Tras entregarse «in extremis» anoche pacíficamente a la Policía, el expresidente sudafricano Jacob Zuma cumplió este jueves la primera jornada de los 15 meses de prisión a los que fue condenado por negarse reiteradamente a declarar por corrupción, en una sentencia histórica para la democracia del país.
«No tendrá ningún trato preferencial», afirmaron los responsables de la cárcel donde se encuentra Zuma, denominada Estcourt (en la oriental provincia de KwaZulu-Natal), en una breve comparecencia ofrecida hoy junto al ministro de Justicia y Servicios Correccionales sudafricano, Ronald Lamola.
De acuerdo a este ministro, que visitó la prisión hoy, Zuma se encuentra bien y con «buen ánimo», aunque permanecerá las dos primeras semanas aislado debido a los protocolos imperantes de lucha contra la covid-19.
Zuma gozará de los mismos derechos que cualquier preso de su tipo y, según recalcó Lamola, será tratado de forma «humana» durante el periodo de encarcelamiento.
El exjefe de Estado tendrá acceso a una televisión y a un teléfono público (no a un celular), y vestirá un mono de color naranja, como el resto de reclusos.
El ministro confirmó también que el exmandatario podrá optar a la libertad condicional una vez cumpla un cuarto de su sentencia, dadas las condiciones de su condena.
Pese al encarcelamiento, el equipo legal de Zuma mantiene la esperanza de poder revertir el castigo, gracias a distintas peticiones legales interpuestas ante la Justicia que se debatirán en los próximos días.
Pena de cárcel por negarse a declarar por corrupción
Zuma, de 79 años, fue condenado el pasado 29 de junio por el Tribunal Constitucional a 15 meses de prisión por negarse repetidamente a acatar las órdenes judiciales que le obligaban a testificar en el marco de una investigación sobre la extensa corrupción ocurrida presuntamente durante su presidencia (2009-2018).
El polémico exgobernante considera que esa investigación -un caso conocido en Sudáfrica como la «Captura del Estado»- y el juez que la lidera, Raymond Zondo, buscan destruir su legado.
Por ello, Zuma -forzado a dimitir en febrero de 2018 por su propio partido en medio de numerosos escándalos- ignoró las citaciones incluso después de que el Constitucional especificara que eran obligatorias.
Esto activó un proceso por «desacato», en el que el exmandatario también se negó a participar.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional, Zuma tenía hasta el 4 de julio para entregarse voluntariamente, pero dos días antes sus abogados tramitaron peticiones de urgencia para intentar bloquear su entrada en prisión.
Según afirmó el domingo pasado el exmandatario en un notable cambio de postura respecto a sus desafiantes comentarios precedentes, la cárcel sería para él una «sentencia de muerte», dada su avanzada edad, su «salud» y la pandemia de covid-19 (enfermedad para la que no se ha inmunizado pese a haber podido acceder a la vacunación desde mayo).
Divisiones en el goberbante Congreso nacional africano
Zuma se ha convertido en el primer expresidente sudafricano de la era democrática en ser encarcelado desde el fin del sistema segregacionista del «apartheid» (1994).
Su figura, manchada desde hace décadas por acusaciones de irregularidades, genera fuertes divisiones en el seno del oficialista Congreso Nacional Africano (CNA, el movimiento bajo el que militó Nelson Mandela), especialmente desde la llegada al poder de su sucesor, el presidente Cyril Ramaphosa, quien hizo de la lucha contra la rampante corrupción una de sus banderas.
A raíz del encarcelamiento de Zuma, el CNA pidió hoy en un comunicado a sus miembros que «permanezcan en calma».
Esta llamada a la prudencia busca suavizar los ánimos entre los afines al polémico expresidente, que desde la semana pasada le mostraron su apoyo concentrándose junto a su residencia -en algunas jornadas, formando auténticas multitudes pese a las restricciones por la covid-19- y amenazaron incluso con bloquear la entrada de la Policía si se presentaba a detenerlo.
En otro comunicado, la Fundación Nelson Mandela dio hoy la bienvenida a la decisión de Zuma de entregarse, pero recalcó que “durante cerca de dos décadas” el expresidente “actuó con impunidad e impulsó la cultura de la impunidad a su alrededor”.
También los partidos de la oposición celebraron su encarcelamiento como una prueba del imperio de la ley.
En paralelo a este proceso, Zuma también está actualmente en juicio acusado de corrupción y otros cargos por supuestamente haber recibido sobornos en relación a un acuerdo armamentístico millonario firmado para Sudáfrica con una empresa francesa a finales de los años 90.
Ya en 2016 tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
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