Los residentes de Nuevo México que han perdido a un ser querido por la violencia armada no creen que la reciente medida impuesta por la gobernadora Michelle Lujan Grisham ayude a detener la crisis en el estado.
“Los delincuentes no prestan atención a las leyes, por eso son delincuentes”, dijo Sally Sanchez, ciudadana de Albuquerque y cofundadora de New Mexico Crusaders for Justice, a The Epoch Times. “Lo único que ella está haciendo es impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley puedan protegerse”.
El pasado 9 de septiembre, la gobernadora de Nuevo México suspendió el derecho a portar armas en público en el área de Albuquerque. Durante la conferencia de prensa donde anunció la medida, Grisham dijo que la medida tiene como objetivo «reducir rápidamente la violencia armada» tras las recientes muertes de menores por tiroteos, aunque admitió que es consciente que la orden no detendrá el crimen en Nuevo México.
Sanchez, junto a su grupo de defensa, conforman más de 1000 familias de Nuevo México que buscan generar conciencia sobre el problema del crimen armado. “Esta no es la solución, las personas que hemos perdido a un ser querido a causa de la violencia armada o crímenes violentos no queremos que les quiten las armas. Queremos que los criminales rindan cuentas”, dijo.
“Y una vez que el estado pueda empezar a hacer eso, los delincuentes se darán cuenta de que no será tan fácil cometer delitos graves y salirse con la suya, porque irán a la cárcel, pero ahora mismo no temen eso”.
El hijo de Sally, Antonio Jaramillo, tenía 32 años cuando fue asesinado en diciembre de 2020 a manos de cinco criminales reincidentes.
“Ellos irrumpieron en su casa, lo ataron, lo ejecutaron, y luego procedieron a robarle. Fue el peor día de mi vida y aún no he visto justicia”, dijo Sanchez. “Hay cinco reincidentes que están en la cárcel ahora mismo, pero tardó dos años para que sucediera. Y ya casi se cumple un año sin que el sistema judicial programe audiencias sobre el caso”, añadió.
Sanchez dice que aunque sí se han aprobado algunos proyectos de ley, los criminales aún tienen una segunda oportunidad, lo cual no ayuda en nada. Nuevo México cuenta con programas de reforma donde los criminales salen sin pagar fianza, y un sistema penitenciario de “puertas giratorias”, una política que permite a los criminales salir de la cárcel repetidamente.
Desde que la medida de Grisham entró en vigor, se han reportado al menos cuatro homicidios en el estado.
Luis Valdes es director regional en Florida de Gun Owners of America, y también ha sido un agente de las fuerzas del orden por 15 años
Valdes también señaló que la medida de Grisham era una “clara violación” de los derechos constitucionales de los residentes de Nuevo México.
“No es un problema de armas, como ella dice, es un problema criminal”, añadió.
Gun Owners of America presentó una demanda contra Grisham el mismo día que la gobernadora impuso la orden. Valdes dice que tiene la sensación de que saldrán victoriosos en los tribunales y revocarán la orden antes de los 30 días.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de Grisham para solicitar comentarios.
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