El expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001 – 2006), acusado en su país de corrupción y encarcelado en EE.UU. a la espera de su extradición, pidió este martes al juez que le deje en libertad bajo fianza al ser población de riesgo de la pandemia de coronavirus.
Toledo tiene 74 años (cumplirá los 75 este año) y sufre hipertensión, por lo que su Defensa asegura que tiene un 6 % de posibilidades de fallecer en caso de contraer el COVID-19, significativamente superior a las de la media de la población.
«Imploramos a la Corte que se libere al doctor Toledo y se evite lo que podría ser tanto una tragedia de derechos humanos como un desastre diplomático internacional», indicó la defensa de Toledo en un documento presentado ante la Corte del Distrito Norte de San Francisco (California, EE.UU.) al que tuvo acceso Efe.
El juez Thomas Hixson, que lleva el caso, aceptó la petición de Toledo de celebrar una audiencia de urgencia que programó para el jueves a las 11.00 hora local (18.00 GMT) para tratar este asunto.
De forma extraordinaria, la audiencia será telefónica, ya que los juzgados de San Francisco se encuentran, como el resto de la ciudad, confinados por la pandemia, y el magistrado requirió por escrito la participación de la esposa de Toledo, Elaine Karp, en la llamada, ya que en caso de que se le conceda la libertad bajo fianza, le tocaría a ella hacerse cargo de los costes.
La defensa citó también la dificultad en que se hallan las prisiones para mantener las condiciones higiénicas necesarias para evitar el contagio de coronavirus y arguyó que el «riesgo efímero» de que Toledo huya del país si se le concede la libertad, «es una menudencia» comparado con «la realidad cada vez más posible de que Toledo muera en prisión».
Esta es la tercera vez que Toledo pide ser puesto en libertad a la Corte del Norte de California, después de que dos jueces distintos se la denegaran por primera vez el año pasado y por segunda vez a principios de este mes.
El exmandatario peruano está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando aún era presidente, y ha pasado los últimos dos años prófugo de la Justicia peruana en EE.UU., donde reside en la localidad de Menlo Park, cerca de San Francisco.
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