El abogado especial Jack Smith pidió a la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el 11.° Circuito detener los procedimientos sobre el caso de los documentos clasificados del presidente electo Donald Trump en Florida.
Tras la elección de Trump, la moción de Smith del 13 de noviembre pedía a la corte que dejara en suspenso su apelación y suspendiera el plazo para su escrito de respuesta, que vencía el 15 de noviembre.
«El Gobierno solicita respetuosamente que la corte mantenga esta apelación en suspenso -y suspenda la fecha límite para el escrito de respuesta del Gobierno, que actualmente vence el 15 de noviembre de 2024- hasta el 2 de diciembre de 2024, para dar tiempo al Gobierno a evaluar esta circunstancia sin precedentes y determinar el curso apropiado a seguir en consonancia con la política del Departamento de Justicia», dijo.
Smith ha apeló la decisión de la juez Aileen Cannon de desestimar su procesamiento. Ella sostuvo este verano que el nombramiento de Smith violaba la Constitución.
La moción de Smith se presentó aproximadamente una semana después de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Cuando se le preguntó acerca de los casos penales de Trump la semana pasada, un portavoz de la oficina del abogado especial señaló a The Epoch Times un memorando del año 2000 en el que el DOJ dijo que el enjuiciamiento de un presidente en ejercicio violaba la Constitución.
«La acusación o el enjuiciamiento penal de un presidente en ejercicio socavaría inconstitucionalmente la capacidad del poder ejecutivo para desempeñar las funciones que le asigna la Constitución», se lee.
Smith citó de forma similar la política del Departamento de Justicia la semana pasada cuando solicitó a la juez Tanya Chutkan que anulara el calendario de su proceso contra Trump en Washington. La jueza accedió rápidamente a la petición el 8 de noviembre.
El movimiento de Smith allí y en el 11º circuito supuso el final de los casos federales contra Trump, cuya investidura está prevista para enero de 2025. La decisión de Cannon también planteó dudas sobre el uso de fiscales especiales. Su opinión se produjo luego de preocupaciones similares de la concurrencia del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas en el caso Trump vs. Estados Unidos, la decisión sobre la inmunidad presidencial.
Ambos casos se iniciaron el año pasado y han dado lugar a apelaciones. En particular, la Corte Suprema utilizó la apelación de Trump en Washington para emitir una decisión histórica que esboza diferentes niveles de inmunidad penal para los presidentes.
Los abogados de Trump habían citado esa decisión en su intento de anular el veredicto de culpabilidad que un jurado emitió en una corte del estado de Nueva York. Se esperaba que el juez neoyorquino Juan Merchan se pronunciara sobre los argumentos de inmunidad de Trump el 12 de noviembre, pero ha pospuesto la decisión.
Expertos dijeron a The Epoch Times que la Constitución excluiría la posibilidad de prisión para Trump en sus dos casos estatales en el caso de Nueva York y Georgia.
«La cláusula de supremacía deja claro que los estados no pueden interferir con la capacidad del presidente para llevar a cabo su trabajo, y… el presidente no puede hacer lo que tiene que hacer para dirigir el país desde la cárcel», dijo el vicepresidente de la Fundación Heritage, John Malcolm, a The Epoch Times el 6 de noviembre.
«El Servicio Secreto no podría garantizar su seguridad en prisión, por lo que no va a ver el interior de una celda aunque se confirme la condena».
La exfiscal federal Neama Rahmani cuestionó que la cláusula de supremacía tuviera ese efecto, señalando que «estamos en aguas legales inexploradas».
No obstante, declaró a The Epoch Times que «no sería apropiado» condenar a Trump a prisión dada su falta de antecedentes penales, señalando que era probable que se le impusiera una multa.
La moción de Smith en el 11.° circuito se presentó el mismo día en que Trump anunció que había elegido al representante Matt Gaetz (R-Fla.) para ser su fiscal general, a la espera de la confirmación del Senado.
Rahmani dijo que Merchan también podría permitirle a Trump apelar la condena, pero que ese tipo de apelaciones eran raras.
«Es más probable que Trump sea multado y condenado a no cumplir condena y que tenga que apelar la condena», dijo. «Todo esto no tiene precedentes y estamos en aguas legales desconocidas».
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