Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA y aspirante a sustituir a Nicolás Maduro como presidente del país, denuncia que las condiciones bajo las cuales la empresa Chevron puede volver a operar en Venezuela suponen una «grave violación» de la Constitución.
«Por donde se mire, todos los términos de la licencia son absolutamente ilegales en relación a la ley venezolana», afirma Ramírez en una entrevista telemática con EFE desde Roma, donde vive exiliado y dice sufrir una fuerte persecución política, que afecta también a su familia.
Ramírez se refiere a la «Licencia General 41», emitida el pasado sábado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que autoriza a Chevron a volver a producir y comercializar petróleo y derivados de forma limitada en Venezuela.
Washington «puede emitir la licencia que quiera», pero Venezuela no debe aceptar «que un país extranjero venga a decirte cómo vas a producir petróleo en tu propio país, saltando tus leyes», argumenta Ramírez.
Aceptar las condiciones de la licencia es «renunciar a nuestra soberanía», hacer de Venezuela «un país tutelado», y supone un «robo» al pueblo venezolano, afirma el exministro, de 59 años, quien en verano se postuló como candidato a la presidencia de su país en las elecciones previstas para 2024.
Ni impuestos ni regalías
La licencia estadounidense prohíbe a Chevron pagar impuestos y regalías al Estado venezolano, e incluso dividendos a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Además, le obliga a exportar el crudo únicamente a Estados Unidos.
Solo el hecho de que Chevron pueda producir crudo «por cuenta propia» contradice «el artículo 302 de la Carta Magna, que establece que las actividades primarias del petróleo (exploración, producción y exportación) están reservadas al Estado».
Por ello, la ley ha creado la figura de la empresa mixta, donde PDVSA es socio mayoritario, pero que queda socavada si la petrolera norteamericana no paga dividendos a la estatal venezolana, explica.
Además, puesto que la Constitución impone el monopolio estatal también para la exportación del crudo, la exclusión de cualquier mercado que no sea el estadounidense es otra flagrante «violación» de la Ley fundamental.
En su opinión, este último punto supone además un retroceso frente a la «gran conquista de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) durante la llamada revolución de los años 1970», cuando impusieron el monopolio estatal de su industria petrolífera con el fin de defender sus ingresos.
Tal control «es la única manera que tiene el país productor de incidir en el mercado petrolero y, sobre todo, en el precio del petróleo», destaca Ramírez.
Resalta que, dado que el crudo del subsuelo venezolano es propiedad del Estado, éste tiene por ley que cobrar regalías.
«Nadie en el país, ni siquiera PDVSA, puede llevarse petróleo, ni venderlo, sin pagar al dueño, al Estado venezolano, una regalía del 33.33 %», indica. De lo contrario, «sería un robo», añade.
«Ese es otro aspecto que viola la ley», dice Ramírez, que señala que, además, no pagar el impuesto del 50 % a las ganancias empresariales cuestiona la soberanía del país.
Volumen sin peso
Este «desastre», dice Ramírez, se generaría por un volumen de crudo muy moderado, pues Chevron no podría extraer más de 270,000 barriles diarios, que es el máximo que llegó a sacar en 2003, cuando él era ministro y presidente de la compañía estatal».
Ese volumen «no va a cambiar en nada la situación del mercado petrolero internacional», asegura.
El problema, para Ramírez, es que Maduro «estaría desmantelando de un plumazo todo lo que han sido las conquistas en doctrina petrolera de nuestro país».
En este contexto, recuerda que el suyo es «un país centenario en producción de petróleo, que siempre estuvo en la OPEP a la vanguardia en los temas de los derechos de los países productores de petróleo».
«Hablo como exministro de Petróleo del país que fui durante doce años (2002-2014): es muy grave que una licencia pretenda condicionar o estar por encima de las leyes de la República y de la Constitución», insiste.
Candidato perseguido
Ramírez acusa a Maduro de actuar de espaldas al pueblo, en interés propio, y de intentar presionarle para que desista de su activismo político y de su candidatura.
En ese contexto ve el arresto de su hermano, el médico Fidel Darío Ramírez, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en septiembre pasado.
«Es un secuestro político», una retaliación a mi candidatura, dice el exministro, que se autodefine como «chavista», rechazando que Maduro lo sea, y niega las acusaciones de corrupción tanto en su contra como contra su hermano.
Hasta ahora, la Justicia italiana ha decidido no extraditar a Ramírez a Venezuela, como pide Caracas.
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