El fiscal general, Merrick Garland, anunció la demanda en una conferencia de prensa el viernes, argumentando que la ley electoral de Georgia es una violación a las protecciones de la Ley Federal de Derechos Electorales para los votantes minoritarios.
“Nuestra denuncia argumenta que los cambios recientes a las leyes electorales de Georgia fueron promulgadas con el propósito de negar o restringir el derecho de los georgianos negros a votar debido a su raza o color”, dijo Garland.
“Cuando creemos que se han violado los derechos civiles de los estadounidenses, no dudaremos en actuar”, agregó.
La acción legal tiene como objetivo el SB 202, o la Ley de Integridad Electoral de 2021 (pdf), que fue aprobada por las dos cámaras legislativas del estado sin el apoyo de los demócratas, y fue promulgada por el gobernador de Georgia, Brian Kemp, el 25 de marzo— generando elogios de los promotores de las medidas de integridad electoral y protestas de quienes afirman que el proyecto de ley equivale a una «supresión de votantes».
El viernes, en una declaración a The Epoch Times, Kemp criticó la demanda del Departamento de Justicia como producto «de las mentiras y la desinformación que la administración Biden ha puesto resistencia contra la Ley de Integridad Electoral de Georgia desde el principio».
«Ahora», agregó su declaración, «están convirtiendo en un arma al Departamento de Justicia de EE. UU. para llevar a cabo su agenda de extrema izquierda que socava la integridad de las elecciones y empodera la extralimitación del gobierno federal en nuestra democracia».
Cuando se le preguntó sobre la demanda, Carr estuvo de acuerdo con la descripción de Kemp de que el Departamento de Justicia estaba siendo convertido en un arma, argumentando que el Departamento de Justicia «simplemente está jugando a la política» y no está defendiendo el estado de derecho.
Carr agregó que «cualquiera que lea realmente la ley de Georgia concibe que esta refuerza la seguridad, amplía el acceso y mejora la transparencia».
Los republicanos han argumentado que las medidas de reforma electoral son mejoras necesarias para reforzar la integridad y reconstruir la confianza en las elecciones del estado. Las reformas incluyen exigir una identificación con foto o aprobada por el estado para votar en ausencia por correo. También exigen que se coloquen buzones seguros dentro de los lugares de votación anticipada, con vigilancia constante, y la ley amplía la votación anticipada en todo el estado para abordar una preocupación clave de los demócratas. El proyecto de ley acorta también el ciclo electoral para las segundas elecciones de nueve semanas a cuatro y requiere un mínimo de una semana de votación anticipada antes del día de las elecciones.
La nueva demanda del Departamento de Justicia está a cargo de Kristen Clarke, jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, y la subprocuradora general adjunta principal, Pamela Karlan.
“Las disposiciones que impugnamos reducen el acceso al voto en ausencia en cada paso del proceso, lo que impulsa a más votantes negros a votar en persona, donde serán más propensos que los votantes blancos a enfrentarse a largas filas”, dijo Clarke el viernes al criticar la ley de Georgia.
La demanda federal contra el DOJ se presentó en el Distrito Norte de Georgia. La demanda es una de otras varias que solicitan a los tribunales una reparación luego de que la medida de votación se convirtiera en ley.
Con información de Jack Phillips.
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