelección en 2024.
La sección 2071 del Título 18 del Código de los Estados Unidos establece que cualquiera que, teniendo la custodia de un tipo específico de documento, «deliberada e ilegalmente oculte, quite, mutile, borre, falsifique o destruya el mismo, será multado bajo este título o encarcelado por no más de tres años, o ambos; y perderá su cargo y será inhabilitado para ocupar cualquier cargo en Estados Unidos».
Opiniones de expertos
Jim Burling, vicepresidente de asuntos legales de la Pacific Legal Foundation, un bufete nacional de abogados de interés público sin ánimo de lucro que desafía los abusos del gobierno, dijo que la incautación de los pasaportes «parece prematura en este caso».
«Por lo general, los pasaportes se retiran si se considera que alguien tiene riesgo de fuga», dijo Burling a The Epoch Times en una entrevista.
Pero en este caso «no se trata de un ciudadano corriente. Se trata de un expresidente. Quiero decir, ¿la gente cree seriamente que va a intentar ir al Líbano para no ser extraditado? Solo decir eso es reconocer lo absurdo del asunto», dijo Burling.
Como una de las personas más famosas del mundo, Trump es reconocible al instante.
«¿Se va a teñir el pelo de otro color? El asunto me parece absurdo: que él vaya a viajar de incógnito a una nación extranjera donde no hay tratado de extradición. Eso me parece totalmente absurdo», declaró a continuación.
Además, Trump no está bajo acusación, dijo Burling.
«Además yo estoy seguro de que esto no ha ido a un gran jurado. El objetivo de la redada es recoger evidencias, luego las evidencias van a un gran jurado. El gran jurado emitiría la acusación y entonces se tomarían las medidas oportunas. Pero me parece cuestionable por qué sintieron la necesidad imperiosa de llevarse los pasaportes de un presidente».
Burling dijo que dudaba que el FBI tomara los pasaportes de Trump de forma inadvertida.
«Yo pensaría que el FBI sería más cuidadoso que eso, ¿verdad? No cometerían un error como ese. Quiero decir, un pasaporte es claramente un pasaporte, y si él tenía una caja cerrada con información clasificada, no es allí donde uno escondería un pasaporte, por el amor de Dios. Así que eso no tiene ningún sentido. El FBI es demasiado cuidadoso. Si lo tomaron, ellos sabían lo que estaban haciendo. Yo daría crédito de que ellos sabían lo que estaban haciendo, yo esperaría eso».
El comentarista jurídico Curt Levey, presidente de Committee for Justice (Comité por la Justicia), dijo que a veces la policía se incauta de objetos que no están especificados en las órdenes de registro.
Levey dijo en una entrevista que no conocía ninguna prohibición legal de incautar un pasaporte durante un objetivo de allanamiento.
«En la práctica, durante estos allanamientos, suelen coger cajas de cosas y es muy fácil llevarse cosas que no encajan en los detalles de la orden».
Los abogados del caso podrían entrar en una argumentación sobre excluir evidencias porque un registro exceda los límites de la orden, pero «un juez daría mucho margen para el hecho de que están tomando cosas a gran velocidad y pueden tomar cosas que no están exactamente cubiertas por la orden».
Pase lo que pase, el gobierno «va a tener que devolver los pasaportes de todos modos».
Levey declinó atribuir malicia a las acciones del FBI. «Yo no leería ninguna malicia en ello», dijo Levey.
Basándose en el relato de Trump en las redes sociales sobre lo sucedido, que es escaso en detalles, es difícil saber qué pasó específicamente con los pasaportes, indicó a continuación.
¿Vio el FBI los pasaportes y los tomaron intencionadamente?, preguntó Levey. «¿Estaban separados o estaban en una caja?».
«Tal parece que se apoderaron de cajas enteras de cosas en las que podrían no haber buscado cuidadosamente».
«Yo ciertamente no estoy culpando a Trump por estar molesto. Yo también estaría molesto si ellos hicieran una búsqueda de una cosa y mi pasaporte desapareciera», agregó a continuación.
«Así que no quiero defender lo que hizo el FBI tanto como explicar que, cuando uno está cogiendo cajas de cosas es poco probable que cada artículo en cada caja cumpla con la orden y si recuerdo el lenguaje de la orden, era bastante, bastante vago».
La organización sin ánimo de lucro de Levey se describe a sí misma como «dedicada a restaurar la visión de los Fundadores de un poder judicial federal gobernado por el estado de derecho y anclado en la Constitución».
Con la contribución de Jack Phillips
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