El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, advirtió este jueves al gobernador de Texas, Greg Abbott, que «rescinda inmediatamente» una nueva orden ejecutiva destinada a restringir el transporte terrestre de extranjeros ilegales detenidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que puedan suponer un riesgo de transmisión del COVID-19.
«La orden viola la ley federal en numerosos aspectos y Texas no puede aplicar legalmente la orden ejecutiva contra ningún funcionario federal o partes privadas que trabajen para Estados Unidos», dijo Garland al gobernador republicano en una carta.
Garland advirtió que el Departamento de Justicia (DOJ) «buscará todos los recursos legales apropiados» si el estado de la Estrella Solitaria se niega a rescindir la Orden Ejecutiva GA-37, que calificó de «peligrosa e ilegal».
«En resumen, la orden es contraria a la ley federal y no puede ser aplicada», escribió Garland. «Yo le insto a rescindir inmediatamente la orden».
La carta del fiscal general surge un día después de que Abbott firmara la orden ejecutiva, que cita un aumento de los contagios del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) en Texas como argumento de la restricción.
«El dramático aumento de los cruces ilegales de la frontera también llevó a un aumento dramático de los casos de COVID-19 entre los migrantes ilegales que se han abierto camino en nuestro estado, por lo que debemos hacer más para proteger a los texanos de este virus y reducir la carga en nuestras comunidades», dijo Abbott, un republicano, en una declaración al emitir su orden el miércoles.
«Esta orden ejecutiva reducirá el riesgo de exposición a COVID-19 en nuestras comunidades», dijo.
La orden prohíbe a cualquier persona que no sea un funcionario federal, estatal o local transportar a los inmigrantes detenidos a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza por cruzar la frontera ilegalmente, siendo que están sujetos a la expulsión bajo la orden federal del Título 42.
Contraatacando a la carta de Garland, Abbott dijo en una declaración que la administración de Biden «fundamentalmente malinterpreta lo que realmente está sucediendo en la frontera entre Texas y México».
«La crisis actual en nuestra frontera sur, incluyendo el hacinamiento de las instalaciones de inmigración y la devastadora propagación de COVID-19 que la afluencia de no ciudadanos está causando, es enteramente una creación de la administración Biden y sus fallidas políticas de inmigración», añadió el gobernador.
«Es cada vez más una cuestión de grave preocupación para la salud pública, ya que los migrantes ilegales entran desde países con tasas de vacunación más bajas que las de Estados Unidos».
Los agentes de la Patrulla Fronteriza detienen en la frontera sur una media de 6300 inmigrantes ilegales al día. En Texas se encuentra el sector fronterizo más activo en cuanto a cruces ilegales. Los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 20,000 inmigrantes ilegales en una semana a fines de julio en el sector del Valle del Río Grande.
Los republicanos culpan a la reversión de las políticas de la era de Trump por parte de Biden, como responsables de alimentar el incremento de cruces en la frontera e insisten en que es una crisis, mientras que los miembros de la administración tratan de retratar el aumento de los cruces ilegales como un desafío, impulsado en parte por factores estacionales.
Con información de Charlotte Cuthbertson
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