Dos exreos de Venezuela denunciaron este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su país existe un «patrón» de tortura aplicado por las autoridades contra políticos presos, un grupo conformado hoy por 264 personas, según los registros de la ONG Foro Penal.
Durante una audiencia pública del 189 Período de Sesiones organizado por la CIDH, en Washington, los venezolanos Vilca Fernández y Carlos Ramírez, opositores al chavismo, relataron los atropellos que sufrieron durante sus días en prisión, antes de obtener medidas humanitarias con las que pudieron exiliarse en el exterior.
«Recibí múltiples golpizas» de las que «tengo heridas en mi cuerpo», contó Fernández, de 44 años, que se definió como una «víctima de persecución» tras haber estado encerrado dos años en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, un lugar que los mismos custodios -aseveró- describen como «el infierno».
«Me colocaban el fusil en el pecho para que revelara donde estaban dos dirigentes estudiantiles de ese momento», prosiguió el hombre, que cree que estos actos de tortura son ordenados por Maduro en búsqueda de la «destrucción moral» de quienes le son contrarios políticamente.
Por su parte, Carlos Ramírez, también exdirigente estudiantil, dijo que recibió golpes de los agentes de seguridad en los diferentes recintos de reclusión en los que estuvo durante seis meses, y acusó a militares y policías de haberlo desnudado en varias ocasiones para aplicar los maltratos directamente sobre su cuerpo.
«Todo el que llega (a esas cárceles) es torturado», pues existe un «estándar de tortura», remarcó Ramírez, que aseguró que hay jueces, fiscales, dirigentes políticos y militares que han presenciado tratos crueles contra prisioneros dentro de los calabozos y no hacen nada para impedirlo o denunciarlo.
En julio de 2023, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señaló que ha tenido conocimiento de que en 2022 hubo en Venezuela 362 imputaciones por tortura y 47 condenas, pero que su oficina tiene conocimiento de otras 91 denuncias presentadas por las víctimas o sus representantes.
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