Un experimento con la despenalización de las drogas duras en favor del tratamiento de la adicción llegará a su fin a finales de este año, ya que la gobernadora demócrata de Oregón, Tina Kotek, promulgó el 1 de abril una ley que vuelve a penalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas.
La nueva ley (pdf) hace retroceder la Medida 110, aprobada por el 58% de los votantes de Oregón en 2020, que fue un intento pionero en el país de abordar el problema de la drogadicción que adolecía de muchos problemas de aplicación.
Despenalizaba la posesión de pequeñas cantidades de heroína, metanfetamina, LSD, oxicodona y otras drogas, imponiendo una multa de 100 dólares o una evaluación de salud que podría conducir a un asesoramiento sobre la adicción.
La nueva ley que anula algunas de las políticas blandas en materia de drogas recupera algunas sanciones penales limitadas, con la llamada «posesión para uso personal» de drogas, castigada con hasta seis meses de cárcel.
También anima a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a crear programas de derivación a servicios de adicción y salud mental en lugar de enfrentarse a sanciones penales.
«El éxito de este marco político depende de la capacidad de los socios para comprometerse a una profunda coordinación a todos los niveles», declaró la Sra. Kotek. «Las cortes, la Policía del Estado de Oregón, las fuerzas de seguridad locales, los abogados defensores, los fiscales de distrito y los proveedores locales de salud conductual son todos fundamentales para estas conversaciones y socios necesarios para lograr la visión de esta legislación».
Lo que hizo la Medida 110 y su aplicación
La medida de despenalización destinó millones de los ingresos fiscales del cannabis a los servicios de adicción, pero el estado no fue capaz de aumentar estos servicios con la rapidez suficiente para combatir el problema, mientras que el consumo de fentanilo «explotó» en el estado tras la aprobación de la ley, según una auditoría estatal.
La auditoría del Secretario de Estado de Oregón añadió: «Polémica desde el principio, la M110 atrajo más escrutinio cuando se retrasó la financiación de los servicios y la despenalización entró en vigor en medio de una explosión del consumo de fentanilo».
La auditoría también descubrió que el rápido consumo de fentanilo, las muertes por sobredosis y el aumento de personas sin hogar han «incrementado la necesidad de tratamiento», que el estado no ha atendido.
Nuevas disposiciones
En particular, la legislación recién promulgada aborda los aspectos jurídicos y penales del abuso de sustancias.
Modifica la definición de «entrega» a efectos de la Ley Uniforme de Sustancias Controladas, aumenta las penas presuntas por entrega ilegal de sustancias controladas en lugares especificados, y agrava las penas por posesión ilegal de una sustancia controlada a partir del 1 de septiembre de 2024.
La legislación introduce una nueva forma de libertad condicional para los delitos menores relacionados con el consumo de drogas y establece procesos para sellar los antecedentes relacionados con dichos delitos.
Además, la ley HB4002 establece el Programa de Desvío de la Salud Conductual de Oregón, destinado a financiar programas de desvío para evitar la criminalización de los trastornos por consumo de sustancias, y el Programa de Subvenciones a la Medicación de los Trastornos por Consumo de Opiáceos en las Cárceles de Oregón, que integra aún más el enfoque del tratamiento en primer lugar dentro del sistema de justicia penal.
Otras disposiciones incluyen exigir a la Autoridad Sanitaria de Oregón (OHA) que realice un estudio en profundidad de los retos que plantea el consumo de drogas en el estado.
Se encarga a la OHA que presente sus conclusiones a los comités provisionales de la Asamblea Legislativa relacionados con la salud antes del 15 de septiembre de 2025, y la legislación expirará el 2 de enero de 2026. El objetivo de esta iniciativa de investigación es sentar las bases para futuras decisiones legislativas y políticas con conocimiento de causa para abordar eficazmente la crisis de adicción de Oregón.
Otra característica clave de la nueva ley es su énfasis en la eliminación de las barreras al tratamiento asistido con medicación para los trastornos por consumo de sustancias.
