El Fiscal General del estado de Schleswig-Holstein-Alemania solicitó el martes la extradición del líder separatista catalán Carles Puigdemont -detenido desde el 25 de marzo en la prisión de Neumünster- quien ingresó al país desde Dinamarca, según Welt.
El Fiscal emitió el documento al Tribunal Regional Superior de Schleswig pidindo que: en tanto dure el proceso, Puidgemont deberá continuar detenido por posibles intentos de fuga. No se descarta que el Tribunal antes de tomar una decisión solicite documentos a España.
La solicitud se basa en la orden de arresto internacional emitida por el Juez español Pablo llarena el pasado 23 de marzo, quien acusó a Puidgemont de “rebelión”, “malversación de fondos” y “Desobediencia” durante su participación en el proyecto independentista de Cataluña. Esta causa legal se investiga desde noviembre pasado.
El delito de rebelión es estipulado por Llarena por: «utilizar el poderío de la masa para hacer frente a una actuación policial que sabían estaba orientada a imposibilitar el referéndum» y de intentar conseguir que «el Estado de derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población».
El juez dejó claro que Puidgemont era consciente de que el proceso «terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza» y calificó esta actitud como «muestra de su voluntad de incorporar la utilización de la fuerza al mecanismo para conseguir una secesión».
El juez Llarena dijo que Puidgemont, junto al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn -quienes están con prisión preventiva desde el 2 de noviembre– participaron en una reunión con policías de los Mossos d’Esquadra. La reunión se llevó a cabo tres días antes del referéndum y en ella fueron advertidos acerca del riesgo del evento.
Los Fiscales de Schleswig-Holstein dijeron que la solicitud de extradición de España era admisible porque las acusaciones de rebelión incluían la realización de un referéndum anticonstitucional, a pesar de que podían esperarse enfrentamientos violentos.
«La acusación de rebelión contempla esencialmente la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos», destaca el comunicado de la Fiscalía alemana. El delito de rebelión puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán, informó El Mundo.
En el caso alemán, el delito de alta traición requiere el uso o amenaza de violencia, sin embargo los fiscales advirtieron que «no es exigible legalmente una coincidencia literal entre los preceptos alemanes y españoles».
Los fiscales alemanes comparten el argumento del juez Llarena de que las fuerzas policiales españolas advirtieron sobre una escalada de violencia el día del referéndum debido a los enfrentamientos previos (entre ciudadanos catalanes y la Guardia Civil) del 20 de septiembre de 2017.
Puigdemont, explica la Fiscalía, optó sin embargo por mantener la consulta pese a las advertencias y comprometiendo de esta manera a la policía.
Puigdemont huyó de España hace cinco meses, instalándose en Bélgica luego que el primer ministro español Mariano Rajoy, destituyera su administración regional por acciones inconstitucionales y llamara a nuevas elecciones. Pese a las advertencias desde Madrid para someterse a la constitución, Puidgemont prefirió intentar liderar al grupo separatista desde el exterior.
Si es encontrado culpable podría pasar unos 25 años tras las rejas.
El abogado de Puidgemont, Jaume Alonso Cuevillas, apeló a la Corte Suprema española contra el cargo de rebelión y también pidió al tribunal que desestime las acusaciones de malversación de fondos públicos, mediante una objeción de 85 páginas, informó Welt.
Durante su estancia en la cárcel alemana, de acuerdo a El Español, el líder separatista recibió la visita de Alonso Cuevillas y del abogado alemán Wolfgang Schonburg. También lo visitaron varios políticos alemanes, como el eurodiputado euroescéptico Bernd Lucke y el diputado de la Izquierda Dieter Dehm.
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