La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, respondió el 31 de marzo a los presidentes de los comités republicanos de la Cámara de Representantes por las dos cartas que le enviaron en relación con su investigación sobre el expresidente Donald Trump.
Un gran jurado de Nueva York votó a favor de acusar a Trump el 30 de marzo por su presunto papel en el pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante las últimas semanas de la campaña presidencial de 2016. Con este procesamiento, Trump se convirtió en el primer expresidente de la historia en ser acusado.
Las cartas a Bragg fueron escritas por el presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), el presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.), y el presidente de Administración de la Cámara de Representantes, Bryan Steil (R-Wis.).
En la primera, del 20 de marzo, se solicitaba su testimonio, además de documentos y comunicaciones —desde el 1 de enero de 2017 hasta el presente— relacionados con la investigación de la Fiscalía sobre Trump. También solicitaba «todos los documentos y comunicaciones referidos o relacionados con la recepción y uso de fondos federales por parte de la Fiscalía del Condado de Nueva York».
Los presidentes de la Cámara calificaron la entonces esperada acusación como «un abuso sin precedentes de la autoridad fiscal». Advirtieron que las «acciones de Bragg erosionarán la confianza en la aplicación imparcial de la justicia e interferirán de forma inalterable en el curso de las elecciones presidenciales de 2024».
En respuesta a la carta, Leslie Dubeck, abogado general de la oficina del fiscal de Manhattan, escribió a los presidentes del comité de la Cámara el 23 de marzo, calificando de ilegítima la investigación del Congreso.
Afirmó que el cumplimiento de la carta del 20 de marzo «interferiría con la aplicación de la ley», que las peticiones de documentos y comunicaciones «violan la soberanía de Nueva York» y que una «revisión por el Congreso de una investigación penal pendiente usurpa los poderes ejecutivos». Dubeck también escribió que «la financiación federal es una base insuficiente para justificar estas peticiones inconstitucionales».
«No obstante, para ayudar al Congreso a entender la forma en que la Fiscalía ha utilizado los fondos federales, estamos preparando y presentaremos una carta describiendo su uso de los fondos federales», escribió.
La segunda carta, del 25 de marzo, trataba de refutar los argumentos de Dubeck.
«En particular, su carta de respuesta no rebatía las acusaciones centrales en cuestión: que usted, bajo la presión política de activistas de izquierdas y exfiscales de su oficina, al parecer está planeando utilizar una supuesta violación de la financiación de una campaña federal, previamente rechazada por los fiscales federales, como vehículo para ampliar el plazo de prescripción de un delito que de otro modo sería menor y acusar por primera vez en la historia a un expresidente de Estados Unidos», escribieron Jordan, Comer y Steil.
«Además, aparentemente está intentando elevar una acusación de delito menor a delito grave utilizando una teoría jurídica no probada al mismo tiempo que rebaja la categoría de los cargos de delito grave a delitos menores en la mayoría de los casos de su jurisdicción», continuaron.
Los presidentes de los comités escribieron que «los argumentos en defensa de su conducta procesal sin precedentes son concluyentes y poco convincentes», que «los comités están autorizados a llevar a cabo dicha investigación», que «la investigación se refiere a un asunto sobre el que se podría legislar» y que las solicitudes de documentos y comunicaciones «son pertinentes para la investigación de los comités».
También escribieron que las «defensas basadas en leyes estatales de Dubeck son insuficientes», que la investigación «no se inmiscuye en los poderes del federalismo porque el Congreso está ejerciendo su autoridad básica de Legislar» y que la investigación «no usurpa los poderes ejecutivos».
Los presidentes calificaron de «insuficiente» la oferta de la oficina de Bragg de facilitar información sobre su uso de fondos federales.
En respuesta a la carta del 25 de marzo, en una carta del 31 de marzo, Dubeck dijo a Jordan, Comer y Steil que no molestaran.
«Los cargos presentados ayer fueron presentados por ciudadanos de Nueva York, cumpliendo con su deber cívico como miembros de un gran jurado, que encontraron causa probable para acusar al señor Trump de haber cometido delitos en Nueva York», escribió.
«Al igual que cualquier otro acusado, el señor Trump tiene derecho a impugnar estos cargos ante los tribunales y acogerse a todos los procesos y protecciones que ofrece el sólido procedimiento penal del estado de Nueva York», continuó Dubeck. «Lo que ni el señor Trump ni el Congreso pueden hacer es interferir con el curso ordinario de los procedimientos en el estado de Nueva York».
Dubeck dijo que la primera carta «hizo una solicitud sin precedentes al fiscal de Distrito de información confidencial sobre el estado de la investigación del gran jurado estatal —ahora acusación— del Sr. Trump», mientras que la segunda «afirma que, al no proporcionarla, el fiscal de Distrito de alguna manera no refutó sus acusaciones infundadas e incendiarias de que nuestra investigación tiene motivaciones políticas».
«Esa conclusión es engañosa y no tiene mérito. No hemos refutado su carta punto por punto porque nuestra Oficina está legalmente limitada en la forma en que discute públicamente los procedimientos penales pendientes, como lo están las fiscalías de todo el país y como usted bien sabe. Ese secreto es fundamental para proteger la privacidad de las personas objeto de cualquier investigación penal, así como la integridad de los procedimientos del gran jurado independiente».
Dubeck escribió que «los comités carecen de jurisdicción para supervisar un proceso penal estatal», que «el propósito legislativo vago y cambiante de los comités es insuficiente» y que «la oficina del fiscal utiliza fondos federales limitados para luchar eficazmente contra el crimen [y] ayudar a las víctimas».
«Además, su examen de los hechos de una sola investigación criminal, con el supuesto propósito de determinar si se justifica algún cargo contra el señor Trump, es una usurpación indebida y peligrosa de las funciones ejecutiva y judicial», dijo.
La comparecencia de Trump en Manhattan está prevista para la tarde del 4 de abril. Trump ha mantenido su inocencia en el asunto, mientras que la noticia de la acusación ha desatado la indignación de partidarios y republicanos.
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