El expresidente Donald Trump aspira a la Casa Blanca mientras se enfrenta a tres imputaciones y a una investigación penal más. Nunca antes un expresidente había sido acusado penalmente, y mucho menos un favorito de una carrera presidencial.
A medida que la investigación pendiente podría derivar en cargos y los acusados pronto tendrán sus juicios, el Sr. Trump ha prometido en repetidas ocasiones que seguirá con su campaña incluso si es declarado culpable.
Documentos de defensa
Hasta el momento, el caso con más avances está relacionado con la custodia de documentos de cuando Trump fue presidente. El abogado especial Jack Smith acusó al Sr. Trump y a dos de sus empleados de 37 cargos por delitos graves, incluida la retención ilegal de información de defensa nacional, obstrucción al gobierno y mentirle al gobierno.
Si bien el juicio está programado para mayo de 2024, algunos observadores legales prevén más demoras.
El caso se remonta a la salida de Trump de la Casa Blanca en enero de 2021. Sus pertenencias y algunos de los documentos de su tiempo en el cargo fueron empacados en cajas y enviados a su casa en el resort Mar-a-Lago en West Palm Beach, Florida.
La acusación argumenta que fue en este punto que el Sr. Trump cometió 31 cargos de retención ilegal de información de defensa nacional porque «causó» que se movieran las cajas. Si bien este delito, según la Ley de Espionaje, requiere intención criminal, hasta el momento no ha surgido evidencia de que Trump supiera que los 31 documentos en cuestión estaban en las cajas.
Parece que Trump tenía la impresión de que podía revisar las cajas a su propio ritmo y conservar lo que considerara personal. Sin embargo, la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) tenía una opinión diferente; exigió la devolución de todos los documentos presidenciales lo antes posible.
Según la Ley de Registros Presidenciales, todos los registros presidenciales oficiales deben entregarse a NARA, y los expresidentes solo pueden tomar artículos personales, como diarios y artefactos que no estaban destinados a asuntos oficiales del gobierno. El problema es que la ley no incluye un mecanismo de cumplimiento.
En 2012, cuando Judicial Watch trató de obligar al expresidente Bill Clinton a entregar docenas de cintas de entrevistas de su presidencia que él había guardado, Clinton afirmó que las cintas eran personales y el tribunal se puso del lado de él. La jueza Amy Berman Jackson, designada por el presidente Barack Obama, argumentó que el tribunal no tenía forma de cuestionar la afirmación de un presidente sobre lo que es o no es personal.
“Dado que el presidente está completamente encargado de la gestión e incluso la disposición de los registros presidenciales durante su tiempo en el cargo, sería difícil para este Tribunal concluir que el Congreso tuvo la intención de que él tendría menos autoridad para hacer lo que le plazca con lo que considera ser sus registros personales”, escribió la juez Jackson.
Trump ha citado repetidamente ese caso como justificación para quedarse con cualquier documento que quisiera. Sin embargo, enfrenta los cargos en Florida, donde el caso no es un precedente determinante.
El Sr. Trump envió 15 cajas de materiales a NARA en enero de 2022. NARA luego hizo una remisión al Departamento de Justicia (DOJ) al descubrir que algunos de los documentos tenían marcas de clasificación. Poco después, el Departamento de Justicia inició una investigación.
El 11 de mayo de 2022, el Departamento de Justicia obtuvo una citación que obligaba al Sr. Trump a entregar todos los documentos con marcas de clasificación, incluidos archivos electrónicos, de Mar-a-Lago.
Algunos abogados defensores y exfiscales han argumentado que Trump debería haber impugnado la citación por considerarla demasiado amplia. La citación no especificó si solo cubría originales o también copias y si cubría documentos obviamente desclasificados. Hay millones de documentos desclasificados en Internet que todavía tienen marcas de clasificación visibles. Ubicar dichos documentos en posesión de Trump en Mar-a-Lago (todas las copias físicas impresas y todos los archivos en cualquier computadora y medio de almacenamiento que posea) habría sido una tarea monumental.
El Sr. Trump no hizo una búsqueda tan exhaustiva. Dejó que su abogada registrara algunas de las cajas traídas de la Casa Blanca.
La mayoría de los cargos de obstrucción se centran en ese punto, alegando que Trump hizo que su ayudante, Walt Nauta, sacara cajas de un depósito en Mar-a-Lago para que la abogada no pudiera registrarlas.
