El fiscal especial de Trump, Nathan Wade, llegó a un acuerdo de divorcio temporal con su exesposa y, por lo tanto, probablemente evitará tener que testificar ante el tribunal sobre su supuesta aventura con su jefa, la fiscal de distrito del Condado de Fulton, Fani Willis.
El Sr. Wade, el fiscal especial de Atlanta que fue contratado por Wills y presentó cargos de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump en Georgia, llegó el martes a un acuerdo de divorcio con su esposa, Jocelyn Wade, según documentos judiciales vistos por The Epoch Times.
El juez del Tribunal Superior del condado de Cobb, Henry Thompson, firmó el acuerdo temporal en el caso de divorcio el 30 de enero, cancelando una audiencia que se suponía tendría lugar el 31 de enero en la que se esperaba que el Sr. Wade testificara sobre su relación con la Sra. Willis.
La Sra. Willis ha sido acusada de tener una relación “inapropiada” con Wade, a quien nombró fiscal especial en el caso de interferencia electoral de Fulton Country contra el expresidente y más de una docena de coacusados.
El presidente Trump y los republicanos han alegado que el caso de Willis contra el expresidente es un enjuiciamiento impulsado políticamente destinado a descarrilar su intento de regreso a la presidencia en 2024.
La señora Willis fue citada en el caso de divorcio del señor Wade, pero intentó anular la citación.
Sin embargo, el juez del Tribunal Superior del condado de Cobb, Henry Thompson, se negó a anular la citación y dijo que decidiría si la Sra. Willis debería testificar después de escuchar por primera vez el testimonio del Sr. Wade en una audiencia prevista para el 31 de enero.
El acuerdo de divorcio significa que Wade evita tener que testificar en la audiencia del miércoles.
El juez del Tribunal Superior de Fulton, Scott McAfee, le ha dicho a la Sra. Willis que responda a las acusaciones de estar en una relación «inapropiada» a mediados de febrero.
Las acusaciones
Una abogada que representa a Michael Roman, uno de los coacusados, presentó una moción el 8 de enero para desestimar el caso de interferencia electoral del condado de Fulton, alegando mala conducta por parte de los fiscales del condado de Fulton.
La abogada de Roman, Ashleigh Merchant, alegó en el expediente de más de 100 páginas que Willis estaba involucrada en una “relación personal clandestina e inadecuada” con Wade y que “se beneficiaba significativamente” de la relación a expensas de los contribuyentes.
Los documentos judiciales muestran que el Sr. Wade pagó para que la Sra. Willis volara con él a dos ciudades diferentes.
Merchant también acusó a Willis de utilizar fondos destinados a eliminar una acumulación de casos atrasados en la era de la pandemia en el condado de Fulton para pagarle a Wade una gran suma de dinero.
Los documentos muestran que al Sr. Wade se le pagó una tarifa de USD 250 por hora por su participación en el caso, o alrededor de USD 650,000 en total.
El Sr. Roman está tratando de descalificar a la Sra. Willis y a su oficina del caso de interferencia electoral, según la presentación de su abogada del 8 de enero.
El presidente Trump también ha hecho exigencias similares, diciendo que tanto la señora Willis como el caso han quedado “totalmente comprometidos” y que el caso en su contra debería ser desestimado.
Los fiscales aún no han presentado una respuesta a la moción de Merchant, aunque han dicho que tienen la intención de hacerlo.
El Comité de Auditoría del Condado de Fulton también le pidió a la Sra. Willis que aborde las acusaciones de relación «incorrecta».
Bob Ellis, el comisionado del condado de Fulton, pidió a la Sra. Willis en una carta del 21 de enero que proporcionara explicaciones, incluso sobre los pagos al Sr. Wade, antes del 2 de febrero.
Investigación y artículos de acusación
La Sra. Willis enfrenta una investigación en la Legislatura de Georgia por presunta mala conducta, mientras que una legisladora de Georgia presentó recientemente una resolución para acusar a la Sra. Willis, alegando varios actos de “malversación, parcialidad tiránica y opresión”.
Al acusar a la Sra. Willis de sufrir el “síndrome de trastorno de Trump”, la representante estatal Charlice Byrd, republicana, alegó que la Sra. Willis utilizó su cargo no para buscar justicia sino para obtener beneficios políticos.
La Sra. Byrd dijo en una declaración del 26 de enero que había presentado la H.R. 872, una resolución para votar sobre los cargos de impeachment contra Willis.
La resolución califica la acusación a la Sra. Willis como “el caso más delicado de grave abuso de discreción” y alega que la fiscal del condado de Fulton “violó gravemente” su juramento de cargo, en el que aseguró ser imparcial.
La resolución de impeachment de la Sra. Byrd también acusa a la Sra. Willis de entablar una relación “inapropiada” y “poco ética” con el Sr. Wade, al tiempo que alega que ella se benefició de la relación.
Hay un total de 22 artículos de acusación en la resolución, cada uno de los cuales constituye una presunta violación al Código 16-10-1 de Georgia.
Si bien la resolución no entra en detalles sobre la naturaleza supuestamente política del procesamiento, los investigadores de la Cámara han hecho afirmaciones similares.
El Senado de Georgia adoptó una resolución en una votación del 26 de enero que establece un comité para investigar las diversas acusaciones de mala conducta contra la Sra. Willis.
La supuesta mala conducta incluye el gasto continuo de “importantes fondos públicos con el fin de contratar a un asistente especial del fiscal de distrito con quien la fiscal de distrito Willis tenía, y puede que aún tenga, una relación romántica en curso”, se lee en la resolución del Senado.
Si se demostrara que existe tal relación, equivaldría a un “claro conflicto de intereses y un fraude a los contribuyentes del condado de Fulton y al estado de Georgia”, lo que podría conducir a la recusación de la Sra. Willis y a retrasos en el juicio contra el expresidente Trump, el nombramiento de un fiscal especial y acciones disciplinarias, según la resolución.
La oficina de Willis no respondió a una solicitud de comentarios.
Sin embargo, en comentarios anteriores sobre el escándalo, la fiscal sugirió que el racismo era la motivación detrás del escrutinio.
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