La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha acordado aplazar la sentencia del presidente electo Donald Trump en su caso sobre registros empresariales.
Una carta del 19 de noviembre al juez de Nueva York Juan Merchan mostraba a Bragg afirmando que su oficina creía que «los procedimientos ante esta corte deberían aplazarse para permitir el litigio» en torno a la moción de desestimación de Trump.
La sentencia estaba prevista para el 26 de noviembre. Trump había pedido a la corte que anulara el veredicto y la acusación basándose en la inmunidad presidencial, con una decisión prevista para principios de este mes. Merchan, sin embargo, pospuso una decisión sobre esa moción después de la elección de Trump.
«Esta es una victoria total y definitiva para el presidente Trump y el pueblo estadounidense que lo eligió en una victoria aplastante», dijo el portavoz de Trump, Steven Cheung, a The Epoch Times por correo electrónico. «El fiscal de Manhattan ha reconocido que esta cacerías de brujas no puede continuar».
Cheung dijo que el equipo legal de Trump está trabajando para que el caso sea desestimado.
Trump ha pedido a la corte que anule el veredicto y la imputación basándose en la inmunidad presidencial. Inicialmente se esperaba una decisión sobre esa solicitud a principios de este mes.
La carta de la oficina de Bragg no aceptaba los argumentos de Trump para desestimar el caso por la cuestión de la inmunidad, ni su petición de trasladar el caso a un tribunal federal.
«Creemos que estos argumentos son incorrectos», decía la carta. «El Pueblo respeta profundamente la Oficina del Presidente, es consciente de las exigencias y obligaciones de la presidencia, y reconoce que la toma de posesión del Demandado planteará cuestiones legales sin precedentes».
En mayo, un jurado declaró a Trump culpable de 34 delitos graves, lo que aumenta la posibilidad de que se enfrente a penas de prisión. Los expertos dijeron a The Epoch Times en ese momento que la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos impediría que Trump cumpliera pena de prisión.
Los abogados de Trump argumentaron que la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Trump contra Estados Unidos, que concedía distintos niveles de inmunidad penal a la conducta oficial de los presidentes, prohibía el uso de determinadas pruebas y testimonios de testigos.
En su respuesta de julio a la petición de desestimar la imputación, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, argumentó que Trump había esperado demasiado tiempo para plantear algunos de sus argumentos sobre la inmunidad. También dijo que un juez federal había considerado que la conducta en cuestión —un supuesto pago a Stephanie Clifford— estaba fuera de las funciones oficiales de un presidente.
El 19 de noviembre, la oficina de Bragg argumentó que «ninguna ley actual establece que la inmunidad temporal de un presidente requiera el sobreseimiento de un proceso penal posterior al juicio».
Con colaboración de Jackson Richman
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