Smith agregó algunos cargos más el 27 de julio, alegando que el Sr. Trump le pidió al administrador de su propiedad en Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira, que eliminara las imágenes de la cámara de seguridad después de que el DOJ citara parte de las imágenes en junio de 2022. Smith alega que las imágenes mostraban al Sr. Nauta moviendo cajas dentro y fuera de la sala de almacenamiento. La acusación actualizada no cita evidencia directa de que Trump haya hecho tal pedido, solo la supuesta afirmación de De Oliviera de que lo hizo.
La adición de nuevos cargos y un acusado adicional por parte del Sr. Smith en este momento puede disgustar a la jueza que supervisa el caso, Aileen Cannon, designada por Trump. Hace apenas unas semanas, el Sr. Smith solicitó que el caso fuera a juicio en diciembre, un plazo bastante corto si el Sr. Smith sabía en ese momento que podrían presentarse cargos adicionales.
En teoría, Trump podría hacer que todo el caso sea discutible si gana las elecciones y se otorga a sí mismo un indulto, aunque algunos juristas cuestionan si los presidentes pueden hacer eso.
El Sr. Smith, exjefe de la Sección de Integridad Pública del DOJ, fue nombrado abogado especial por el fiscal general Merrick Garland el 18 de noviembre de 2022 para investigar la retención de documentos del Sr. Trump, así como su implicación en la protesta y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
Caso del 6 de enero
El 1 de agosto, Smith reveló su acusación contra Trump en la investigación del 6 de enero. Acusó al expresidente de conspiración para «perjudicar, obstruir y derrotar» la recolección y el conteo de votos electorales, conspiración contra el derecho al voto de los estadounidenses, obstrucción al conteo de votos electorales por parte del Congreso el 6 de enero de 2021 y conspiración para entorpecer el escrutinio de los votos electorales.
Trump dijo que el 16 de julio le informaron que era objeto de una investigación del gran jurado en relación con el incidente del 6 de enero.
El caso se centra en las denuncias de fraude y otras ilegalidades del Sr. Trump en las elecciones de 2020 y cómo influyeron en los eventos del Capitolio, donde una parte de una protesta masiva por los resultados de las elecciones desembocó en violencia, con algunas personas irrumpiendo en el edificio y peleando con la policía.
La acusación alega que Trump sabía que sus ataques a los resultados de las elecciones eran falsos, en gran parte porque algunas personas, incluidos funcionarios estatales y federales, le dijeron que algunas de las afirmaciones eran falsas y él las repetía.
La acusación de 45 páginas también se enfoca en la insistencia repetida de Trump al vicepresidente Mike Pence para que rechace los votos electorales de los estados donde Trump había impugnado los resultados.
Además, alegó que Trump incitó a la violencia del 6 de enero al decirles a los manifestantes que esperaba que Pence «enviara [los votos electorales] a los estados para volver a certificarlos», a pesar de saber que Pence rechazó repetidamente la idea.
Existe amplia evidencia de ilegalidades durante las elecciones, incluidos cambios ilegales a las reglas electorales realizados con la excusa de la pandemia de COVID-19 y algunos casos de fraude. Sin embargo, ninguna de las acusaciones ha sido litigada con éxito para revocar el resultado de las elecciones en ningún estado. Muchos de los casos han sido desestimados por razones de procedimiento, más que por el trasfondo de las pruebas.
Trump ha argumentado que, de ser acusado, los procedimientos le darían la oportunidad de exponer información sobre irregularidades en las elecciones.
Caso electoral de Georgia
La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, comenzó a investigar a Trump poco después de asumir el cargo en el condado más grande de Georgia, en enero de 2021.
El 24 de enero de 2022, el Tribunal Superior del condado de Fulton concedió la solicitud de la Sra. Willis de un gran jurado con un propósito especial que no podía presentar cargos, pero podía citar a testigos. Ese panel funcionó durante unos ocho meses, entrevistando a unos 75 testigos a partir de mayo de 2022, informaron medios locales.
La Sra. Willis dijo recientemente que está «lista para comenzar», cumpliendo con sus promesas anteriores de presentar cargos antes del 1 de septiembre.
El tema central de la investigación, según los medios locales, fue una llamada telefónica de Trump al secretario de Estado del estado, Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021.
