Un mexicano antes residente en el sur de Colorado y acusado de haber controlado el tráfico de drogas en esa área fue extraditado desde México a Denver y ya tuvo su primera audiencia judicial, informó este jueves la oficina del fiscal federal en este estado.
Según el comunicado, Raúl Rodríguez Romero, de 32 años, enfrenta un cargo por venta de medio kilogramo de metanfetamina (con un valor callejero aproximado de 40,000 dólares) en noviembre de 2015 en Colorado Springs (100 kilómetros al sur de Denver).
Además, Rodríguez enfrenta otros 11 cargos por otros tantos episodios de lavado de dinero en la misma zona entre mayo y octubre de 2015, según le informó este miércoles el juez federal Scott T. Varholak.
En algún momento luego de esos delitos, Rodríguez se fugó a México, donde fue capturado y extraditado a Colorado, arribando recientemente a Denver en el marco de un acuerdo firmado en 2001 entre este estado y el Gobierno mexicano, y renovado en 2005.
La fiscalía federal sostiene que Rodríguez “tomó el dinero que se asume fueron las ganancias del tráfico de metanfetamina y usó cheques de cuentas bancarias para ocultar y disimular el hecho que se trataba de dinero de drogas”.
En total, el ilícito habría llegado a los 10 millones de dólares en venta de drogas y a más de 5 millones de dólares en lavado de dinero, estimaron los agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que lideró la investigación.
De ser encontrado culpable de todos sus cargos, Rodríguez podría recibir una sentencia de entre 10 a 20 años en prisión.
El mexicano actuó en la misma ciudad y en los mismos meses de 2015 que otras dos personas también acusadas de narcotráfico, Rafael Tafoya y Gabriel Sánchez, cuyas actividades fueron descubiertas cuando la policía de Colorado Springs instaló una cámara en un poste de cables de electricidad para espiarlos.
Argumentando la inconstitucionalidad de la cámara, Tafoya y Sánchez acudieron a la justicia. A principios de este mes, la Corte Suprema de Justicia de Colorado dictaminó que el procedimiento fue legal y que la cámara espía no infringía los derechos de privacidad garantizados por la Constitución de Estados Unidos.
Tafoya y Sánchez, convictos de narcotráfico por un valor superior a los 2 millones de dólares, están sirviendo sentencias de 15 y 20 años de prisión respectivamente.
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