Prohíbe a las aseguradoras exigir autorización previa u otras revisiones de utilización para la cobertura de los medicamentos utilizados en el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias, con ciertas excepciones.
Además, las organizaciones de atención coordinada están obligadas a proporcionar a sus miembros acceso a medicamentos para tratar el trastorno por consumo de opiáceos y cualquier trastorno por consumo de sustancias o enfermedad mental concurrentes, sin exigir autorización previa.
La nueva ley también permite a los farmacéuticos prescribir y dispensar reposiciones anticipadas de medicamentos para el trastorno por consumo de opiáceos en condiciones específicas.
También exige que las organizaciones de atención coordinada mantengan redes adecuadas de proveedores de tratamiento de la adicción.
Además, la legislación establece la creación de un programa de clínicas comunitarias de salud conductual certificadas, el Grupo de Trabajo Conjunto sobre Responsabilidad Regional en Salud Conductual y el Grupo de Trabajo sobre Mejora de la Seguridad de los Trabajadores de Salud Conductual, todos ellos con disposiciones de extinción en enero de 2026.
Reacciones a la nueva ley
Entre las reacciones más destacadas a la nueva legislación se encuentran las de los republicanos del estado, que se opusieron a la medida electoral original y han pedido que se anule desde entonces.
El líder republicano del Senado de Oregón, Tim Knopp, elogió la legislación bipartidista que, según dijo, invertirá gran parte del «experimento de despenalización de las drogas de Oregón en respuesta a una crisis de adicción mortal que asola las principales ciudades, los barrios suburbanos y las comunidades rurales de todo el estado».
«Ahora que la gobernadora ha dado su visto bueno al proyecto de ley de recriminalización, por fin podemos poner fin al capítulo del experimento de Oregón de despenalizar las drogas duras», declaró el Sr. Knopp en un comunicado. «La HB 4002 no es una solución perfecta; sin duda, los legisladores tendrán mucho más trabajo que hacer en las próximas sesiones. Pero establece una norma sobre cómo debe abordar el estado la crisis de adicción a las drogas: facultando a las fuerzas policiales y a nuestros sistemas de salud conductual para que trabajen juntos para ayudar a los residentes de Oregón que luchan contra la adicción crónica a buscar un tratamiento que les salve la vida».
Añadió que era una prioridad clave para el Grupo Republicano del Senado, así como abordar el problema de los indigentes y el aumento de la delincuencia.
«Recriminalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras era lo primero de la lista», dijo en el comunicado. «Cuenta con un amplio apoyo de los votantes de Oregón».
Los demócratas de la Cámara de Oregón también respondieron a la legislación, señalando que es una respuesta a «la crisis que se está desarrollando» en las calles de Oregón.
«Este amplio paquete invierte en la prevención y en las causas profundas de la adicción, toma medidas enérgicas contra los traficantes de drogas, restringe el consumo de drogas en la vía pública, traslada a las personas al tratamiento de la adicción, mejora la mano de obra de la salud conductual y reduce el número de muertes por sobredosis», afirmó el grupo en una declaración tras el final de la sesión legislativa.
Los críticos señalaron el enfoque «condado por condado» que establece la legislación, que según la Radio Pública de Oregón fue un compromiso alcanzado para conseguir que los grupos encargados de hacer cumplir la ley apoyaran el proyecto de ley. El medio de comunicación añadió que muchos demócratas esperaban exigir programas de desvío en lugar de simplemente fomentarlos.
«No basta con escribir la palabra ‘desvío’ en un proyecto de ley, hay que crear realmente el aparato y ellos no crearon el aparato ni lo financiaron», dijo Sandy Chung, de la ACLU de Oregón, según el medio de comunicación. «Veremos si los condados consiguen realmente crear esos programas».
El medio de comunicación añadió que los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley se están apresurando a crear programas de desvío y a solicitar financiación, con la esperanza de que se pueda hacer algo para «ver una reducción de las sobredosis y de las muertes por sobredosis».
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