El contenido de la llamada se filtró selectivamente a los medios para crear la narrativa de que Trump le pidió a Raffensperger que le «encontrara» suficientes votos para anular la elección.
Cuando se publicó la transcripción de la llamada, resultó que Trump dijo que creía que cientos de miles de votos se habían emitido ilegalmente en el estado, particularmente en el condado de Fulton, que incluye el bastión demócrata de Atlanta. Criticó profusamente al Sr. Raffensperger por no haber investigado suficientemente las acusaciones de fraude.
“¿Por qué no querrías encontrar la respuesta correcta?”, preguntó Trump.
Raffensperger y su equipo respondieron a algunas de las acusaciones durante la llamada y dijeron que ya habían sido investigadas.
Varias veces durante la conversación, Trump señaló que solo necesitaba identificar alrededor de 11,000 votos ilegales porque ese era el margen por el cual perdió el estado.
“Si lo compruebas con el condado de Fulton, tendrás cientos de miles porque volcaron papeletas en el condado de Fulton y el otro condado de al lado», dijo el Sr. Trump.
“Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí amigos? Sólo necesito 11,000 votos. Amigos, necesito 11,000 votos. Denme un respiro. Eso ya lo tenemos de sobra”.
Otra parte de la investigación de la Sra. Willis parece centrarse en el grupo alternativo de electores que se reunieron en el Capitolio estatal el 14 de diciembre de 2020 para emitir su voto a favor del Sr. Trump, a pesar de que el recuento oficial de votos daba la victoria al oponente del Sr. Trump, el exvicepresidente Joe Biden.
La Sra. Willis informó a los electores que eran objeto de su investigación, y al menos ocho de los 16 recibieron inmunidad a cambio de su testimonio, informó The Washington Post en mayo.
El Partido Republicano del estado abrió un sitio web el 31 de julio que critica la investigación de Willis por apuntar a los electores. Dice que los “electores contingentes” emitieron sus votos con el reconocimiento expreso de que solo serían contados en caso de que prosperara la demanda de Trump que impugna los resultados de las elecciones en el estado.
El sitio web apunta a un incidente similar en 1960, cuando John F. Kennedy demandó para anular los resultados de las elecciones en Hawái. Un grupo de electores demócratas había emitido sus votos por Kennedy a pesar de que el estado ya había certificado su conteo de votos, con Richard Nixon como ganador. La demanda prosperó y se contaron los votos alternativos.
En el caso de Trump, la demanda no se conoció hasta el 8 de enero de 2021, dos días después del conteo de los votos electorales. La demanda fue desestimada por motivos de procedimiento y nunca se escuchó sobre su evidencia.
Un juez le prohibió a la Sra. Willis presentar cargos contra uno de los electores suplentes, el nuevo vicegobernador de Georgia, Burt Jones, después de que la Sra. Willis organizara una campaña de recaudación de fondos para el oponente del Sr. Jones en la carrera electoral de 2022, Charlie Bailey.
Caso del dinero por confidencialidad
Los primeros cargos penales contra Trump llegaron en marzo de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en Nueva York.
Bragg alegó que Trump cometió 34 delitos graves porque los pagos marcados en sus libros contables como gastos legales en realidad reembolsaban a su entonces abogado Michael Cohen por pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford.
La Sra. Daniels le comunicó a Trump antes de las elecciones de 2016 que tenía la intención de vender a la prensa su historia alegando que tuvo una aventura con Trump en 2006; ella dijo que estaba dispuesta a guardarse la historia si le pagaban. De hecho, Trump hizo que Cohen pagara alrededor de USD 130,000 a cambio de un acuerdo de confidencialidad, que Daniels terminó rompiendo. La compañía de Trump luego le reembolsó a Cohen.
El Sr. Bragg está tratando las entradas contables de los pagos al Sr. Cohen como violaciones de la ley de Nueva York contra la falsificación de registros comerciales. Tales violaciones solo serían delitos menores a menos que se cometan en el avance de otro delito. El Sr. Bragg ha argumentado que ese es el caso, aunque la acusación no especifica cuál se suponía que era el otro delito. Ha habido especulaciones en los medios de que el otro crimen fue una violación de la ley de campañas. El argumento sería que el dinero por confidencialidad a la Sra. Daniels fue, de hecho, una contribución de campaña ilegal.
El juicio está programado para el 25 de marzo de 2024.
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