El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó el 12 de diciembre una demanda (pdf) contra el gobierno de Joe Biden para garantizar que el estado pueda seguir trabajando con organizaciones religiosas en la prestación de servicios de adopción y acogida.
Principalmente, la demanda pretende poner fin a una norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de la era Obama, conocida como la Norma SOGI (Orientación Sexual e Identidad de Género), que prohíbe a los beneficiarios de fondos federales para servicios de adopción y acogida discriminar por motivos de identidad de género, orientación sexual o estado civil.
Según la demanda, la norma SOGI obliga a las organizaciones religiosas a renunciar a sus derechos amparados por la Primera Enmienda para poder recibir financiación federal.
«Hay muchas instituciones religiosas vitales en Texas y en todo el país que pueden ayudar a garantizar que los niños de acogida estén protegidos y puedan encontrar buenos hogares», dijo Paxton en una declaración. «La norma SOGI les obligaría a adoptar una agenda radical woke o a renunciar a su misión de ayudar a los niños. Eso no está bien».
«Es una vergüenza que la administración Biden esté jugando con las normativas con nuestros servicios de acogida y adopción, y esta demanda tiene como objetivo poner a nuestros niños en primer lugar y proteger la libertad religiosa«.
Impugnación anterior
Según la demanda, Texas impugnó previamente la Regla SOGI en 2019, pero el HHS argumentó entonces que el caso era discutible, ya que el departamento había asegurado a la corte que la regla no se aplicaría y que se emitiría una nueva regla derogándola.
En aquel momento, Texas rebatió ese argumento, sosteniendo que las garantías del HHS no eran más que una «medida a medias no vinculante», señalando que no se habían introducido cambios permanentes en la ley y que el departamento «podría empezar a aplicar las disposiciones impugnadas en cualquier momento».
En última instancia, la corte se puso de parte del HHS, sosteniendo que no había motivos para dudar de que las garantías del departamento se habían hecho de buena fe.
Reversión de la política
La nueva demanda argumenta que, desde que ese caso fue desestimado, el HHS de la era Biden ha socavado repetidamente sus promesas anteriores de la era Trump. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el departamento rescindió la excepción de aplicación que había extendido previamente a Texas, declarando que era «demasiado amplia».
Además, la nueva regla revisada, que el HHS finalizó al final de la administración Trump fue anulada en la corte a petición del propio departamento, después de que la nueva regla se enfrentara a desafíos legales a la luz de la posterior sentencia de la Corte Suprema de que la discriminación basada en el sexo abarca la identidad de género y la orientación sexual en el contexto del empleo.
Alegando que la norma SOGI viola la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo, que describe el proceso mediante el cual los organismos federales elaboran y publican reglamentos, la demanda solicita a la corte que declare a la norma ilegal e inválida.
Otras impugnaciones
Otras políticas similares de la administración Biden fueron impugnadas recientemente ante la corte, incluida una que prohibía a los proveedores de atención sanitaria la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual.
Un grupo de médicos demandó al gobierno por esa política, que se basaba en una interpretación actualizada del artículo 1557 de la Ley de Asistencia Asequible que prohíbe la discriminación «por razón de sexo».
En noviembre, un juez federal se puso de su parte, declarando ilegal esa política.
«Esta es una victoria histórica contra la presidencia imperial y la ideología de género extremista», dijo Stephen Miller, presidente de America First Legal, que representó a los médicos en ese caso. «Obligar a los médicos a tratar a los niños como niñas y a las mujeres como hombres es una auténtica locura anticientífica. Esta decisión afirma que Biden infringió la ley al ordenar a los médicos que sustituyeran la biología por la superstición y realicen experimentos bárbaros con niños, incluida la castración química y la esterilización permanente».
Del mismo modo, casos similares que desafiaban el mandato de la administración que obliga a médicos y aseguradoras a realizar o pagar procedimientos de transición de género —independientemente de las objeciones personales o médicas que pudieran tener— lograron victorias legales.
A medida que avanza la demanda de Texas, esas recientes impugnaciones exitosas también pueden proporcionar una justificación legal para anular la Norma SOGI.
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